La eficiencia no importa. Tampoco el costo de los bienes y servicios o la utilidad de la institución. Con tal de mantener abiertas las entidades estatales, el gobierno está dispuesto a vender guaro y, si el público deja de tomarlo, se ofrece a transformar la producción en combustible, es decir, etanol.
El Consejo Nacional de Producción (CNP) y su subsidiaria, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), dependen del guaro para mantenerse a flote. Un océano de licor de 1,6 millones de cajas de 12 litros por año mantuvo las preocupaciones financieras bajo control a fines del siglo pasado pero la producción de hoy, comparada con la del 2000, es un 72 % menos (450.000 cajas anuales).
El Estado, como sucedió en el caso de Bancrédito, no acepta la realidad y ni siquiera contempla la posibilidad de cerrar las instituciones. Las autoridades andan desesperadas en busca de otra actividad para darles sustento. El monopolio del guaro no le bastó a Fanal, como el de los timbres e impuestos de salida, entre otros, no pudo salvar a Bancrédito. La prolongación de la innecesaria existencia del banco causó pérdidas tan importantes como para impactar la medición del déficit fiscal.
Los ¢130.000 millones perdidos en Bancrédito representan el último esfuerzo por salvar a la institución, no porque tuviera una importante función estratégica sino por la institución misma y el bienestar de sus empleados. Todos deseamos la rápida colocación de los funcionarios de Bancrédito en otros puestos de trabajo, pero no tiene sentido financiar, con los escasos recursos de la colectividad, la existencia de empleos innecesarios. El fin de Bancrédito ya ocurrió para todo efecto práctico y nada pasa en el país, salvo las pérdidas incrementadas por los últimos esfuerzos para preservar su inútil existencia.
Ahora, la propuesta para salvar al CNP y Fanal es sustituir los menguados ingresos del guaro por la producción de etanol para la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). La mezcla con derivados del petróleo limitaría el impacto dañino del combustible sobre el ambiente, pero la razón de la “diversificación” es otra. El CNP perdió ¢5.112 millones el año pasado, ¢3.170 de ellos en Fanal.
El presupuesto anual ronda los ¢71.500 millones y hay 420 empleados, con los beneficios usuales en las instituciones del Estado. El gobierno le hizo transferencias por ¢7.290 millones en el 2014, ¢2.250 millones en el 2015, ¢2.000 millones en el 2016 y ¢200 millones en el 2017. Las ganancias de Fanal no dan para mantener al Consejo, pero también es deficitario el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), que vende alimentos a entidades públicas, principalmente a escuelas y colegios.
Las pérdidas del CNP en ese programa no son producto del traslado de beneficio alguno a las instituciones obligadas a comprarle alimentos. El año pasado, La Nación informó de los altos precios exigidos por el CNP a los centros educativos, con perjuicio para sus presupuestos y la alimentación de los estudiantes. Según el reportaje publicado el 6 de junio del 2017, el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, en Orotina, pagó ¢4.234 por kilo de carne molida corriente cuando pudo haberla comprado por cerca de ¢2.450. Las papas le salieron en ¢600 cuando en el mercado las ofrecían por ¢495 y las moras utilizadas en el fresco costaron ¢200 más por kilo.
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Ya en mayo del 2013 la Contraloría General de la República sugirió valorar un proceso de cierre ordenado del CNP en vista de su situación financiera y de su “riesgo de sostenibilidad operativa”. Entre el 2008 y setiembre del 2012, la institución había acumulado pérdidas operativas por ¢12.779 millones y sus pasivos rondaban los ¢22.120 millones, pese a recientes esfuerzos de reestructuración. A cinco años de aquel informe, estamos en busca de una nueva solución mágica. Todo menos el cierre, no importa el costo.