EscucharNuestra reciente información sobre la pobreza extrema dibuja un cuadro inaceptable. Una viuda, agredida cuando decidió establecer una segunda relación, cuenta con menos de ¢75.000 mensuales para atender a su hija de cinco años, ayudar a otro hijo, de 14, y cuidar de su abuelo, de 91.
Vive en la casa prestada por unos tíos, en riesgo de perderla por falta de pago de la hipoteca, y está desempleada. No paga agua ni electricidad, porque está “guindada” de esos servicios, afortunadamente, debemos agregar. En esas circunstancias, es difícil creer que la familia tenga, siquiera, esperanzas.
El drama es similar en otros 94.810 hogares costarricenses. No son pobres, como un 15% más de las familias, sino extremadamente pobres. La asistencia estatal permite paliar un puñado de necesidades. Hay ayuda en efectivo, becas del programa Avancemos y atención médica, pero todo eso apenas hace la vida un poco menos difícil.
Esto sucede en un país donde cada año se invierte el 20% del producto interno bruto (PIB) en gasto social. Es una de las mayores tasas de inversión en Latinoamérica. Entre el 2010 y la actualidad, el presupuesto para atender la pobreza aumentó en unos ¢200.000 millones, pero los resultados no compaginan con el esfuerzo.
En tres lustros, el país duplicó la inversión por persona, pero la pobreza se mantuvo estancada, con leves oscilaciones por encima y por debajo del persistente 20%. La mala designación de beneficiarios, la duplicación de programas, la desorganización, la corrupción y el elevado costo de la burocracia carcomen el sistema. Tampoco hay duda sobre la presencia de costosas “fugas” de recursos y desperdicios, además de los beneficios recibidos, abiertamente, por quienes no los necesitan. Sobre la existencia de los problemas no hay debate, pero persisten.
Los economistas Pablo Sauma y Juan Diego Trejos identificaron 416.000 beneficios aprobados en el 2012, de los cuales el 37% se dirigió a personas de ingresos medios. Trejos se había adelantado, en el 2006, a indagar sobre los beneficiarios del gasto social y demostró la asignación de buena parte de los recursos a personas alejadas de la línea de pobreza, para no hablar de la pobreza extrema. Las pensiones de privilegio y los subsidios a la educación superior, aun para exalumnos de colegios privados, están entre los más injustificables ejemplos de gasto social mal dirigido. A esos fenómenos se suman el desperdicio y la mala asignación de fondos específicamente destinados a combatir la pobreza.
El estudio de Sauma y Trejos para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyó que Costa Rica podía erradicar la pobreza extrema, en el 2014, con una inversión adicional de apenas ¢73.000 millones. Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, fue más allá y afirmó que los recursos serían suficientes si se corrigieran la descoordinación institucional y la duplicación de esfuerzos.
Ronulfo Jiménez y Víctor Hugo Céspedes, investigadores de la Academia de Centroamérica, identificaron, en el 2010, 34 programas de considerable envergadura, bajo la regencia de 22 instituciones. La dispersión también ha sido criticada por los estudiosos del Estado de La Nación.
Las propias instituciones públicas han tomado turnos para reconocer las debilidades. El año pasado, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) admitió desconocer la condición del 75% de sus beneficiarios, que aumentaron en un 20% en los cinco años previos.
Los diagnósticos son coincidentes y reiterados. Los recursos deberían ser abundantes si, además del aprovechamiento del dinero destinado a combatir la pobreza, el gasto social no sirviera para financiar abusos. Sin embargo, las estadísticas parecen inconmovibles y tragedias como la descrita en nuestra reciente información ocurren a vista y paciencia de todos.
