Después de cinco años de congelamiento de las pensiones de 46.000 pensionados del Magisterio, en contra de los principios de justicia y legalidad, se logró aprobar por mayoría en la actual Asamblea Legislativa el descongelamiento de las pensiones menores de ¢2 millones.
Los docentes y los patronos cotizaron y cumplieron con creces la tarea encomendada. Hoy, el país ocupa el tercer lugar en ingreso por habitante en América Latina y goza, en números absolutos, del tercer lugar en exportaciones de productos tecnológicos, solo por debajo de dos titanes como México y Brasil.
El Ministerio de Hacienda, si bien recogió los aportes de los docentes –un 5%– y otro tanto de los patronos, nunca creó el fondo que diera sustento a sus pensiones. Es decir, desvió los recursos aportados desde 1958 hacia otros fines. Ante la inexistencia del fondo, en 1992 se aumentaron los aportes de los docentes hasta el 16% y los de los patronos hasta un 8%. Además, se crearon dos supuestos fondos: uno a cargo del Ministerio de Hacienda, el RTR o Régimen Transitorio de Reparto, integrado por quienes habíamos cotizado desde 1958 hasta 1992, y el Fondo de Capitalización, manejado por Jupema.
Desde entonces, Hacienda ha estado pagando las pensiones del RTR como si fueran una regalía y no, como corresponde en derecho, como una compensación por el desvío ilegal de los fondos cotizados por docentes y patronos. Este hecho ha permitido que, ante la ausencia de un fondo real, los diputados realicen recortes arbitrarios e ilegales a nuestras pensiones. Mientras tanto, el fondo de capitalización, bajo la administración de Jupema, ha prosperado, transformándose en el fondo de pensiones más sólido del país.
Nos ha alegrado mucho la aprobación del descongelamiento de las pensiones menores a ¢2 millones, que corresponden a la inmensa mayoría de estos 46.000 pensionados. Sin embargo, queda pendiente, en justicia, que el Estado reconozca su falta y cumpla con los demás, quienes, aunque pocos, han sido discriminados por el monto de sus pensiones, sin que se reconozcan sus aportes ni su condición de víctimas dentro del personal docente del RTR. Al mismo tiempo, han sido tratados, sin sustento alguno ante la opinión pública, como victimarios de la Hacienda Pública.
Ante este atropello, producto del manejo patrimonial de los fondos públicos por parte de la clase política –donde ha prevalecido la impunidad de los altos jerarcas frente al delito cometido contra todo el cuerpo docente–, hemos presentado, inspirados en la experiencia exitosa contra la corrupción de países como Singapur, China y Vietnam, un proyecto de ley para sancionar con cárcel inconmutable a los altos jerarcas que permitan el mal manejo de los fondos de pensiones y del patrimonio público en general.
Sabemos que no es la única medida. La experiencia de Singapur, –un país más pequeño y más corrupto que Costa Rica en su momento, que pasó del tercer mundo al primero– demandó, además, una fuerte inversión en educación y el aprovechamiento de su posición geopolítica en el estrecho de Malaca para hacer valer sus intereses nacionales, en concordancia con los de las potencias circundantes, sin someterse a ellas.
Pensamos que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado debe empezar por acabar con la impunidad en las altas jerarquías, que son las que fomentan la construcción de redes de cuido en cascada a su amparo.
Con este proyecto queremos dirigir la atención al carácter sistémico de la corrupción y evitar caer en medidas inmediatistas, como leyes más fuertes o cárceles más grandes que terminan llenándose de actores menores.
Sabemos que, con el ritmo de nuestro aparato judicial, no viviremos lo suficiente para que se nos haga justicia, pero sí queremos dejar un legado a las juventudes de nuestra querida patria, en un momento en que la educación retoma su importancia para el desarrollo en el mundo, y consolidar nuestras mejores tradiciones como nación.
miguel.sobrado@gmail.com
Miguel Sobrado es sociólogo y presidente de la Asociación de Jubilados en Acción (AJA).
