¿Qué le ha pasado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)? ¿Qué han hecho nuestros representantes a lo largo de los años?
Hace medio siglo, la CCSS tenía 4.500 empleados y Costa Rica, 1,8 millones de habitantes. Del 2006 al 2010, la planilla de la institución subió de 37.000 a 48.000. De las 11.000 plazas adicionales, solo 900 fueron ocupadas por médicos o enfermeras, el resto es personal administrativo.
Tal aumento de recursos humanos fue parte del Plan Escudo establecido en la administración Arias para resolver problemas de empleo generados por la crisis del 2008.
El costo promedio de cada empleado de la CCSS es ¢2,2 millones al mes. La planilla sería más abultada de no ser por la tercerización de servicios. Por ejemplo, los Ebáis.
Entre el 2014 y el 2017, los seguros privados de salud crecieron un 47 %. Así, las primas pagadas de enero a octubre del 2017 sumaron ¢83.075 millones, gasto de más que miles de costarricenses que cotizan a la CCSS deben efectuar.
Si miles no resolvieran sus dolencias y enfermedades en centros privados, los tiempos de espera para ser atendidos por especialistas o para una intervención quirúrgica serían aún más largos.
Sentimiento de pesar. Como costarricense, siento pena cuando se llevan a cabo actividades tan bondadosas y solidarias como la Teletón para recaudar fondos para el Hospital Nacional de Niños.
Los ¢500 millones recaudados por dicha organización, la CCSS los obtendría en un año con solo despedir 20 empleados de los 57.000 que reporta a la fecha. La Teletón debería dirigirse a sectores necesitados.
También da grima ver diputados tratando de cobrar más impuestos con destinos específicos para financiar un hospital del cáncer, como si la Caja no tuviera suficientes ingresos: ¢2,7 billones anuales solo para salud.
La autonomía e independencia para aumentar sus ingresos en forma unilateral ha llevado a la institución a no preocuparse por controlar el gasto, sino por aumentar ingresos a cualquier costo. Veamos algunos ejemplos.
Hasta diciembre del 2019, el salario mínimo de un trabajador no calificado rondaba los ¢265.000 al mes. La CCSS fijó un monto mínimo de cobro para los asegurados de casi ¢288.000, independientemente de si es jornada completa o parcial. La diferencia de ¢23.000 representa un pago de más para patronos y trabajadores de ¢8.100 mensuales. Elimina la jornada de medio tiempo, cuarto de tiempo, etc., y obliga al patrono a pagar las ocho horas, lo cual tiene como consecuencia la informalidad, pues el mínimo mensual permitido por la CCSS supera los ¢100.000 al mes.
A lo anterior, debemos agregar los riesgos del trabajo que cobra el INS, institución que acepta el reporte de jornada parcial cuando se trata de una servidora doméstica, nada más.
El aporte del trabajador ha pasado del 9 % al 10,5 % y se prevé un ajuste hasta llegar al 14,15 % del salario para el 2029.
Por una licencia por maternidad (cuatro meses) el patrono debe pagar el 50 % del salario y la CCSS, el resto. Pero el empleador debe cotizar el período de maternidad como tiempo completo, no como medio tiempo.
Dinero para pensiones. El aporte del 0,5 % al Banco Popular, por más de 50 años, le ha permitido ser hoy la entidad bancaria con el más grande patrimonio del país (¢703.000 millones). Es hora de trasladar el monto total de esa cotización al fondo de pensiones del trabajador.
El sábado 11 de octubre, La Nación informó de que no solo el fondo de pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte está en riesgo de caer en insolvencia. También el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), que recauda el 8 % del PIB, será insuficiente en unos siete años. Aunque, gracias a la puesta en práctica de la regla fiscal, tendrá oxígeno para cinco años más.
La CCSS nos da noticias para subirnos costos, pero no nos dice nada sobre bajarlos. Su modelo de recaudación y el monto tienen a la alta administración y a la Junta Directiva en la zona de confort.
Un banco público en competencia consiguió renegociar la convención colectiva y reducir la planilla, entre el 2016 y el 2017, en un 11 %, con lo cual quedó en evidencia que sobraba gente.
La CCSS, con la garantía de ingresos y en un régimen sin competencia, debe hacer un esfuerzo igual al de dicho banco. Pero no se vislumbran medidas para reducir el gasto y mejorar la eficiencia.
Nueva hoja de ruta. Los directivos que representaron a trabajadores y patronos en estos 50 años quedaron debiendo. Los actuales deberían corregir lo que hicieron sus predecesores.
Hace como seis años, en una conversación con una futura presidenta ejecutiva de la CCSS, me dijo: ¿Quién se puede pelear con los ocho o nueve sindicatos que hay en la Caja?
La intransigencia de los gremios y su oposición a adaptarse a la realidad económica y social evidencian quiénes mandan.
Espero que estemos a tiempo de recuperar lo que empleados y patronos pagan, si no, les tocará a estos ir a poner orden en la casa.
El autor es exdiputado.