EscucharCientos de conservadores reunidos la semana pasada en Washington para la cita anual de la Conferencia Conservadora de Acción Política (CPAC) escucharon al presidente Donald Trump insistir en la idea de armar a los maestros para prevenir nuevas masacres como la sucedida en Parkland, Florida, con el trágico saldo de 17 muertos.
Trump hizo a un lado las tímidas propuestas de control de armas esbozadas por él poco después de la masacre y entró en sintonía con una larga lista de figuras proclives a mantener las regulaciones vigentes para la adquisición de armas de defensa personal y de asalto como los rifles AK-47 y AR-15. Esos requisitos prácticamente se reducen a mostrar un documento oficial para confirmar la identidad y edad del comprador.
Por la actividad de la CPAC desfilaron, aparte del presidente, el vicepresidente Mike Pence, otros miembros del gabinete, congresistas republicanos, formadores de opinión y Wayne LaPierre, director de la National Rifle Association, principal organización de quienes se oponen a fortalecer los controles sobre la adquisición y tenencia de armas. El elenco incluyó personalidades del exterior como la cineasta y política francesa Marion Maréchal-Le Pen y Nigel Farage, miembro del Parlamento británico e impulsor del brexit.
Nunca estuvo en duda la intención de reafirmar la interpretación conservadora de la segunda enmienda constitucional (el derecho ciudadano a guardar y portar armas), y aprobar el plan de Trump para armar a los maestros y reconocerles un módico aumento de sueldo en compensación del esfuerzo. Según el mandatario y otros de su equipo, es indispensable convertir a las escuelas en fortalezas y, para lograrlo, adiestrar a los educadores y demás personal en el uso de armas.
Por ironía, la propuesta surge de los esfuerzos desplegados por estudiantes de Parkland decididos a impedir la repetición de hechos sangrientos en su institución o en cualquier otra. Los jóvenes exigen fortalecer el control sobre la venta de armas, prohibir la posesión de las más letales y fortalecer la seguridad para impedir su ingreso a las instituciones educativas.
La Casa Blanca responde con una propuesta encaminada exactamente en el sentido contrario. “Si declaramos a las escuela zonas libres de armas, ponemos a los estudiantes en un peligro mucho mayor”, afirmó el presidente y añadió: “No quiero cien guardias con rifles por toda la escuela, sino conceder permisos de portación discreta”.
El rápido aval de la CPAC al planteamiento del mandatario, expresado al tiempo que pronunciaba el rechazo a nuevos controles, lo dice todo sobre las fuentes de inspiración del gobernante y la influencia de la industria de armas, una de las grandes contribuyentes a las campañas electorales de políticos afines.
En la acera de enfrente, quienes exigen mejores controles comienzan por señalar que las masacres en escuelas son un bajo porcentaje de los homicidios cometidos con armas de fuego en los Estados Unidos. Son acontecimientos especialmente trágicos, pero el país pierde muchas vidas más en otros incidentes.
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Por otra parte, ningún estudio afirma la idoneidad del maestro armado para frenar un ataque como el de Parkland. Por el contrario, hay estadísticas que apuntan a la relación entre la disponibilidad de armas y los homicidios perpetrados con ellas. Además, la posibilidad de más muertes en el fuego cruzado o de errores fatales aumenta significativamente y la cantidad de docentes con experiencia militar y de manejo de armamento es mucho menor que la citada por el mandatario (10 % o 20 %).
En suma, los jóvenes alumnos de Parkland y otros que se les han sumado en todo el país para exigir mayores controles demuestran más sentido común que las altas autoridades obligadas a velar por su seguridad. En Costa Rica deberíamos tomar el ejemplo de los primeros y no de estos últimos.
