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El pasado jueves 6 de agosto, representantes de la dictadura y de una parte de la oposición de Venezuela abrieron un proceso de diálogo político, impulsado por el gobierno de Estados Unidos. Su primera ronda concluyó el día 12. Hay que darle la bienvenida y desearle buena suerte. Solo mediante negociaciones será posible llegar pacíficamente al destino por el que clama –y merece– la inmensa mayoría de los ciudadanos: el restablecimiento de la democracia plena y la vigencia de los derechos humanos conculcados.
Sin embargo, existen poderosas razones para abordar el proceso con cautela sobre la rapidez de su avance y la calidad de sus resultados.
La confiabilidad de los delegados oficiales es muy baja. Representan al mismo régimen ilegítimo que por años ha perseguido a sus opositores, burlado la voluntad popular, enquistado la corrupción, desarticulado la economía y empobrecido a la población.
La captura, el 3 de enero, del dictador Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses condujo a un cambio de fichas, no de esencia, en el tinglado del poder. Por algo Jorge Rodríguez, presidente de su Asamblea Nacional (parlamento nominal) y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, encabeza su delegación en las conversaciones. Es muy probable que parte de su misión sea ralentizar los avances genuinos.
Los participantes de la oposición no incluyen a su más reconocida figura, María Corina Machado, gestora de la contundente –pero burlada– victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales de junio de 2024. Anunció que no participaría ni entorpecería las negociaciones. No ofreció razones, pero todo indica que, para el régimen, era inaceptable y, para los estadounidenses, inconveniente. En su lugar, Dinorah Figuera, última presidenta de la Asamblea Nacional, legítimamente elegida en 2015, dirige la delegación opositora.
Estados Unidos, poder tutelar del país y principal gestor y acompañante del proceso, hasta ahora se ha centrado en objetivos económicos, no democráticos o institucionales. Además, ve en Delcy Rodríguez a una contraparte funcional –y hasta ahora obediente– para impulsar esos intereses. Cualquier cambio no controlado podría entorpecerlos.
En síntesis, el panorama no infunde gran optimismo sobre las negociaciones. Sin embargo, tales son la realidad, los actores e intereses que juegan en la actualidad. Con ellos y entre ellos hay que trabajar. Lo contrario sería la parálisis.
El primer día del encuentro, las partes adoptaron el mecanismo y una agenda básica para negociar. Gira alrededor de tres puntos: atención a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, fortalecimiento de la democracia, y garantías y derechos políticos. Además, se comprometieron a negociar de buena fe, buscar beneficios para el país, reconocerse y respetarse mutuamente.
Tras concluir la primera ronda, las decisiones fueron preliminares y generales. Lo más relevante es que se crearon condiciones para la renovación y operación del Tribunal Supremo de Justicia, apéndice del régimen, pero sin un calendario específico. El resultado será clave para cualquier avance hacia la democracia. Lo mismo puede decirse del Consejo Nacional Electoral.
La esencia de cualquier arreglo digno y sostenible dependerá de abrir el camino hacia las elecciones. Pero estas solo serán representativas si se dota a esos dos organismos de independencia y, además, el gobierno levanta sin dilaciones las inhabilitaciones políticas a Machado y otros dirigentes opositores, libera a todos los presos políticos, permite el regreso de los exiliados, acepta una plena libertad de expresión y facilita el funcionamiento de los partidos políticos.
Tras la captura de Maduro y su reclusión en Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció un mapa de ruta para Venezuela con tres fases: estabilización, recuperación y transición; es decir, la democracia como destino final, no como elemento transversal. Lo consideramos un error. Sin ella, sin un gobierno legítimo producto de elecciones, sin instituciones representativas y sin la restitución del Estado de derecho, será imposible una verdadera recuperación a partir de genuina estabilidad.
Hay que hacer lo posible para que las negociaciones que se abrieron aceleren la velocidad de esa ruta. Venezuela merece, lo antes posible, ser una genuina democracia, con un gobierno representativo que impulse la prosperidad y la justicia para sus ciudadanos.
