La política de mano dura viene de la teoría de la ventana rota creada por los criminólogos norteamericanos Wilson y Kelling en 1982, que dio lugar al enfoque de tolerancia cero. La teoría se aplicó por primera vez a mediados de los años 80 en el metro de Nueva York, que se había convertido en el punto más peligroso de la ciudad. En 1994, el alcalde Rudolph Giuliani, basado en la teoría y la experiencia del metro, impulsó el enfoque de tolerancia cero. El resultado fue la reducción de todos los índices de criminalidad de Nueva York, lo que le dio fama mundial.
La expresión tolerancia cero parece una especie de solución autoritaria y represiva, pero su concepto principal es más bien la prevención y promoción de condiciones sociales de seguridad. No se trata de linchar al delincuente ni de la prepotencia de la policía. De hecho, debe aplicarse la tolerancia cero respecto a los abusos de la autoridad. No es tolerancia cero frente a la persona que comete el delito, sino frente al delito mismo.
Si realmente se desea terminar con la violencia y la criminalidad, se deberían invertir los objetivos y proponer tolerancia cero para los factores que potencian la posibilidad de iniciar carreras criminales. Pero siempre es más fácil comprar más vehículos policiales, firmar leyes más castigadoras, construir más cárceles; es decir, populismo punitivo.
En América Latina, la mano dura empezó a implementarse a principios del siglo XXI, en México y en Colombia, con lo que Estados Unidos llamó la “guerra contra las drogas”, a través del Plan Mérida y el Plan Colombia. En Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala tuvieron sus propias versiones; en particular, El Salvador con sus programas de mano dura o “superdura” dirigidos al combate contra las llamadas pandillas o maras, fenómeno que es completamente distinto al del crimen organizado transnacional que se observa en la actualidad.
Hoy día prevalece un consenso mayoritario de que dichas estrategias fueron un fracaso total en la lucha contra el crimen, que la desbordada situación actual de la criminalidad transnacional en el hemisferio confirma fehacientemente.
El general Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia que participó en el desmantelamiento de los carteles de Medellín y de Cali, opina que hay que alejarnos de la narrativa simplista sobre el crimen organizado e ir más allá del cliché de la política de mano dura. La mano dura, señala, no resuelve el problema y conduce a violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, en el contexto actual, con la administración Trump promoviendo la militarización y la represión para el combate al crimen con iniciativas como el Escudo de las Américas, se exacerban las tentaciones de la mano dura en los nuevos gobiernos de derecha de Chile, Ecuador, Colombia, Honduras, Perú y Costa Rica, donde el chavismo está también deslumbrado, con propósitos electorales, con el mito de la mano dura.
El 21 de julio, Human Rights Watch presentó el informe Una alianza peligrosa. Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador. Juanita Goebertus, directora para las Américas, dijo que la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos. Ambos gobiernos han profundizado la cooperación en seguridad con el objetivo de responder a la violencia y combatir el crimen en la región, utilizando estrategias de “mano de hierro”, como se le llama también.
El jurista italiano Luigi Ferrajoli, máximo referente mundial del garantismo, considera que la mano dura es pura demagogia frente a la criminalidad. No sirve de nada; es un medio fácil de adquisición de consenso, sostiene. A lo largo de su carrera, Ferrajoli combinó el estudio científico del derecho con una preocupación constante por la realidad y por el respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos, fin último y razón de ser de la democracia.
A juicio de Ferrajoli, frente a la delincuencia la respuesta no puede ser penal sino social. De lo contrario, existe una relación directa entre exclusión social y criminalidad. Según el profesor, el populismo penal es uno de los principales peligros para los derechos fundamentales porque es una política fácil que refuerza el miedo y la ilusión de eliminar la delincuencia –sobre todo de los pobres– mediante aumentos de las penas, las cuales no tienen ningún efecto sobre las causas sociales de la criminalidad, porque para combatirlas se requieren políticas sociales, no penales.
El crimen organizado es una empresa que tiene una estratificación clasista; recluta sobre todo a pobres. Por ese motivo, es necesaria una complementariedad entre políticas de seguridad y sociales. Solamente una verdadera seguridad social puede garantizar un buen nivel de seguridad pública, afirma el jurista. El derecho penal mínimo requiere un estatus social máximo.
El imperativo ético y humanista es fortalecer los Estados para derrotar el crimen organizado sin sacrificar la democracia, el Estado de derecho, los derechos fundamentales y la soberanía nacional.
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Cecilia Cortés es politóloga e internacionalista.
