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Artículos, entrevistas y editoriales recientes en La Nación han señalado los retos significativos del sector agropecuario. En este artículo, reafirmo uno de los temas aludidos: la necesidad urgente de una concertación y visión de futuro.
El largo plazo
El concepto tradicional de agricultura ha evolucionado hacia sistemas agroalimentarios, lo que implica que se deben considerar los vínculos, interacciones e impactos pre y posproducción. En este contexto, no resulta prudente el diseño de estrategias de cuatro años (ciclos de gobierno) para un sector que requiere políticas predecibles y acciones e inversiones concretas en el largo plazo.
Los componentes principales
El desarrollo de políticas, infraestructura, inversiones, negociación de mercados y consideración de impactos ambientales requiere una segmentación que enfoque las características particulares de cada sistema productivo. En pocas palabras, no mezclemos naranjas y manzanas.
En el país coexisten en tiempo y espacio sistemas contrastantes, por ejemplo:
- Agricultura intensiva: palma, piña, melón, aves, otros.
- Agricultura tradicional de exportación: café, caña, ganadería, banano.
- Agricultura familiar: frutas, hortalizas, raíces, especias.
- Granos básicos: arroz, maíz, frijol (tema de un intenso debate nacional).
- Agricultura de ambientes protegidos: hortalizas, ornamentales.
- Agricultura de nichos: orgánica, periurbana, regenerativa.
Todos los sistemas productivos indicados, pero dos en particular, requieren un cuidadoso análisis en el largo plazo (¿10 años?), dado el fuerte impacto que tienen en la salud y el ambiente.
El primero es la agricultura familiar, la cual, con base en estimaciones regionales, provee cerca del 80% de los alimentos que consumimos diariamente y reviste importancia crítica en nutrición, salud y empleo.
El segundo es la agricultura industrial, la cual, como lo señalan algunos informes (PNUD, 2020), muestra una alta productividad y desempeño, pero también externalidades negativas considerables, en particular ambientales y de salud.
¿Tecnología para todo y para todos?
La tecnología no es neutra y requiere condiciones habilitantes. Para un pequeño productor que cultiva media hectárea con una mezcla de cuatro o cinco cultivos en una ladera, un dron como herramienta básica de trabajo posiblemente le sería de poca utilidad.
Un ejemplo que viví de cerca, trabajando para el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID, Canadá) en los años 80, en los Andes altos de Perú y Bolivia, ilustra el caso.
El CIID apoyó proyectos de mejoramiento genético de la quinoa, los cuales resultaron en variedades dulces de muy alta productividad y calidad nutricional. Esto, sin embargo, no condujo a un cambio importante ni para productores ni para consumidores. El cambio se dio posteriormente cuando chefs de muy alto nivel en Lima (condiciones habilitantes) adoptaron la quinoa por su calidad y versatilidad gastronómica y la proyectaron al mundo.
Debilidades versus capacidades
En la literatura y foros diversos, se ha hecho énfasis en las debilidades del sector productivo: infraestructura, políticas, pérdida de empleos, aranceles, desarrollo tecnológico insuficiente, escasas inversiones en ciencia y desarrollo de mercados, etcétera. Sin embargo, no se ha realizado ni mantenido un inventario de fortalezas y capacidades, las cuales sí existen y merecen ser reconocidas y catalogadas.
Si el país –solamente como ejemplo– tiene una capacidad reconocida en bioinsumos, este hecho debería permitir establecer convenios y nuevos emprendimientos con empresas nacionales y centros de excelencia internacionales, lo cual fortalece la posibilidad de agregar valor al conocimiento y a la bioeconomía nacional.
Un inventario nacional de capacidades –tanto públicas como privadas– resultaría esencial para el desarrollo de nuevos emprendimientos para, en particular, una nueva generación de productores jóvenes.
¿Nuevas oportunidades?
Las nuevas oportunidades se pueden ilustrar con otro ejemplo de Perú. El país ha desarrollado una agricultura de avanzada en el desierto de su costa pacífica, utilizando irrigación proveniente del deshielo de los Andes, la cual, desde el punto de vista económico, ha tenido un impacto sorprendente.
Un informe reciente del BID (2025) indica que Perú pasó de exportar $748 millones de productos agropecuarios en 2002 a $12.300 millones en 2024. Ahora ese sector representa el 6% del PIB y el 25% del empleo. Las condiciones habilitantes incluyeron infraestructura de riego, de carreteras y puertos.
Nuestro país no tiene estas condiciones, pero sí ha logrado un buen posicionamiento en rubros como el café. ¿Existirán nuevas oportunidades de valor agregado con el maíz morado, el pejibaye, el cas, la jícama o el jocote?
Una concertación necesaria
Costa Rica, además de fortalezas en ciencia y tecnología, cuenta también con fortalezas institucionales que permitirían desarrollar un ejercicio de escenarios y concertación de largo plazo que evolucione hacia una política de Estado.
Además del sector público, el país tiene capacidades significativas en las cámaras y asociaciones de productores, universidades públicas y privadas, y organismos internacionales reconocidos como el IICA y el Catie. Un ejercicio como este debe responder a los cambios profundos del momento y considerar las nuevas demandas de mercados internacionales. ¿Será posible?
nmateov@gmail.com
Nicolás Mateo es consultor en Investigación y Desarrollo Agrícola.
