24 agosto

El Panel de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (conocido por sus siglas en inglés IPCC) divulgó hace pocos días un informe especial sobre el impacto del uso de la tierra en el calentamiento global. Como los demás publicados desde su creación en 1988, el texto demanda cuidadosa atención y, sobre todo, acción por parte de los gobiernos, sectores productivos y consumidores.

Su principal conclusión, y también advertencia, reflejo de otras previas, es clara en su sentido de urgencia: para garantizar la seguridad alimentaria de la población global y, a la vez, frenar la virtual y mortífera carrera hacia el cambio climático, es indispensable modificar la manera de cultivar la tierra. En paralelo, debe avanzarse en la contención de los gases de efecto invernadero emitidos por otros sectores, entre ellos los de transporte, generación eléctrica y manufacturas.

Este informe nos dice, de nuevo, que no vamos por el buen camino, pero que es posible cambiar la ruta cuando aún estamos a tiempo, el costo es más manejable y el deterioro menos crítico.

Según el informe, aunque los procesos naturales de la tierra absorben una inmensa cantidad de dióxido de carbono — principal fuente del calentamiento global —, su uso para la agricultura, la silvicultura y otros fines productivos, que a menudo también originan deforestación, genera el 23 % de las emisiones. Si a esto se añaden las actividades de preparación y posproducción, la huella total alcanza el 37 %.

La respuesta a este enorme desafío depende de un conjunto integral de medidas, que requieren políticas públicas con claras prioridades y señales, pero también conciencia de la población en general. Entre las iniciativas necesarias, sobresalen un mejor manejo de la tierra y el agua, la reducción —o, mejor, reversión— de la deforestación, el control de los fertilizantes, la paulatina modificación de las dietas humanas que generan altas huellas de carbono (en particular, el consumo de carne) y la reducción del desperdicio de alimentos.

El informe también advierte que la gestión de actividades relacionadas con la bioenergía debe ser en extremo cuidadosa para evitar riesgos a la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la degradación de la tierra. Esta última, no importa su origen, reduce la productividad, limita los tipos de cultivo y deteriora la capacidad de los suelos para absorber carbono. Resultado: el exacerbamiento en el cambio climático, que a su vez acelera la degradación de la tierra y se establece así un nefasto “bucle” de acción-reacción que debe quebrarse a tiempo.

De aquí que el IPCC insista en que las oportunidades se reducen y es necesario poner manos a la obra: “La ventana para realizar estos cambios se está cerrando con rapidez. Si se producen mayores retrasos en la reducción de las emisiones, perderemos la oportunidad de gestionar exitosamente la transición del cambio climático en el sector de la tierra”. Lo mismo, desgraciadamente, puede decirse sobre los demás sectores. Una variable crítica en este caso, con implicaciones humanas directas, es el deterioro en los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, usos y estabilidad en los suministros.

En diciembre del 2015, los gobiernos se comprometieron, mediante el Acuerdo de París, a mantener el aumento de la temperatura media global “muy por debajo” de los dos grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, idealmente 1,5 grados. Este informe nos dice, de nuevo, que no vamos por el buen camino, pero que es posible cambiar la ruta cuando aún estamos a tiempo, el costo es más manejable y el deterioro menos crítico. La próxima cumbre de las partes suscriptoras de la convención de la ONU en la materia, que se celebrará a finales de este año en Chile —antes de una conferencia preparatoria en San José—, será un momento para confrontar la realidad. Debería serlo también para modificarla en el buen sentido, con visión, persistencia y urgencia.