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La disputa comercial con nuestros amigos panameños y la posible aprobación en primer debate del proyecto de armonización del sistema eléctrico costarricense han puesto sobre la mesa de discusión nacional la materia energética, con especial énfasis en la electricidad. Abordar en palabras sencillas un tema tan técnico resulta retador.
Durante muchas décadas, Costa Rica se ha vanagloriado –con justa razón– del modelo eléctrico desarrollado por nuestros abuelos sustentado en energías renovables. Sin embargo, el avance en la atracción de inversión de alta tecnología, servicios y manufactura especializada ha dejado en evidencia la urgente necesidad de modernizar el sistema eléctrico nacional, pues hoy no resulta competitivo ni en precios ni en calidad.
Esto se refleja claramente en la encuesta de perspectivas empresariales y valoración de factores de competitividad del sector industrial elaborada por la Cámara de Industrias de Costa Rica, donde el costo de la energía eléctrica aparece entre las principales barreras para la competitividad. Lo mismo ha señalado reiteradamente Cinde.
A pesar de ello, Costa Rica continúa siendo uno de los mayores exportadores de energía en el mercado centroamericano, aunque mantiene una alta inestabilidad de abastecimiento debido a los fenómenos hidroclimáticos, lo que la obliga a depender de combustibles fósiles para operar plantas térmicas.
Este contexto evidencia la necesidad urgente de modernizar el sistema eléctrico y de establecer un modelo de planificación energética nacional que potencie nuestros recursos renovables. No obstante, dicha transformación requiere también de una energía de transición, como podría ser el gas natural.
En este campo, Panamá ha tomado la delantera mediante la construcción de dos megaplantas con capacidad de producción superior a los 900 MW, lo que les ha permitido abaratar significativamente sus costos. Ahí es donde ese país se vuelve estratégico para el abastecimiento energético de Costa Rica durante temporadas de condiciones climáticas desfavorables.
Cabe recordar, además, que el ICE invertirá $400 millones en la construcción de una planta térmica en Moín. Lo más rentable sería operarla con gas natural que podría adquirirse a nuestros vecinos panameños, gracias a las facilidades logísticas y a la histórica estabilidad de nuestras relaciones políticas. Eso, al menos hasta hace unos pocos días.
Pero esta es apenas una parte de la enorme tarea que afronta el país para mejorar su sistema eléctrico. Desde hace cuatro años se discute el proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, iniciativa que busca modernizar y ordenar el sector.
El proyecto pretende mejorar las condiciones de competitividad y ampliar el acceso a energías renovables, pero, sobre todo, facilitar la participación de Costa Rica en un mercado global basado en innovación y valor agregado.
Entre los principales alcances del proyecto destacan:
- Abrir parcialmente la generación eléctrica privada, con énfasis en energías renovables. Se establece la posibilidad de que actores privados produzcan electricidad y puedan comercializarla o exportarla una vez abastecida la demanda nacional. Un principio básico de mercado señala que, a mayor cantidad de actores, mayor posibilidad de reducción de precios.
- Crear un mercado de subastas de energía eléctrica. La iniciativa contempla un sistema de oferta y demanda al menor costo posible, mediante la participación de más actores, lo que podría permitir a la población acceder a tarifas más bajas.
- Establecer un modelo de planificación y monitoreo del sistema eléctrico nacional, con una visión de futuro que permita enfrentar realidades geopolíticas y distintas coyunturas internacionales.
- Crear la figura del Ecosén (Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional), responsable de los procesos de subasta, operación y planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), convirtiendo el tema eléctrico en un eje estratégico del desarrollo nacional.
- Mantener en manos del Estado, a través del ICE, las líneas de transmisión eléctrica, lo que garantiza el abastecimiento y la cobertura nacional bajo el principio de solidaridad universal.
- Permitir el establecimiento de tarifas de largo plazo para grandes consumidores, de manera que los inversionistas privados tengan mayor certeza sobre sus costos futuros de operación.
En síntesis, el proyecto plantea una apertura parcial del mercado en la generación eléctrica, mantiene el monopolio estatal sobre la transmisión y establece un periodo de transición de ocho años mediante el sistema de subastas, para que el ICE se prepare e incorpore a un mercado en competencia.
Por lo tanto, hablar de apagones a raíz de este proyecto no parece ajustarse a la realidad. Más bien, podría fortalecerse la autonomía energética del país, ya que una mayor cantidad de actores generando electricidad ampliaría la disponibilidad del servicio.
Además, es importante aclarar que el proyecto otorga exclusividad al ICE como único operador autorizado para construir plantas térmicas y geotérmicas. En consecuencia, las alternativas para el sector privado se limitarían a la operación de plantas basadas en fuentes renovables ya exploradas, como la solar, la eólica y, en menor medida, la hídrica, debido a su complejidad ambiental.
Bajo este contexto, quienes hablan de apagones y aumentos tarifarios lo hacen, principalmente, desde una perspectiva ideológica que rechaza la participación privada en un modelo que urge modernizar. No lo hacen desde una visión pragmática y de país, orientada a ordenar, planificar y desarrollar el sistema eléctrico costarricense.
Este momento coyuntural exige abandonar posiciones ideológicas rígidas y acercarnos a una discusión seria que permita tomar las mejores decisiones para el país.
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Kattia Cambronero Aguiluz es exdiputada de la República.
