EscucharLa multitudinaria marcha de este martes, dijo Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional y presidente del Consejo Nacional de Rectores, no fue convocada para defender el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), sino para formar un pacto social a favor de la educación nacional. No es posible fraccionar el sistema educativo, afirmó González, porque ninguna etapa en la formación de los jóvenes carece de importancia.
El razonamiento permeó en los demás rectores y dirigentes de organizaciones presentes en el acto. La amplitud de miras, más allá del presupuesto universitario, permite convocar a representantes de la educación primaria y secundaria, así como a otros grupos interesados en la formación de la juventud.
El rector llamó a consolidar el pacto social por la educación como un emprendimiento “transversal”, con participación de educadores, alumnos, empresarios y gente de otros ámbitos. Es un llamado urgente, en vista de la falta de claridad, traspiés y advertencias de expertos en el último año.
En cuanto al FEES, los manifestantes exigieron el cumplimiento de la promesa formulada el año pasado después de una manifestación y un tenso diálogo con las autoridades del gobierno. Consiste, apenas, en el reconocimiento del 1 % para compensar la inflación. El 13 de junio, el Ejecutivo manifestó su intención de incumplir lo acordado, alegando falta de fondos.
Por su parte, la ministra Anna Katharina Müller se mostró anuente a trasladar ¢3.900 millones del presupuesto del Ministerio de Educación al de Seguridad Pública. La manifestación de la funcionaria abrió un flanco por donde entraron dudas sobre la alegada insuficiencia de fondos, pues, al mismo tiempo, a la cartera parecían sobrarle dos tercios de los ¢6.000 millones necesarios para cumplir la palabra empeñada con el FEES en el 2022.
Pero la agenda de la marcha no se agotó en cuestiones presupuestarias. La disconformidad con las pruebas nacionales estandarizadas, impuestas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) con poca participación de académicos y educadores, también ocupó un lugar prominente. Un documento elaborado por los trece asesores nacionales del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada criticó las pruebas como ayunas de sustento en algún modelo de evaluación existente. Los asesores terminaron su advertencia con un gesto sin precedentes: declararon su disposición a cumplir las órdenes bajo protesta, siempre y cuando su responsabilidad quede a salvo.
Semanas más tarde, varias jefaturas de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Educación (DRTE) advirtieron sobre “riesgos técnicos, pedagógicos y eventualmente jurídicos” de la estrategia de enseñanza informática diseñada para sustituir, a partir del 2024, el programa desarrollado desde hace cuatro décadas por la Fundación Omar Dengo (FOD), cuya marginación fue tan súbita como el anuncio de la eliminación de las pruebas FARO sin tener un método de evaluación sustituto ni un pronunciamiento del Consejo Superior de Educación, precipitadamente reorganizado para cumplir el requisito legal.
La marcha de este martes también reclamó la nebulosa en torno a la llamada Ruta de la Educación, explicada por la ministra en una memorable sesión de la comisión especial del Congreso encargada de la materia. “La ruta es un proceso vivo, no es ningún documento, no es un plan operativo”, afirmó ante las perplejas miradas de los legisladores.
El pacto por la educación lanzado en la marcha pacífica convocada por los rectores debe pasar por un proceso de diálogo, sin el estorbo de vanidades y posturas autoritarias. Es tan urgente como dijeron los manifestantes, y a la mesa deben acudir todos los sectores interesados, sin excepción. Por lo pronto, ya se sumaron 30 diputados que impulsaron una moción de orden para apoyar el llamado. Solo votaron en contra ocho legisladores del partido de gobierno. Ojalá no sea un presagio de obstinación.
