En julio del año pasado, académicos y analistas de la educación se quejaban por la inutilidad de los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas para entender el estado de la enseñanza en el país. Las pruebas divulgadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) ubicaron a los estudiantes en tres niveles —básico, intermedio y avanzado—, pero la indefinición de esas categorías impedía conocer las habilidades desarrolladas por los alumnos en cada caso.
Un estudio de la Unesco encontró, en el 2019, antes de la pandemia, que el 46 % de los niños costarricenses no alcanzaban desempeños de aprendizaje mínimos aceptables en lectura al final de la primaria, pero los resultados publicados por el MEP en el 2023 no revelaban si los alumnos con nivel básico poseían un dominio suficiente de las habilidades examinadas por la Unesco cuatro años antes.
Aquellas pruebas, según las autoridades, no tenían el propósito de señalar aprobados y reprobados. La única intención era diagnosticar la situación de los jóvenes, pero las categorías “básico, intermedio y avanzado”, ayunas de mayor definición, tampoco servían para eso, dijeron los expertos.
Durante el resto del año, el Ministerio hizo nuevas pruebas nacionales estandarizadas no solo con fines de diagnóstico, sino también para definir la nota de los estudiantes. El 19 de setiembre se aplicó el examen a los alumnos de duodécimo año de colegios técnicos. El 30 de octubre tocó el turno a los niños de sexto grado y el 6 de noviembre, a alumnos de undécimo año de los liceos académicos.
Pero las dudas y quejas no se han disipado, esta vez porque el MEP no ha dado a conocer los resultados. En enero, este diario preguntó a las autoridades y prometieron hacer públicos los informes a finales de marzo. Cinco meses habrán transcurrido desde las últimas pruebas realizadas y más de seis desde las primeras.
La dilación y el antecedente de las pruebas de diagnóstico practicadas en abril alimentan los cuestionamientos. La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense (Ciecpe), conformada por expertos en evaluación educativa y profesionales de la enseñanza, insiste en la necesidad de publicar las conclusiones derivadas de los resultados, desglosadas por región y otras variables sociodemográficas y educativas.
Para evitar las indefiniciones de la evaluación de abril, enfatizan la importancia de incluir descripciones sustanciales del desempeño y proporcionar, además de las calificaciones numéricas, una descripción cualitativa del significado de los puntajes como indicadores del progreso de los alumnos.
Planteados de esa forma, los datos servirán para aquilatar el estado de la enseñanza y, también, los instrumentos de evaluación. En ambos casos, la información confiable es el único camino para sacar al país del apagón educativo iniciado con las huelgas del 2018 y agravado por la pandemia.
Más allá de los resultados, el país necesita una amplia discusión pública basada en ellos, cuanto antes mejor. El Ministerio no debe seguir encerrado en sí mismo, sin transparentar la información y los procesos aplicados para recabarla. El examen de los pares es requisito de la ciencia moderna y, tratándose de asuntos de política pública, la exigencia se amplía a la revisión crítica de la sociedad como un todo. Cada vez se hace más evidente la importancia de no perder tiempo en procura de definiciones que debimos tener hace meses, o quizá años. En educación, cada día desaprovechado es, también, el desperdicio de una oportunidad para mejorar el futuro del educando.
Un estudio de la Unesco encontró, en el 2019, antes de la pandemia, que el 46 % de los niños costarricenses no alcanzaban desempeños de aprendizaje mínimos aceptables en lectura al final de la primaria. Foto para fines ilustrativos.
(Rafael Pacheco Granados)
