Editorial: Un rector como Salom

Un periódico como La Nación preferiría no verse obligado a tratar el acoso sexual, pero lo hace porque existe y la más elemental decencia obliga a denunciarlo. También es preciso exigir a las autoridades una respuesta convincente. No la han dado hasta ahora y las primeras en señalarlo son las alumnas.

No obstante, un periódico como La Nación se siente obligado a señalar que el problema afloró con fuerza, en esta oportunidad, producto del trabajo periodístico del Semanario Universidad y se ha mantenido en la discusión pública gracias al empeño y valentía de las estudiantes de todas las universidades.

Un rector como Salom no debería preocuparse, en este momento, por el papel de un periódico como La Nación, o cualquier otro, en la difusión de las noticias y el seguimiento de la investigación. Por el contrario, debería festejar el papel de la prensa y, en lugar de regatear méritos y abanderamientos, abocarse a enfrentar el problema.

Una universidad como la Nacional no debe entregarse a la tonta autocomplacencia de señalar como monumental avance la creación de una fiscalía para recibir denuncias. Por el contrario, le convendría preguntarse por qué hay tan pocas acusaciones y por qué las alumnas no se sienten acompañadas en su confrontación con los agresores.

Para un rector como Salom, lo importante es ser reconocido como el creador de la fiscalía e impulsor de declaraciones y conmemoraciones. Le importa, también, desautorizar a un periódico como La Nación cuando informa sobre el problema en las universidades como si fueran "las únicas instituciones”. El acoso sexual, bien lo sabemos, va mucho más allá de los centros de altos estudios, pero en ellos resulta particularmente repugnante, como sucede con la Iglesia y la pederastia.

Un rector como Alberto Salom debería entenderlo en vez de alegar que el problema no solo reside en las universidades. Debería, además, preocuparle que esos centros de enseñanza no sean la excepción. Sus acciones “valerosas e importantes” no lo son tanto, pero podrían merecer ese calificativo si informara de los casos resueltos con sanción. Así, la sociedad podría examinar, entre otras cosas, la correspondencia entre la falta y el castigo.

Las universidades se escudan detrás de supuestas exigencias legales de secreto, pero en los procesos sancionatorios la discreción se aplica a la etapa de investigación y, después, a la identidad de la víctima, no a los victimarios sancionados ni a los hechos probados.

Si se siente limitado por ley para revelar resultados e identidades de victimarios, un rector como Salom podría demostrar su valentía consultando a la Procuraduría General de la República. Para justificar la consulta, basta con señalar la oralidad y publicidad de los juicios penales en todas las materias, incluidos los más atroces delitos sexuales. ¿Cómo defender que los procedimientos disciplinarios de las universidades respondan a otras reglas?

Si el rector hiciera la consulta, saldríamos de dudas con un criterio vinculante y Salom podría pasar a la historia como el funcionario que corrió cortinas y dejó entrar la luz del sol, no importa si la sugerencia se la hizo un periódico como La Nación. Eso sería “valeroso e importante” porque el silencio y, peor aún, el encubrimiento, están entre las causas del problema. A correr velos se dedica la prensa, incluidos periódicos como el nuestro, que no piden permiso a rectores como Salom para incursionar en este y otros asuntos.