Editorial

Editorial: Un plan sobre Nicaragua

La expresidenta Laura Chinchilla propuso al Congreso estadounidense relevantes medidas para frenar a Ortega. Si las condenas no han sido eficaces, es hora de acciones más robustas para abrir ventanas de cambio

Conforme se acerca el 7 de noviembre, cuando se consumará la farsa electoral de Nicaragua y Daniel Ortega quedará aún más expuesto como el dictador que es, una pregunta se torna cada vez más urgente para los demócratas de su país y el mundo: ¿qué hacer?

Para evitar el fraude, todo indica que ya nada es posible. A estas alturas del proceso de captura institucional, consolidación represiva y desdén por los más elementales visos democráticos, la suerte está echada. Ortega, Rosario Murillo y su pequeño círculo de cómplices, seguirán adelante. Para la oposición interna, la respuesta es cárcel, golpes y miedo; para la comunidad internacional, desdén absoluto. Hasta ahora, han tenido éxito y no cambiarán su curso.

Sin embargo, sí existe un repertorio de opciones que, al menos desde organizaciones multilaterales y gobiernos democráticos, pueden y deben activarse, con dos propósitos clave: hacer pagar al déspota y sus secuaces el más alto precio posible por su enquistamiento en el poder, y crear condiciones para desconocer el proceso «electoral» y exigir con contundencia la repetición de las elecciones en igualdad de condiciones del oficialismo y la oposición y estricta supervisión externa.

El pasado martes, en una audiencia ante el subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes estadounidense, la expresidenta Laura Chinchilla planteó un listado integral de iniciativas en tal sentido. Deberían ser tomadas muy en cuenta, no solo por sus interlocutores y el gobierno de Joe Biden, sino también por otros actores internacionales clave.

El testimonio de la expresidenta tuvo dos partes. En la primera se refirió a algunas de las consecuencias más graves generadas por la arremetida del dictador. La más ominosa e inaceptable, por supuesto, han sido las muertes y encierros, la conculcación de los más elementales derechos civiles y un enorme retroceso en las ya precarias condiciones de vida en Nicaragua. Esto ha conducido al incremento migratorio desde el recrudecimiento represivo en abril del 2018, al estímulo de otros autócratas en Centroamérica y el resto del hemisferio, a mayores amenazas a la seguridad regional por sus vínculos militares con Rusia, y a posibles disrupciones del comercio regional.

A partir de este panorama, Chinchilla procedió con sus recomendaciones: que instituciones internacionales relevantes, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA), actualicen sus informes sobre las agresiones a los derechos humanos y expongan el andamiaje y engranajes de la farsa electoral; invocar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y suspender a Nicaragua de la OEA; frenar el apoyo de organizaciones financieras internacionales al régimen y la cooperación que aún el Comando Sur de Estados Unidos provee a las fuerzas armadas sandinistas; investigar a todos los miembros de la familia Ortega-Murillo por lavado de dinero y tráfico de drogas, y brindar ayuda humanitaria a los nicaragüenses migrantes y los países que los acogen, en particular a Costa Rica y Panamá.

A partir de lo anterior, la expresidenta propuso articular una ofensiva diplomática coherente y coordinada entre Estados Unidos, sus aliados del hemisferio y otras democracias occidentales. Planteó como primer objetivo evitar el fraude electoral, pero si esto no se logra —como creemos que sucederá—, negar legitimidad al gobierno que emane de él. Se trata, en esencia, de estar listos para el «día después» y convertirlo en acicate para un nuevo proceso.

En medio de tanta desorientación, estas sugerencias pueden servir, al menos, como una guía para articular esfuerzos e ir más allá de las condenas, con el cuidado de que las acciones más contundentes planteadas golpeen al régimen, no al pueblo nicaragüense. La atención con que fueron oídas debería dar paso, ahora, a un verdadero plan de acción, bien coordinado, concreto y progresivo. Nada garantiza que funcionará. Pero sí es posible garantizar que, si se sigue girando alrededor de estrategias fallidas, y si no hay una movilización enérgica para evitarlo, la tragedia de Nicaragua podrá durar muchos años más.