EscucharNo voy a hablar de cocina ni de gourmet, y de chef, menos. Voy a plantear una salida intermedia a la larga y complicada controversia por la producción y el precio de este producto que, junto con los frijoles, es la base fundamental de la alimentación de los sectores populares y la clase media.
Sé que gran cantidad de economistas nacionales plantean que llegó la hora de liberalizar completamente esta actividad: producción, importación y precios. El economista Dennis Meléndez es quien más recientemente argumentó sólidamente, basado en varios estudios académicos, profesionales e institucionales serios.
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También sé que en el TLC Costa Rica se comprometió a liberalizar la actividad en el 2025 y la OCDE recomienda fuertemente ese paso, tomando en cuenta los resultados de algunos de esos estudios y los problemas que determinan gran impacto de los precios en el consumo de los pobres (que cada día y por un tiempo serán más), concentración de la producción e importación sin aranceles en pocas manos y pingües ganancias para ese grupo. Solidaridad inversa.
El argumento de los productores y sus representantes es que la fijación y el arancel crean empleo, y las tierras no tienen otro uso. Esto último no sé si es cierto.
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El potencial desempleo que se crearía —no muy significativo en términos nacionales, pero siempre doloroso, especialmente para quienes les toca— se compensa con los trabajos que surgirían de la importación, pero especialmente es de esperar que la baja en el costo de vida para los pobres, los aumentos de competitividad sistémica al aumentar las inversiones nacionales y extranjeras, y otros factores, también originen nuevas oportunidades laborales.
Dada la evidencia de que por los intereses económicos y la fuerza política de los opositores a la liberalización completa, que los pobres y sectores medios son los principales afectados o perdedores, y tienen poco poder de presión y negociación por su falta de organización como tales, y el gobierno cede ante al primer grupo, propongo que se eliminen los privilegios más groseros de los grandes miembros de Conarroz, es decir, que no sean ellos quienes decidan cuándo se ponen los aranceles para autorizar importaciones.
El producto de esos aranceles lo reciben ellos y lo distribuyen proporcionalmente a lo que producen. En palabras sencillas, muy inequitativamente.
Se afirma que siete u ocho productores acaparan las ganancias del negocio y los pagos por el arancel. El 90 % restante se reparte una proporción ínfima del dinero.
De adoptarse mi propuesta, sería un arreglo transitorio hasta el 2025. Podrían ser cientos de millones los que dejarían de regalarse a esos pocos productores. Con ese dinero, se subsidiaría a los consumidores por el adicional que pagarían debido al arancel, mientras este permanece.
Es una solución imperfecta, pero bastante mejor que el statu quo. Seguramente la combatirán ambos sectores, pero creo que destraba la cuestión y da algo de justicia durante los cuatro años y medio que faltan.
El autor es economista.
