Escuchar“Estamos ante una casta funcionarial muy poderosa, enquistada y con agenda política propia”, dice José Joaquín Arguedas, exdirector del Servicio Civil, cuando se le pide comentar sobre los costosos beneficios concedidos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a sus empleados.
La institución tiene 52 incentivos en vigor cuyo costo consume el 60% del dinero destinado a compensación. El salario base de los médicos va de ¢867.000 a ¢1,1 millones. Son montos bajos para profesionales de esa categoría, pero los incentivos los multiplican desordenadamente hasta cifras extraordinarias, como el caso de los ¢20 millones reseñado en nuestro reportaje reciente. Unos 300 médicos ganan más de ¢7 millones y tienen tiempo para la consulta privada.
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Los “salarios bestiales”, para emplear la expresión de Pablo Sauma, exdirectivo y miembro de la junta de notables nombrada por la presidenta Laura Chinchilla para recomendar soluciones a la crisis financiera de la institución, surgen fundamentalmente de dos rubros: la disponibilidad y el tiempo extraordinario.
Por eso, la junta recomendó abrir un segundo turno de atención, entre las 4 p.m. y las 10 p.m. Es decir, la Caja ahorrará dinero si amplía su oferta de servicios en el tanto pague el salario normal y no las horas extras, cuyo cómputo se hace a razón de tiempo y medio, no solo para los médicos, sino para todo el personal.
La solución parece ideal. Más atención a menos costo. De paso, la institución abriría nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, Sauma es el primero en reconocer la fuerte oposición a la propuesta. “Guardas, choferes, enfermeras, asistentes médicos; todo el mundo quiere hacer guardia”, dice el economista.
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Ahí es donde entra en acción la poderosa “casta funcionarial”, señalada por el exdirector del Servicio Civil, que se encarga de impedir el cambio, sea en materia de horas extras y disponibilidad como en la adopción del expediente electrónico, cuya aplicación incrementaría el control sobre el personal, los equipos y otros materiales.
Antigüedad, dedicación exclusiva, disponibilidad médica y una larga lista de incentivos ganados mediante mecanismos de presión y negociaciones con funcionarios interesados en quedar bien y evitarse problemas inflan las planillas al punto de hacerlas difíciles de sostener. El dinero pagado por trabajadores y patronos fluye hacia la enorme burocracia mientras las listas de espera y otros males plagan a los asegurados.
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Hipócritas manifestaciones de grupos empeñados en “salvar a la Caja” ignoran deliberadamente esos factores para exigir más recursos, como si las contribuciones no tuvieran límite y los gastos estuvieran plenamente justificados. En efecto, la Caja es una institución fundamental para Costa Rica y es preciso salvarla. Si el rescate exigiera mayores sacrificios, bien valdrían la pena, pero es imposible justificarlos mientras los gastos sean para beneficio de la “casta” burocrática.
La apertura del segundo turno, una medida de indiscutible racionalidad, con múltiples beneficios, no aparece en la agenda de los autoproclamados “salvadores” de la Caja. Es necesario preguntarles por qué a cada paso o manifestación. La justificación de la negativa será necesariamente elocuente, tanto como la justificación del “enganche médico”, en virtud del cual a los médicos se les conceden aumentos salariales cada vez que otros funcionarios gubernamentales reciben un alza. Es hora de actuar con firmeza frente a los abusos acumulados a lo largo de tantos años. Mientras tanto, la próxima crisis siempre estará a la vuelta de la esquina y los servicios seguirán limitados, como en la actualidad.
