En nombre de la solidaridad, los trabajadores costarricenses aportan varias veces más de lo que creen para sus propias pensiones y las de otros. Tal como está concebido el régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), el fondo de pensiones recibe tres tipos de contribuciones: las del propio trabajador, las del patrono o empleador y las del Estado.
Al trabajador se le rebaja mensualmente un porcentaje de su salario como aporte, supuestamente, para su propia pensión. Además, y dado que el Estado no genera riqueza, sino que la extrae –el origen de sus recursos son los impuestos que pagan los contribuyentes actuales, o el endeudamiento, que pagarán los contribuyentes del futuro– el aporte estatal al fondo de pensiones es en realidad una contribución adicional de los propios trabajadores y patronos.
Los contribuyentes pagan las pensiones de otra forma también: los impuestos nutren los regímenes especiales de pensiones del sector público. Recientemente decía el superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, con una franqueza refrescante, que “nadie que se pensiona en el Poder Judicial aportó suficiente para lo que se está llevando”. Lo mismo se puede decir de cualquier otro régimen de pensiones con cargo al presupuesto nacional.
Régimen de reparto. El sistema de pensiones del IVM es lo que técnicamente se conoce como un régimen de reparto. Esto quiere decir que los aportes que hacen los trabajadores al fondo de pensiones no son necesariamente para su eventual jubilación, sino para financiar los pagos a las personas que actualmente gozan de su pensión. De ahí su nombre: lo que ingresa como aporte de los trabajadores activos se reparte entre los pensionados actuales. Este es el componente supuestamente solidario del régimen de pensiones.
Un régimen de reparto es en realidad un esquema piramidal, o lo que se conoce también como un esquema Ponzi. Estos ardides son ilegales (excepto, curiosamente, para operadores de pensiones en todo el mundo), porque en realidad se trata de una burda estafa.
En un esquema Ponzi, a los inversionistas se les promete un rendimiento que no se puede obtener con el producto de las propias inversiones. Por lo tanto, el esquema Ponzi depende de que constantemente ingresen nuevos inversionistas, para con sus aportes poder pagar a los inversionistas iniciales los retornos prometidos.
En otras palabras, los inversionistas recientes financian los pagos a los inversionistas más antiguos, y para que a los nuevos se les pueda retribuir según lo prometido, es necesario que aparezcan nuevos inversionistas en una suerte de ciclo sin fin.
El problema es que nada garantiza que siempre vayan a aparecer nuevos inversionistas en las cantidades necesarias para que el fondo de inversión cumpla la promesa de rendimiento que ha hecho a sus inversionistas.
Cuando dejan de aparecer nuevos inversionistas, o los aportes de los que aparecen no son suficientes para continuar pagando a los anteriores, el fondo de inversión quiebra.
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Sistema piramidal. Esto fue exactamente lo que hizo Bernie Madoff hace unos años en Estados Unidos –el mayor fraude en la historia de los mercados financieros–, por lo cual fue a parar con sus huesos en una prisión de donde únicamente podrá salir en posición horizontal y sin signos vitales.
Los regímenes de pensiones de reparto se basan en el mismo principio que un esquema Ponzi. Para que un régimen de reparto pueda subsistir en el tiempo, es necesario que la población económicamente activa formal crezca a una tasa tal que sus aportes alcancen para financiar las pensiones de los jubilados existentes.
Una vez que la pirámide demográfica se invierte es imposible seguir financiando un régimen de reparto. Esto ya está sucediendo en Costa Rica, donde la tasa de natalidad es inferior a la tasa de reposición de la población, lo cual producirá que en poco tiempo haya menos costarricenses cada año.
Otros factores que ponen en riesgo la viabilidad de un régimen de reparto son una tasa de desempleo alta y sostenida en el tiempo y un alto nivel de informalidad en la actividad económica. El desempleo de entre un 9% y un 10%, sumado a alrededor de un 45% de empleo informal, son un coctel explosivo para un sistema de reparto como el IVM.
El régimen de reparto, como vemos, es una estafa. Las personas que hoy cotizan para su pensión futura no tienen ninguna garantía de que vayan a recibir la pensión. Lo grave del asunto es que ya no solo estamos hablando de no poder financiar el reparto a la Ponzi a los jubilados actuales, sino de robar a las generaciones presentes la esperanza de una pensión decente en el futuro.
Menos pensión. Eso, y no otra cosa, es el escenario contemplado en el informe de los actuarios de la UCR: tener que trabajar hasta los 70 años, haciendo un aporte del 26,4% del salario para recibir una pensión equivalente al 40% del promedio de los salarios de los últimos 20 años. Habría que hacer esa matemática, pero si usted tiene menos de 50 años y una carrera laboral ascendente, su eventual pensión probablemente rondará la cuarta parte o menos del salario que perciba al momento de jubilarse.
Por lo anterior, además de ser una estafa, el régimen de reparto es una política de creación intergeneracional de pobreza. Quitamos recursos hoy a los trabajadores para garantizar una pensión digna a los jubilados existentes, a cambio de sumir en la pobreza a esos mismos trabajadores cuando les llegue el momento de pensionarse.
Durante muchos años la CCSS ha botado enormes cantidades de dinero contratando estudios actuariales para el IVM a la firma argentina Melinsky & Asociados y a la mexicana Nathal Actuarios y Consultores. Estos fueron desechados porque sus conclusiones no eran del agrado de la entidad. Pareciera que finalmente el informe de la Escuela de Matemáticas de la UCR, con conclusiones muy similares, ha despertado la consciencia de los funcionarios y políticos, y de la ciudadanía.
La discusión acerca del futuro del virtualmente quebrado IVM es impostergable, y no debería quedar por fuera del debate la posibilidad de que las personas opten por salirse del esquema Ponzi de reparto. Un régimen obligatorio que ni siquiera puede cumplir su promesa de una pensión digna es a todas luces inmoral, y de solidario no tiene más que el cascarón hueco de la palabra adulterada.
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Otra opción. Una solución alternativa sería un régimen de capitalización en competencia, en el cual las personas destinan un porcentaje de su ingreso mensual a su pensión, cuyo importe dependerá de cuánto ahorre y del retorno de la inversión. Lo que la persona aporta mes a mes no va para pagar la pensión de nadie más sino la suya propia.
Así se traslada la responsabilidad por las pensiones a las propias personas, que es donde debería residir. Esto sin perjuicio de mantener un régimen de pensiones para las personas más desafortunadas y vulnerables de la sociedad, financiado transparentemente con los impuestos que pagamos los ciudadanos.
Esta propuesta merece mayor elaboración, que por motivos de espacio no realizaré aquí. Recomiendo al respecto la lectura del artículo publicado por Juan Carlos Hidalgo en su blog Por la libre del 13 de mayo del 2013 ( http://bit.ly/2hwwhw5 ), donde presenta los detalles de una propuesta en esta misma línea.
El autor es economista.