Ernesto Jinesta. 14 junio

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en su Título I, reforma el impuesto general de ventas, pero no lo deroga tácita ni implícitamente.

Los impuestos de ventas y sobre el valor agregado comparten varios elementos comunes, como que son tributos indirectos y gravan el consumo. El segundo lo que hace es ampliar la base sobre toda adquisición de bienes o servicios en sus distintas etapas: producción, distribución, comercialización y venta.

Cuando se da por un hecho que un tributo ha sido “tácitamente derogado”, podría entenderse, incorrectamente, que las exenciones también han sido eliminadas. Aquí es donde radica el quid del problema fundamental al tratar de dilucidar si el impuesto de ventas fue “tácitamente derogado” o sustituido por el impuesto sobre el valor agregado.

Desde una perspectiva de las políticas públicas de fomento, no resulta válido afirmar que unas exoneraciones duramente negociadas políticamente, que supusieron un serio y significativo desgaste y que, finalmente, se concretaron en una reforma o modificación legislativa, han sido derogadas tácitamente.

No puede existir una postura tan cómoda y fácil. Las exenciones se inscriben dentro del contexto de las políticas fiscales de fomento de cierto tipo de actividades, sectores y personas, en aras del principio de subsidiariedad, consustancial al Estado constitucional de derecho, a partir del cual el aparato público no puede hacerlo todo.

Las exenciones, ordinariamente, obedecen a razones de interés público, de ahí que se requiera de una ley que las establezca de manera expresa o que las derogue.

En el derecho tributario, en el cual rigen los principios de legalidad y de reserva de ley, como casi en ningún otro ámbito jurídico, las interpretaciones analógicas, extensivas y tácitas no son admisibles.

El principio de reserva de ley rige no solo para establecer tributos, sino también, a contrario sensu, para disponer las exenciones. Por aplicación del principio del derecho público del paralelismo de las competencias, así como se precisa de una ley para establecer un tributo o una exención tributaria, se requiere de otra para derogar uno u otro.

El principio de reserva de ley es consustancial al Estado constitucional de derecho, tanto que fue el detonador y piedra angular de una de las revoluciones políticas más emblemáticas como la estadounidense, según el principio sostenido por las trece colonias frente al imperio inglés, de que “no hay tributación sin representación”.

Entender que hubo una derogación tácita del impuesto general de ventas al entrar en vigor el impuesto sobre el valor agregado plantea una cuestión jurídico-constitucional de primer orden que no puede ser soslayada.

Una forma de superar este confuso panorama sería la emisión, por la Asamblea, de una interpretación auténtica que aclare, de manera definitiva, si lo que se produjo fue una reforma integral del impuesto general de ventas, de modo que, en toda ley precedente que hace referencia a este impuesto, en adelante, debe entenderse que alude al “impuesto sobre el valor agregado”.

Por lo anterior, no se violaría el principio de reserva de ley en materia de derogación de las exoneraciones del impuesto de ventas, y deberían entenderse dispuestas para el impuesto sobre el valor agregado en lo razonablemente aplicable.

Abogado.