A partir del próximo lunes, los usuarios del tren podrán pagar el pasaje por medios electrónicos gracias a la donación de 70 datáfonos recibidos del Banco Nacional. No es el sistema idóneo, especialmente para el grueso del transporte público operado por concesionarios.
Es un paso adelante en los trenes del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, donde la precisión del número de usuarios no es tan crítica como en los autobuses y la operación de un sistema mixto, de pago electrónico y en efectivo, a elección del usuario, tiene consecuencias limitadas, salvo el aumento en la eficiencia y la comodidad del usuario.
El pago electrónico es indispensable para recabar información fidedigna sobre el número de pasajeros transportados en cada ruta. El dato es esencial para fijar tarifas que afectan a cientos de miles de personas, cuyos presupuestos destinan porcentajes considerables del ingreso familiar al transporte.
La necesidad se hace sentir desde hace años, cuando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) contrató al Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica un estudio que detectó grandes discrepancias entre el número de usuarios contabilizados y los reportados por algunos transportistas.
Para obtener datos confiables, es indispensable destronar el pago en efectivo. Mientras exista, al menos parcialmente, habrá forma de manipular la información ofrecida a la Aresep para el cálculo de tarifas. Si los datos recabados por el Produs hubieran sido utilizados para fijarlas, el resultado habría favorecido significativamente a los usuarios.
Pese a los ríos de dinero que fluyen por el transporte público y el impacto del servicio en la población más necesitada, los años pasan y nada cambia. El pago electrónico fue propuesto en el 2014 y, en el 2017, luego de intensos debates, se firmó un convenio interinstitucional para establecer una estructura ejecutora del proyecto. En esa época, rechazamos el arreglo como una medida dilatoria y, como es obvio, acertamos.
Las últimas promesas fueron formuladas el año pasado y las fechas de cumplimiento ya pasaron. En abril del 2020 el gobierno anunció la aplicación del sistema de pago electrónico en los trenes durante el primer trimestre de este año. En setiembre, dijeron las autoridades, se estrenaría en algunos autobuses del área metropolitana.
Estamos en setiembre y apenas se anuncia la posibilidad de pago electrónico en los trenes, pero no con el sistema desarrollado por el Banco Central. Ni hablar de autobuses y menos de un sistema excluyente del efectivo para mejorar el control del transporte y la fijación de tarifas. Esto último no está en los planes. El sistema diseñado por el instituto emisor contempla, también, el uso de efectivo.
Los pagos electrónicos se harán mediante tarjeta de débito, crédito y prepago y códigos QR descargados en dispositivos móviles. El sistema operará sobre la infraestructura del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), a cargo del Banco Central, e interactuará con una plataforma desde donde lo recaudado se distribuirá entre las empresas de transporte. Según se vaya extendiendo la modalidad, podría convertirse en un punto de referencia para la fijación de tarifas, pero eso dependerá del grado de exclusión del efectivo.
El pago electrónico y el plan de sectorización destinado a reordenar el transporte público, incluido el ingreso de autobuses a la capital, suscitan fuerte resistencia de grupos de concesionarios. Al parecer tienen la batalla ganada, no solo por los constantes atrasos del sistema electrónico, sino también por el portillo entreabierto de la coexistencia con el pago en efectivo.