EscucharYo creo en Costa Rica. Creo que los costarricenses siempre apoyaremos a nuestros adultos mayores que han forjado este país, desde la visión de Calderón Guardia, monseñor Sanabria, Manuel Mora y Figueres Ferrer. Creo en el pacto social costarricense, donde los empresarios tienen estabilidad para generar riqueza y todos contribuimos a una fuerza laboral protegida en su salud y su vejez. El motor de este pacto es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por ello, rechazo categóricamente lo expuesto por el doctor Édgar Robles en su artículo “La quiebra de las pensiones” ( La Nación, 12/1/2017).
Un régimen de pensiones como el de la Caja puede seguir funcionando cuando se extingue su reserva de capital, porque sigue recibiendo ingresos de parte de los trabajadores y los empresarios. La única forma de que un régimen como el de la Caja quiebre es porque el país y su fuerza laboral perdieron la capacidad económica para dar soporte a las pensiones prometidas. En otras palabras, la Caja solo quiebra si el país quiebra.
Un debate nacional sería este: cómo los retos globales como cambio climático y automatización –especialmente inteligencia artificial– pueden causar dificultades en la capacidad del sistema productivo costarricense para sustentar el pacto social. Ese no es el debate que propone don Édgar. Se concentra, morbosamente, en el pasado comportamiento de los funcionarios de la CCSS y en la incierta extinción de la reserva, como si eso implicara que se acaban las pensiones. La reserva y sus intereses son una fuente secundaria de ingresos para las pensiones. La fuente primaria son las contribuciones. Mientras estas existan, las pensiones existen.
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Es importante que la población sepa que el estudio actuarial de Melinsky se contrató y se suspendió bajo la gestión de don Édgar, porque fue cuestionado en sus bases técnicas por la CCSS, la UCR y la propia Superintendencia de Pensiones (Supén).
Cuando asumí la Superintendencia de Pensiones, en junio del 2015, me encontré con un estudio que llevaba suspendido seis meses y con incumplimientos contractuales formales. Mi decisión, tras consultar con los técnicos de la Supén, es que era imposible aceptar este documento como base para el diálogo nacional que requerimos en pensiones.
La otra decisión, apoyada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), fue reconstruir con diálogo la relación de la Supén con la Caja y con el Poder Judicial, entre otros. Debo decir que durante mi gestión, de la presidencia ejecutiva y la gerencia de pensiones de la Caja he visto una política de ejecutar todos los planes que se han planteado. Esto incluye el nuevo estudio actuarial de la UCR, entregado en diciembre del 2016, el cual la Supén acompañó técnicamente y que todas las partes aceptamos como base de la discusión de ajustes futuros al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Don Édgar está en contra del informe de la UCR. No acepta ninguna de las propuestas que plantean los actuarios, propuestas que, por supuesto, deberán ser discutidas ampliamente para llegar a un consenso social de los ajustes requeridos en aporte, edad y beneficios. Ninguno de estos ajustes será extremo y todos serán graduales.
En el acompañamiento que la Supén ha hecho de la Caja en el último año y medio, se han tomado medidas, como eliminar las pensiones anticipadas con castigo y subir la cotización total del 8,5% al 10,16%. En cualquier país del mundo estas serían consideradas medidas sustantivas. Son congruentes con todos los estudios actuariales de los que disponemos. Pero para el doctor Robles es dilación todo, salvo ponerle un candado a la CCSS.
Podrá sorprender a quienes insisten en que en Costa Rica no se toman decisiones, pero en los últimos veinte años se han hecho cambios muy importantes en el sistema de pensiones: pasamos de contribuir únicamente 7,5% en total al IVM, lo cual era claramente insuficiente, a que contribuiremos 14,41% a partir de junio del 2017, cuando sumemos 10,16% del IVM y el 4,25% de las pensiones complementarias obligatorias.
Hace treinta años éramos una sociedad donde los diputados se llevaban una pensión para la que no habían cotizado, mientras que les quitábamos la pensión a las jóvenes viudas con niños pequeños, que querían trabajar.
Hoy, las viudas y los viudos que trabajan conservan su pensión y los diputados han hecho enormes esfuerzos por reducir los privilegios del pasado, con el apoyo del Poder Ejecutivo. En los últimos meses, estos vientos de cambio han llegado al Poder Judicial, que ha aceptado que se deben hacer ajustes a su régimen.
Como se ve, Costa Rica permanentemente está tomando decisiones sobre su sistema de pensiones. Eso es lo normal en una democracia madura. ¿Se cometieron errores en el pasado? Pues los corregiremos. Una de las propuestas más importantes de la Caja es elaborar revisiones del régimen cada cinco años y realizar los ajustes correspondientes.
Esto será garantía de sostenibilidad, no el estar creando una nueva institución de pensiones, cuando el signo de los tiempos es consolidar y mejorar las instituciones que ya tenemos.
Decía mi bisabuelo, que Costa Rica era el país más civilizado del mundo. Para él, que había vivido los horrores de la Primera Guerra Mundial peleando para su Hungría natal, la enorme capacidad del costarricense de convivir y dialogar le resultaba admirable.
En ocasiones, dialogar puede frustrar a los que ideológicamente quieren imponer su visión. Pero solo será el diálogo la base de normas sociales que perduran.
Solo será el diálogo el que sustente un sistema de pensiones que le garantice una vejez digna a todos los costarricenses. La Supén, bajo mi gestión, siempre acompañará a todos quienes deseen este objetivo.
Álvaro Ramos Chaves
Superintendente de Pensiones
