EscucharEl Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una de las piezas claves de la red de nuestra seguridad social y cubre a más de 2,6 millones de afiliados —trabajadores activos, pensionados y asegurados del Estado—, así como a sus dependientes, muchos de los cuales difícilmente tendrían acceso a servicios médicos en ausencia del SEM. Por tanto, corresponde a todos, autoridades y ciudadanos, asegurar su cabal funcionamiento.
A diferencia de los seguros comerciales, cuya protección se ofrece a cambio de una prima pagada por los contratantes y ajustada al riesgo de cada uno, en el SEM no existe relación directa entre las cuotas y los servicios recibidos por los beneficiarios, pues media la solidaridad. Además, en el SEM, existen compromisos de naturaleza “fija”, como la atención a los pensionados y asegurados del Estado, así como a sus dependientes, sin importar las cuotas de los trabajadores activos, sus patronos y el propio Estado.
El SEM es un seguro “de reparto”, no de reserva. Las contribuciones de un año deben ser suficientes para atender los compromisos de ese año, a diferencia del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. En consecuencia, el SEM es muy sensible a cambios en variables como la morosidad de trabajadores, patronos y Estado, el costo administrativo y el nivel de afiliación, muy relacionado con el ciclo económico.
En la actualidad, la actividad económica está en niveles relativamente bajos y el desempleo es alto, lo cual afecta directamente los ingresos del SEM. Según datos de la CCSS, los aportes obrero-patronales al seguro durante los años 2018 y 2019 mostraron un crecimiento por debajo del 6 %, lo que contrasta con el crecimiento interanual durante la última década, que promedió un 8,8 %.
Eso es preocupante dada la elevada proporción de costos fijos, constituidos por los servicios que demandan los pensionados y los asegurados por el Estado, además de los costos de administración. El ideal para las finanzas del SEM es que el desempleo sea bajo para tener alta afiliación y contribuciones crecientes. En caso contrario, la CCSS debe controlar la expansión del gasto administrativo, comenzando por los salarios y beneficios adicionales de sus funcionarios. También es preciso controlar otros costos, como alquileres, equipos y similares.
Por su lado, la opción de aumentar las cotizaciones atentaría contra la creación y formalización del empleo, con grave perjuicio para la propia CCSS.
Vuelve a quedar clara la necesidad de reactivar la economía, no solo para reducir el desempleo y aliviar la pobreza afincada en uno de cada cinco hogares, sino para mejorar la situación del Gobierno Central por la vía de una mayor recaudación, así como las finanzas de la CCSS, que cuentan en el cómputo de los resultados del sector público consolidado y que, de entrar en dificultades, obligarían al Ministerio de Hacienda a aportar los recursos financieros necesarios para solventarla.
Por fortuna, las empresas establecidas en zonas francas han tenido un desempeño destacado en los últimos años, con lo cual han contribuido a sostener la economía del país y, con el pago de salarios y cargas sociales, también ayudaron al sostenimiento de los regímenes administrados por la CCSS. Otros sectores han hecho grandes esfuerzos para encarar las dificultades y salir adelante. Ojalá las señales de reactivación de los últimos meses se mantengan e intensifiquen porque no hay otra forma de sostener, a largo plazo, nuestro sistema de seguridad social.
