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El año que acaba de terminar, lamentablemente, pasará a la historia como el más violento y sangriento, cuyo saldo, de más de 650 homicidios, autoridades del Organismo de Investigación Judicial atribuyen —en un porcentaje cercano al 70 %— a ajustes de cuentas entre grupos de narcotráfico enfrascados en conflictos por extender sus dominios de distribución y venta de estupefacientes.
No debemos caer, sin embargo, en el error conceptual de creer que el narcotráfico es el único responsable de la vorágine criminal, pues en la receta de inseguridad ciudadana hay otras modalidades delictivas, que afectan negativamente el desarrollo nacional.
Me refiero a asaltos a mano armada a peatones, robo de vehículos, tachas de viviendas, delitos informáticos, hurto de combustible, asaltos a cadenas logísticas de transportes y otros tantos que comprenden el crimen organizado transnacional, megaestructura criminal generadora de grandes riquezas para los autores y que necesita contenerse de varias formas:
1. Modernización de los instrumentos jurídicos para combatir la criminalidad: es necesario y urgente reformar el Código Penal, promulgado en 1970, cuando la sociedad enfrentaba la delincuencia común.
El Código, pese a los parches que se le han puesto, es un instrumento anacrónico, que incluye tipos penales que ni siquiera deberían estar y no se enfoca en lo que realmente interesa penalizar.
El Código de Procedimientos Penales data de 1998. Es un cuerpo normativo procesal que requiere también profundas transformaciones que lo modernicen para otorgar mayores y mejores herramientas a las autoridades judiciales para la persecución penal de los delitos, sobre todo los informáticos, cuyo perjuicio a las víctimas alcanza miles de millones de colones, y, por supuesto, para el combate frontal contra el crimen organizado transnacional, con un enfoque que debería ir dirigido al control de capitales, objetivo principal de las acciones criminales.
2. Recursos económicos para las Policías: no obstante las distintas leyes creadas especialmente para dotar de financiamiento al Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública y el Ministerio de Justicia, con el objeto de fortalecer su infraestructura y equipamiento, los recursos son desviados por el Ministerio de Hacienda a atender otras necesidades económicas.
La seguridad debe ser prioridad, pues sin ella no es posible alcanzar el objetivo de la reactivación económica, y el país está urgido de equipamiento para controlar el espacio aéreo, los puertos, aeropuertos y la zona económica exclusiva; de la adquisición de más escáneres para la revisión de contenedores en los principales centros de acopio y exportación de mercaderías, de radares, embarcaciones y aeronaves, así como de la constitución de grupos de tareas policiales que, con el auxilio de un centro nacional de monitoreo y control de operaciones, reaccionen rápida y eficazmente.
Son herramientas y tecnologías que lógicamente precisan recursos económicos, los que —como mencioné— están contenidos ya en varias leyes.
Costa Rica es parte de la última frontera entre países productores y exportadores de estupefacientes —que incluso han triplicado la elaboración— y los países consumidores, por lo que la asistencia extranjera de las naciones especialmente afectadas por el ingreso y el consumo debe ser más tangible en capacitación, equipamiento e infraestructura de nuestras fuerzas policiales; a la postre, será una enorme ventaja para ellos la contención por parte de nuestras autoridades, por lo que hay que firmar convenios de asistencia, revisar los actuales y saber negociar con los países amigos.
3. Apoyo de la Corte al Ministerio Público: Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, planteó recientemente una acción de inconstitucionalidad contra 33 artículos del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional y la Circular Administrativa N.° 4-2019 del Instituto Nacional de Criminología, por considerar que otorgan facultades contrarias a la carta magna a estos órganos del Ministerio de Justicia, que permiten beneficios carcelarios, tales como la ubicación de reos en sistemas de atención semiinstitucionales cuando no corresponde, o bien, la libertad anticipada a reos que cumplen parcialmente sus condenas, o lo que es peor, que no la han completado —como quedó al descubierto últimamente— sin intervención de jueces de la República.
El fiscal general solicitó además algo muy oportuno, dado el agravamiento de la seguridad nacional, una medida cautelar que impida a las autoridades carcelarias —Adaptación Social y Ministerio de Justicia— decretar liberaciones anticipadas si no hay aval de un juez.
En el fondo de la gestión, subyace el interés de la Fiscalía General en contener la reincidencia, considerada esta como quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado, o bien, la habitualidad, es decir, el modus vivendi de muchos delincuentes. Esto lo evidenció el homicidio del joven Marco Calzada y, más recientemente, el de Keylor Gamboa, cuyos victimarios fueron detenidos en numerosas ocasiones y habían enfrentado condenas.
Lo cierto es que abundan los ejemplos y se contabilizan —según datos del Ministerio de Justicia— nada más y nada menos que 593 reos liberados solo en la presente administración. De modo que es sencillo deducir y plantear una hipótesis: no es que más delincuentes sean los causantes de todo este estropicio, sino que son los mismos que consuetudinariamente cometen delitos, pues se procesan penalmente, se les condena y luego salen con beneficios de nuestro sistema —calificado de garantista por varios juristas— para volver a cometer más delitos y de esta forma perpetuar el círculo vicioso de la criminalidad.
4. Oportunidades para los jóvenes e inclusión social: es necesario que los gobernantes consideren la inclusión social como uno de los ejes de prevención, pues su eficacia se constata en varios países latinoamericanos.
La atracción de inversiones, como la promoción del turismo y la creación de fuentes de empleo en zonas económicamente deprimidas, por ejemplo las costas, donde el narcotráfico encuentra un caldo de cultivo esencial para sus acciones, podría mejorar la seguridad.
La educación de la mano de la prevención y el deporte en escuelas, colegios, centros técnicos y universidades es necesaria para ganar terreno al crimen organizado transnacional. No debemos dejar de lado nuevos esquemas de trabajo social y la creación de centros especializados para la rehabilitación y el tratamiento de jóvenes adictos.
Mientras las fuerzas policiales realizan la contención criminal que por mandato legal tienen, otras instituciones están llamadas a coordinar eficientemente sus acciones, estableciendo un objetivo común a través de una política estratégica de seguridad nacional a largo plazo, que facilite la creación de mesas de trabajo por áreas temáticas, que analicen en profundidad sus competencias y la interrelación de estas con otras áreas, en procura de restablecer la seguridad nacional por medio de programas y líneas de acción medibles y cuantificables.
La inseguridad nacional no es responsabilidad exclusiva de la Fuerza Pública, como Policía de naturaleza preventiva, o del Organismo de Investigación Judicial, de naturaleza represiva, sino del desarrollo social, y para la solución se requiere un esfuerzo multisectorial. Quizás, y siendo positivo, no sea demasiado tarde para realizar el esfuerzo de concentrarse en lo verdaderamente importante, por el bien de las futuras generaciones.
El autor es exministro de Seguridad Pública.
