EscucharLas medidas de austeridad descritas por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ante el plenario legislativo no alcanzan para cerrar la brecha fiscal. Aguilar es la primera en admitirlo y no se opone a caracterizarlas como componentes de un plan de contingencia cuya completitud depende de la aprobación del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas por la Asamblea Legislativa.
Las medidas de contención del gasto, sumadas al proyecto de ley, no alcanzan para cerrar el déficit primario, pero contribuyen significativamente a frenar la sangría de los recursos públicos y ofrecen un margen de maniobra. El propósito, dice la ministra, es evitar el abismo mientras se da trámite a las iniciativas necesarias para recuperar el equilibrio.
En cambio, las políticas anunciadas por Aguilar sí son suficientes para demostrarle a la comunidad financiera internacional un propósito de enmienda y acceder a créditos en mejores condiciones. Los préstamos, dice ella, servirían para refinanciar la deuda y obtener un ahorro adicional producto de mejores tasas de interés.
Las medidas también alcanzan para demostrar la intención del gobierno de comprometer su capital político en procura del equilibrio fiscal. No son suficientes, pero tampoco son populares. Pararse frente al plenario para describirlas y asumir un compromiso con la promoción de otras reformas en el futuro no es un ejercicio fácil. Exige valor y decisión.
Ningún esfuerzo del Ejecutivo para garantizar su compromiso con el saneamiento fiscal sobra. El problema del desequilibrio de las finanzas públicas es, también y quizá ante todo, una crisis de confianza. La prueba está en la aceptación de las propuestas de la ministra por una amplia mayoría de legisladores. Los críticos, salvo los pertenecientes al sindicalismo estatal, protestan por la insuficiencia de las medidas, no por su impertinencia.
En el fondo, temen el empleo de los nuevos ingresos para financiar abusos y desperdicios. Por eso insisten en hablar, primero, de las medidas de ahorro y, más tarde, de la ampliación de la carga tributaria. Es una actitud racional, firmemente enraizada en la historia reciente, pero el tiempo se agota y no hay margen para intentar “soluciones integrales” al borde del precipicio.
La oposición debe decidir si invierte ahora su confianza o asume el riesgo de lo que pueda pasar. Si el gobierno traiciona la confianza invertida, será fácil establecer sus responsabilidades, pero los opositores no saldrán impolutos de una negación a ultranza, disimulada por propósitos maximalistas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, decía don José Figueres Ferrer. La frase es especialmente cierta cuando lo bueno basta para evitar una crisis de difícil reparación.
LEA MÁS: No solo tenemos el déficit fiscal
El plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas contiene medidas poco controversiales. Algunas de ellas son viejas aspiraciones de los administradores públicos. El gobierno pretende, por ejemplo, la recuperación de una norma destinada a flexibilizar los destinos específicos. También procura una definición precisa del gasto en educación para dimensionar el mandato de destinarle el 8 % del producto interno bruto.
Otras disposiciones responden a la necesidad de ajustar la estructura tributaria a la realidad cambiante. La modernización de la economía nos hace cada vez más dependientes de la producción de servicios, pero la carga tributaria sigue recayendo sobre los bienes. También hay esperanzas de aumentar la recaudación mediante el control adicional del impuesto al valor agregado. Ninguno de esos objetivos nada contra corrientes mayoritarias. Falta romper el círculo de la desconfianza.
