EscucharA cinco años del escándalo por el saqueo de fondos públicos en la trocha fronteriza, el Ministerio Público finalmente planteó las acusaciones del caso. Pasarán otros dos años, quizá más, para saber si los imputados irán a juicio y, cuando el último de ellos haya agotado los recursos disponibles, incluido quizá el de casación, habrá pasado una década desde el inicio de las investigaciones.
Algo anda mal en un sistema judicial tan tardado, especialmente cuando se trata de delitos de cuello blanco relacionados con el manejo de los recursos públicos. El paso del tiempo contribuye a facilitar la impunidad. Los testigos desaparecen, las pruebas pierden valor y se multiplican las oportunidades para la comisión de errores procesales que los abogados defensores aprovechan con destreza.
La acusación por los hechos de la trocha fronteriza es producto de una investigación compleja. Hay 26 imputados. Tres son exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), tres son particulares que se hicieron pasar por inspectores de obras y otros veinte pertenecen a las empresas contratadas para desarrollar los trabajos.
Los métodos empleados para apropiarse de unos ¢1.234 millones, según la cuantificación de la Fiscalía, también son complejos. La red de funcionarios y particulares facturó el uso de maquinaria todavía no internada en el país, cobró el empleo de otros equipos en dos sitios simultáneamente e ideó procesos de “supervisión” y “aprobación” destinados a dar la apariencia de normalidad.
La investigación produjo 668 folios y 86 informes de la Policía Judicial con 28 ampliaciones. Los agentes ejecutaron 58 allanamientos y entrevistaron a una larga lista de personas en procura de información. Las acusaciones son un inventario de delitos contra el manejo probo de los recursos públicos: peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, legitimación de capitales y uso de influencias en perjuicio de la Hacienda Pública. Aun así, pasaron cinco años y apenas estamos a las puertas de una revisión inicial de lo actuado por los jueces encargados de decidir si habrá juicio.
La reacción represiva del Estado debe ser más expedita si pretende ser un eficaz elemento disuasivo contra la corrupción. Además de poner en peligro los resultados, el paso del tiempo erosiona la confianza del público en las instituciones encargadas de hacer justicia. Desde afuera, el ciudadano simplemente observa la ineficacia del sistema y el paso de los años sin llamar a cuentas a los responsables.
El propio fiscal general, Jorge Chavarría, lamenta el engorro de los procedimientos y enfatiza la necesidad de hacer reformas para culminar los procesos en un “tiempo razonable”. La lista de ejemplos de investigaciones retardadas y aun fallidas es interminable. Ese lamentable inventario apoya el llamado a hacer los ajustes necesarios. Es preciso encontrar el equilibrio entre las garantías ofrecidas por el proceso penal a los imputados y la eficacia de la justicia.
A lo largo de todos estos años, el imputado de más alto rango en el caso de la trocha, Carlos Acosta Monge, entonces director ejecutivo del Conavi, ha seguido laborando en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En la actualidad trabaja como supervisor de puentes en el despacho del ministro. El ministro Carlos Villalta no tomará decisión alguna sobre el funcionario porque todavía no ha leído la acusación. Además, “acusado no quiere decir culpable y serán los jueces quienes lo determinen”, declaró.
En efecto, la condición de eterno imputado se invoca con frecuencia para justificar la permanencia de funcionarios en el cargo, pagados con recursos públicos, no importa la gravedad de los hechos por los cuales son investigados.
