El proyecto de ley para reformar el sistema eléctrico nacional fue convocado por la presidenta Laura Fernández, durante el periodo de sesiones extraordinarias. Si bien este acto supone un espaldarazo para que el expediente 23.414 avance, las fracciones de oposición reaccionan con cautela y críticas a la inciativa.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, señaló que su bancada se encuentra estudiando el texto presentado por la administración Chaves Robles, “a fondo”.
“Estamos de acuerdo en que tenemos que avanzar”, afirmó. Según explicó, el proyecto difícilmente sufrirá modificaciones sustanciales en la legislación actual, pero podría complementarse con otras iniciativas paralelas.
“Se necesitan algunas acciones complementarias (…) eventualmente abrir la posibilidad de una agenda complementaria”, indicó. Para el liberacionista, el desafío de fondo es estructural: Costa Rica necesita “más energía, energía verde y barata”, así como diseñar el mecanismo adecuado para lograrlo.
Desde la fracción unipersonal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la diputada Abril Gordienko expresó una posición similar de apoyo en principio, pero con reservas importantes sobre el contenido del proyecto.
“Yo estoy en principio de acuerdo”, afirmó, aunque advirtió que el texto presenta “varios defectos importantes” que deben ser corregidos antes de su entrada en vigencia. Planteó la necesidad de replicar esquemas utilizados en otras discusiones legislativas, como el de alianzas público-privadas, para introducir ajustes que permitan mejorar la propuesta sin frenar su avance.
Una postura más matizada es la de Claudia Dobles, diputada de la fracción unipersonal de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien subrayó la complejidad técnica del proyecto y la necesidad de un análisis cuidadoso. “Es un proyecto complejo”, señaló, al tiempo que reconoció que contiene elementos “interesantes”, pero también “grandes oportunidades de mejorar”.
Dobles enmarcó el debate en un reto país: cómo garantizar el suministro energético ante una demanda creciente sin sacrificar la asequibilidad. “Lo que sí tenemos clarísimo es que Costa Rica tiene grandes retos de cómo vamos a poder suministrar energía (…) y al mismo tiempo garantizar que esa energía sea a un costo accesible”, afirmó, enfatizando tanto el impacto en los hogares como en la competitividad del sector productivo.
En contraste, el rechazo más contundente proviene del Frente Amplio (FA). Su jefe de fracción, José María Villalta, advirtió que el proyecto, tal como está planteado, no solo no resuelve los problemas actuales, sino que podría agravarlos.
A su juicio, la iniciativa “va a hacer mucho más grandes los problemas que tenemos hoy” y pone en riesgo la seguridad energética del país. Villalta alertó que la propuesta rompe con el modelo de planificación centralizada que, según sostuvo, ha evitado apagones en Costa Rica, y abre la puerta a escenarios como los de “otros países hermanos” donde sí se registran fallas en el suministro.
Además, cuestionó el impacto económico de la reforma, al asegurar que “inevitablemente encarecería las tarifas” y derivaría en “tarifazos” que se traducirían en un aumento de los recibos eléctricos residenciales. “Así como está no debe aprobarse”, concluyó.
Así operaría el nuevo mercado eléctrico
El proyecto plantea una transformación estructural del modelo actual, al crear un mercado eléctrico nacional donde múltiples actores —públicos y privados— podrán comprar y vender energía bajo reglas de competencia regulada.
La iniciativa introduce nuevos entes, redefine el rol del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y establece un sistema donde la planificación estatal convive con decisiones de mercado.
Un mercado eléctrico con múltiples actores
El corazón de la reforma es la creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN), concebido como un espacio donde distintos agentes podrán transar energía, potencia y servicios asociados.
En este mercado participarían:
- Generadores (públicos, privados o mixtos)
- Distribuidores
- Comercializadores (intermediarios de compra y venta)
- Grandes consumidores
- Nuevos actores como los agregadores de demanda
El sistema operaría en varios niveles:
- Mercado mayorista (MEM): contratos de mediano y largo plazo entre agentes
- Mercado de ocasión (MON): transacciones diarias según oferta y demanda
- Mercados complementarios: servicios auxiliares, capacidad y desvíos
La lógica es que la energía se asigne mediante un despacho económico, es decir, priorizando las fuentes más eficientes en costo para abastecer la demanda.
Nuevo actor: el Ecosen
El proyecto crea una de sus principales figuras institucionales: el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen).
Se trata de una institución autónoma con independencia técnica, que asumiría funciones clave:
- Operar el sistema eléctrico nacional
- Administrar el mercado eléctrico
- Planificar la expansión de generación y transmisión
- Coordinar el despacho de energía
- Representar al país en el mercado eléctrico regional
A diferencia del esquema actual —donde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) concentra funciones operativas clave—, el Ecosen se configura como un órgano independiente, encargado de garantizar que el sistema funcione de manera coordinada, eficiente y competitiva.
