Leonardo Morales Castro. 29 octubre, 2020

Decir que, además de la inequidad socioeconómica y carencias en la educación, el Estado hipertrofiado es la otra rémora para el progreso del país es una verdad de Perogrullo.

Durante la segunda administración Arias Sánchez el número de empleados públicos aumentó un 20 %. Tan solo en el 2010, de cada cuatro empleos creados en el país, tres fueron en el sector público (La Nación, 2/11/ 2011).

En plena crisis fiscal causada por la pandemia, el gobierno de Carlos Alvarado sigue el mismo derrotero: incorporó a la planilla estatal 4.000 cocineras para los comedores estudiantiles, que antes eran empleadas por las juntas de educación, es decir, del sector privado, aunque pagadas con fondos del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Una decisión incomprensible en cualquier situación, pero más aún en los tiempos que corren. El MEP tendría que haber contratado los servicios de alimentación mediante licitación pública con empresas privadas distribuidas en cada provincia, de acuerdo con la densidad de la población estudiantil en cada una de las regiones.

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¿Que tales empresas no existen? El poder de compra del Estado habría bastado para que se constituyeran. ¿Quién habría supervisado los contratos de las empresas? Empresas privadas a cargo de profesionales en administración y nutrición, contratados por el MEP, también mediante licitaciones públicas.

Los contratos se habrían otorgado por dos años, prorrogables por otros dos si los servicios resultaran satisfactorios. De paso se habría cortado de cuajo el suministro de alimentos —dicen que de menor calidad y más caros que en los supermercados de la zona— del Consejo Nacional de Producción (CNP), institución decimonónica, que perdió hace mucho su razón de ser.

Las empresas de catering, distribuidas a lo largo y ancho del país, habrían suministrado alimentación a la Fuerza Pública. Todas las partes habrían ganado y se habría evitado que le creciera una cabeza más a la hidra de siete cabezas.

El autor es ingeniero químico.