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El saldo de los dos terremotos ocurridos en Venezuela al finalizar la tarde del 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter, tiene un ineludible carácter móvil. Con cada actualización, se hace más evidente la terrible magnitud de su impacto.
Los más recientes datos difundidos por las autoridades venezolanas este 4 de julio elevan el saldo a 2.954 fallecidos y 16.592 heridos. El número de desaparecidos sigue sin ser precisado oficialmente, aunque estimaciones extraoficiales lo sitúan por encima de las 41.000 personas, con un pronóstico fatal para muchas de ellas. Cálculos independientes también mencionan más de 58.000 inmuebles dañados o colapsados, entre casas y edificios de gran altura. Y si bien es prematuro estimar el costo inmediato de la destrucción, algunos economistas independientes lo calculan en alrededor de $8.000 millones, equivalentes al 8% del producto interno bruto (PIB).
El impacto más devastador de ambos sismos lo sufrió la ciudad balneario La Guaira, al norte de Caracas, pero también ha golpeado severamente la capital y otros centros urbanos a lo largo de la región central norte del país.
Las muestras de solidaridad entre la población, el flujo de asistencia internacional, la labor de los rescatistas nacionales e internacionales y las historias de supervivencia humana aportan una dimensión redentora en medio del colapso. Entre ellas está la del guarda Hernán Gil, rescatado tras 114 horas de estar atrapado en un edificio frente al mar. En esta operación tuvieron un destacado desempeño miembros de la Cruz Roja Costarricense, en alianza con sus colegas de otros países.
Sin embargo, el impacto colectivo de la tragedia, con sus sobrecogedores resultados, se impone incluso sobre las mayores muestras de entrega y supervivencia. A ello se suma la enorme y justificada sensación de impotencia y enojo de la población ante la falta de respuestas oportunas y eficaces del cuestionado gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, bajo gran influencia de Estados Unidos.
Ni los terremotos ni su impacto inmediato son responsabilidad humana. La manera de reaccionar ante ellos sí lo es, y toca, directamente, a las autoridades. Porque son estas las que cargan con la responsabilidad de proteger a la población. En Venezuela, sin embargo, su actuación tardía, a menudo omisa y descoordinada, ha tornado más graves las consecuencias del fenómeno natural.
Esta es una de las consecuencias, ahora magnificada, de un régimen que por años puso la represión y la corrupción por encima de cualesquiera otras prioridades. No sorprende, entonces, que careciera de preparación mínima para actuar eficazmente ante el colapso.
Según denuncias de la población, pasaron 48 horas antes de que se activara una operación de rescate en La Guaira, un tiempo clave para evitar la muerte de personas atrapadas en los escombros. El despliegue de las Fuerzas Armadas se concentró inicialmente en mantener el control, no en el rescate. La llegada de ayuda internacional, aunque rápida y sin obstáculos por parte del gobierno, careció en las primeras horas de adecuada coordinación. Por algo, la enorme indignación del pueblo con los impopulares gobernantes.
A las deficiencias en la respuesta oficial se suma otra especialmente grave: la persistencia de la censura digital. Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, pidió esta semana el levantamiento inmediato de los bloqueos que impiden a millones de venezolanos acceder a decenas de medios nacionales e internacionales. “En medio de esta tragedia, cuando miles de familias buscan desesperadamente noticias de sus seres queridos, el acceso libre a la información deja de ser una discusión política para convertirse en una necesidad humana”, afirmó Otero.
“No pedimos un privilegio para un solo medio. Pedimos que se restituya el acceso a todos los portales informativos bloqueados, entre ellos El Nacional, La Patilla, Armando.Info, CNN en Español, NTN24, El Pitazo, TalCual, Runrunes, Efecto Cocuyo, Analítica y los demás medios nacionales e internacionales que hoy permanecen restringidos", agregó.
Como bien dijo Otero, ningún ciudadano debería verse obligado a recurrir a mecanismos extraordinarios para conocer información sobre una emergencia nacional, las labores de rescate, las rutas de ayuda humanitaria o la situación de sus comunidades.
En los días que vienen se hará más evidente la magnitud del saldo de muerte y destrucción en Venezuela. A la vez, se acrecentará el riesgo sanitario, por el hacinamiento en los albergues improvisados, la mala calidad del agua, la dificultad de encontrar y sepultar cadáveres y la insuficiente vacunación contra enfermedades transmisibles, como el sarampión.
Será una etapa sumamente difícil. Y si el régimen no ha estado a la altura de los concentrados retos iniciales, menos lo estará para la descomunal tarea que seguirá: la reconstrucción.
La deuda externa supera el doble del PIB nacional. El precario Estado de derecho desestimula las inversiones. Los flujos de ingresos petroleros han mejorado, pero están muy por debajo del potencial y los controla Estados Unidos. La economía apenas comienza a dar señales de débil recuperación. La represión, aunque menor, se mantiene como variable operativa del régimen. La ruta hacia la democracia no tiene claridad ni calendario.
En estas condiciones, el gobierno estadounidense compartirá con el venezolano enormes e ineludibles responsabilidades en lo que sigue. Tras su intervención de enero y el cambio de figuras, pero no de sistema, estableció un camino de tres etapas: estabilización, recuperación y transición. Las tres, siempre difíciles, se han multiplicado en complejidad y urgencia tras los terremotos.
Su reacción inicial ha sido oportuna, con el envío de grupos de rescate y marines que han realizado labores de limpieza y reparación de infraestructura clave. A partir de ahora, sin embargo, se requiere una ayuda masiva, no contemplada en los planes iniciales de intervención; también resulta fundamental acelerar la lenta transición democrática.
Las necesidades y justas aspiraciones de los venezolanos demandan una nueva actitud, tanto de Rodríguez y su gobierno como de Estados Unidos.