¿Para qué sirve el Ecosen?
Será el operador del sistema eléctrico nacional y del mercado eléctrico. Esto implica que su rol es principalmente técnico, no político ni comercial.
Sus funciones centrales incluyen:
- Coordinar la operación en tiempo real del sistema eléctrico.
- Determinar qué plantas generan electricidad y en qué momento (despacho).
- Garantizar la seguridad, continuidad y calidad del suministro.
- Administrar las transacciones del mercado eléctrico.
- Planificar la expansión del sistema en el largo plazo.
En términos simples: decide cómo se produce y se mueve la electricidad en el país, asegurando que la oferta y la demanda estén equilibradas al menor costo posible.
¿Cómo funcionaría el Ecosen?
Su funcionamiento se basa en un principio clave: despacho económico centralizado.
Esto significa que:
- Todas las plantas generadoras (públicas y privadas) ofrecen su energía.
- Ecosen ordena su uso según criterios técnicos y de costo.
- Se prioriza la energía más barata y eficiente disponible en cada momento.
Además, el ente:
- Recibe información en tiempo real de todo el sistema.
- Calcula precios del mercado eléctrico.
- Coordina la operación de redes de transmisión.
La Junta Directiva de Ecosen
El proyecto establece que Ecosen contará con una junta directiva con la siguiente integración:
- Una persona de la dirección de Transmisión del ICE.
- Un representante de la dirección de Energía del Minae.
- Un delegado de las empresas distribuidoras, cooperativas y municipales de electrificación. rural, de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET).
- Un vocero de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
- Una persona designada por la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
¿Qué hace la Junta Directiva?
La junta no opera el sistema directamente (eso lo hace el equipo técnico), pero sí:
- Define lineamientos estratégicos.
- Aprueba normas operativas del mercado.
- Supervisa el desempeño de Ecosen.
- Garantiza cumplimiento de objetivos de eficiencia y confiabilidad.
Relación con el mercado eléctrico
Ecosen está íntimamente ligado al nuevo mercado eléctrico mayorista, ya que:
- Es el administrador del mercado.
- Calcula precios de la energía.
- Liquida las transacciones entre generadores, distribuidores y grandes consumidores.
Esto significa que:
- No compra ni vende electricidad.
- Pero sí define las condiciones bajo las cuales ocurre el intercambio.
¿Cómo se diferencia del ICE?
Con la creación de ECOSEN, el ICE pierde el control exclusivo de la operación del sistema.
Antes:
- El ICE generaba, transmitía, distribuía y operaba el sistema.
Ahora:
- El ICE pasa a ser un actor más del mercado (principal, pero no único).
- ECOSEN asume la coordinación técnica independiente.
Supervisión y control del Ecosen
Aunque Ecosen es independiente, no opera sin control.
La propuesta establece que:
- Será supervisado por el ente regulador (ARESEP u otro definido).
- Estará sujeto a normas de transparencia y rendición de cuentas.
- Sus decisiones pueden ser fiscalizadas para evitar abusos o errores.
Rectoría, regulación y fiscalización
El sistema propuesto distribuye funciones entre tres actores principales:
- Ministerio de Ambiente y Energía (Minae): mantiene la rectoría política. Define la política energética, otorga concesiones y establece planes de largo plazo.
- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep): actúa como regulador. Fija reglas tarifarias, supervisa el cumplimiento técnico y aprueba instrumentos como el plan de expansión.
- Ecosen: ejecuta la operación técnica y administra el mercado.
La supervisión, en este esquema, recae principalmente en la Aresep, que vigila el cumplimiento de normas y condiciones del mercado, mientras el Minae define el rumbo estratégico.
Planificación estatal, pero inversión abierta
El sistema funcionaría con dos niveles:
- Planificación indicativa (Minae): define metas y necesidades de largo plazo
- Plan de expansión (Ecosen): identifica requerimientos concretos de generación y transmisión
Sin embargo, los proyectos específicos no los define el Estado, sino que los agentes compiten para desarrollarlos, principalmente mediante:
- Subastas de capacidad
- Participación en mercados de contratos o de ocasión
¿Qué pasa con el ICE?
El ICE no desaparece, pero su rol cambia.
Seguiría siendo un actor clave, especialmente en:
- Transmisión eléctrica, que se mantiene como monopolio natural a su cargo
- Generación eléctrica, compitiendo con otros agentes
Además, en casos excepcionales —como la necesidad de plantas con fuentes no renovables— el ICE tendría prioridad para desarrollarlas, aunque podría delegarse si no puede ejecutarlas.
En la práctica, el ICE pasaría de ser el eje dominante del sistema a un competidor más dentro del mercado, aunque con funciones estratégicas.