EscucharEn el tiempo transcurrido desde la publicación del Primer Informe Estado de la Educación (2006), Costa Rica ha consolidado la educación como su máxima prioridad de política pública.
Durante estos años, el sistema educativo se desentrabó, luego de décadas de retrocesos y recuperaciones parciales, gracias al aumento significativo en la inversión y a la asignación constitucional del 8% del PIB.
Asimismo, se declaró la obligatoriedad del ciclo diversificado; los salarios de los docentes tuvieron una notable mejora y se renovó sustancialmente la oferta educativa, mediante la promulgación de nuevos programas de estudio.
La imagen que ilustró la portada de aquel primer informe, la de un sistema entrabado por múltiples nudos que impedían avanzar, ya no describe los rasgos esenciales de la situación actual.
El Quinto Informe del Estado de la Educación, recientemente publicado, reporta que esa prioridad no implicó, sin embargo, cambios abruptos en la organización y funcionamiento del sistema y tampoco mejoras aceleradas en los resultados.
El país sigue avanzando, de manera inercial, en la cobertura educativa (con excepción de los descensos reportados en primaria y el ciclo de transición de preescolar), en la disminución de la exclusión y en la calidad de la infraestructura de escuelas y colegios.
Aunque este ritmo fue suficiente para salir de la parálisis de décadas anteriores, no lo ha sido para evitar que se mantenga en una posición de rezago relativo cuando se compara con naciones de similar desarrollo económico y social en indicadores clave, como la tasa neta de cobertura del ciclo diversificado (todavía por debajo del 40%).
La gestión del Estado encabezada por el Ministerio de Educación Pública (MEP), una institución compleja y fragmentada, aún muestra falta de agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones, como lo evidenció en el 2014 la puesta en marcha de un sistema de pagos que llevó años concretar.
Mientras el sistema educativo se mueve inercialmente, el contexto nacional e internacional no lo ha hecho así.
Factores como el bajo crecimiento económico, la crisis fiscal, la creciente desigualdad social y la volatilidad de los mercados internacionales tienen en la actualidad el potencial para afectar los recursos, los programas y los resultados educativos, y minimizar el impacto favorable de los cambios demográficos que ya repercuten en el sistema y que, bien aprovechados, generarían nuevas oportunidades para mejorar, sobre todo, en materia de calidad.
En estas circunstancias, la inercia en la gestión educativa se convierte en vulnerabilidad.
Asuntos fundamentales. El V informe, por tanto, hace un llamado al país sobre la necesidad de acelerar las metas en los próximos años para lo cual se requiere atender un conjunto de asuntos fundamentales del desempeño educativo actual mediante políticas específicas y focalizadas, cuya resolución es indispensable para apresurar el ritmo de las mejoras en el uso de los recursos, en el acceso y la calidad de la educación.
Con nuevos datos, el informe detalla dichos asuntos, sobre los cuales quisiera destacar, por ahora, cuatro en particular para el nivel preuniversitario.
En primer lugar, atender los factores que inciden en la repitencia y los bajos rendimientos que siguen mostrando los estudiantes en la educación general básica y el ciclo diversificado.
En segundo lugar, reducir las amplias diferencias que persisten dentro del sistema educativo público entre modalidades y centros, que contribuyen a reproducir las desigualdades de origen de los estudiantes.
En tercer lugar, mejorar los ambientes de aprendizaje en los centros educativos de tal manera que estos no solo sean atractivos sino que estimulen las habilidades para la vida que se espera tengan nuestros estudiantes en el siglo XXI, como capacidad de indagación, destreza para el trabajo colaborativo, capacidad para resolver problemas de comunicación y comprensión lectora.
En cuarto lugar, generar las condiciones que garanticen una aplicación exitosa de los nuevos programas de estudio en los próximos años.
Para conseguirlo, es fundamental promover cambios en la formación inicial y continua de los educadores, así como en las actitudes de segmentos específicos, como algunos mandos medios de oficinas centrales y direcciones regionales, que no terminan de sumarse al proceso.
Finalmente, para acelerar las metas, el MEP debe avanzar con mayor determinación hacia una gestión por resultados, con instrumentos claros que permitan apoyar mejor a aquellos docentes y centros educativos comprometidos con la consecución de los objetivos de calidad.
Isabel Román es coordinadora de Investigación del Informe Estado de la Educación.
