Silvia Hernández Sánchez. Hace 3 días

Hay un tema central, ampliamente diagnosticado y más recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que condiciona nuestro futuro para alcanzar el desarrollo: la informalidad laboral.

Más de un millón de personas no tiene ningún tipo de garantía sobre su futuro laboral. A diferencia del resto de la región latinoamericana, la alta tasa de informalidad en Costa Rica ha incrementado en los últimos años, mientras que la participación laboral ha disminuido.

Acelerar o estancarnos. En el marco de una anunciada recesión, nos corresponde prepararnos como país y promover la formalización de trabajadores, que hoy ascienden a más de un millón de costarricenses, número que continúa creciendo y cuyas consecuencias afectan sus hogares y familias.

La tasa de desempleo junto a la informalidad ha ocasionado que los niveles de igualdad empeoren. La población con menor capacidad de adaptarse a los cambios estructurales es la más afectada, incluidos aquellos con bajos niveles de educación y los jóvenes.

Las reformas en el modelo de desarrollo implican mayor conexión con los mercados internacionales por medio de la globalización y la tecnología, y obliga a innovar y adaptarse.

En los últimos años, no ha existido una agenda articulada que promueva la creación de empleo de calidad, solamente políticas aisladas que, a final de cuentas, no han mostrado resultados trascendentales.

Por ejemplo, la política pública llamada Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal, vigente desde febrero del 2018, aún no manifiesta frutos concretos y su meta es poco ambiciosa frente al escenario económico. Asimismo, no se detallan equipos de trabajo responsables, plazos, ni métricas de evaluación para dar cuentas de los avances.

Según la OCDE, en su estudio más reciente sobre la economía de Costa Rica, existen al menos cinco causas sobre las cuales se debe avanzar para mejorar la formalidad, entre ellas, dos claves sobre las que se han vertido muchos esfuerzos y con muy pocos resultados.

El fin del trámite eterno. La primera es abordar el exceso de regulaciones y trámites que ahogan a inversionistas, micro, pequeñas y medianas empresas que buscan formalizarse. El Gobierno Central gestiona 1.614 trámites, principalmente de manera presencial. Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018, evidencia que efectuar un solo trámite en Costa Rica toma en promedio 3,1 horas.

Simplificar el sistema de licencias y permisos a través de una ventanilla única local y en la nube, para obtener información, emitir y aceptar notificaciones y licencias, vía Internet, podría constituirse en un aliciente esencial para quienes aspiran a formalizarse.

Actualmente, una pyme debe pasar por doce estaciones, según el Manual para Personas Emprendedoras del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Doce pasos que involucran a distintas instituciones, seis de esas estaciones son obligatorias, y cada una tiene sus propios plazos de resolución, así como sus costos. ¿Por qué no nos proponemos tener una sola ventanilla y con sistemas de información integrados?

Reducir costos laborales no salariales. Bajar costos de formalización en materia de seguridad social es otra medida a considerar. Es momento de asumir la discusión sobre el aseguramiento por horas efectivamente laboradas, que no solo funcione para poblaciones vulnerables, como se ha venido trabajando con los recolectores de café o trabajadoras domésticas.

A estos dos temas hay que incluir al menos una veintena de medidas más que deben emprenderse desde el Poder Ejecutivo, con miras a cumplir con la transición hacia la formalidad y que propone la OCDE para ser desarrolladas.

Hacer un esfuerzo extraordinario para lograr el cambio no debería ser imposible, ni una tarea pendiente más de una lista de necesidades que nunca se alcanzan.

Es clave mitigar la vulnerabilidad de más de un millón de personas en momentos muy críticos de nuestra economía. Por nuestro futuro y el de las nuevas generaciones.

La autora es diputada.