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Costa Rica está rezagada en la instalación de redes 5G, incluso en relación con otros países latinoamericanos, dice un informe recientemente publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hay más de 22 redes 5G en América Latina, sobre todo en Brasil, asegura el informe. Las cámaras locales del sector reiteran la advertencia y, sin embargo, el retraso se mantendrá durante años. Es imposible saber cuántos, pero serán, cuando menos, dos.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) sigue en espera de instrucciones del Poder Ejecutivo para llevar a cabo la subasta del espectro radioeléctrico necesario para disponer de la nueva tecnología, indispensable para mejorar la atracción de inversiones, aumentar las posibilidades de desarrollo de empresas nacionales y mejorar la calidad de vida de la población mediante la internet de las cosas.
La tecnología 5G ofrece un ancho de banda muy superior al de las actuales redes 4G. En consecuencia, las velocidades de transferencia de datos llegan a 10 gigabits por segundo y con eso abren infinidad de oportunidades para el comercio, la industria, la educación, la ciudadanía digital y la vida cotidiana. Es el futuro tratando de abrirse paso a través de la maraña burocrática e institucional costarricense.
La estimación de dos años es a partir de una fecha todavía desconocida, pero podría resultar optimista. No solo hay antecedentes de plazos incumplidos, sino también dudas sobre la oferta que el país presentará a las empresas internacionales interesadas en desarrollar las redes. El año pasado, el Poder Ejecutivo anunció, por fin, la disposición del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a permitir al país utilizar una parte del espectro que tiene en concesión y desperdicia desde hace años, pero, casi de inmediato, la Sutel declaró insuficiente la “devolución” del espectro propuesta por la entidad.
El ICE pretende mantenerse como único operador en los 2.600 megahercios (MHz). La oferta lo deja en posesión de una cantidad desproporcionada del espectro y niega a los competidores la posibilidad de desarrollar sus redes a plenitud. Las bandas de 1.400 MHz, 2.600 MHz y 26 gigahercios (GHz) también son necesarias para construir las redes 5G. Sutel ha señalado a lo largo de los años la subutilización del espectro asignado al ICE, que dispone de 534 MHz, cuando sus dos competidores privados de la actualidad solo poseen 100 MHz cada uno.
El acaparamiento y desperdicio solo se explican como barreras al ingreso de competidores al mercado y bien podrían tener éxito, al menos parcialmente. Las limitaciones de la oferta nacional desestimulan la participación de empresas internacionales en la futura subasta. También podrían crear puntos de fricción con disposiciones de los convenios internacionales suscritos por el país.
Si los trámites permiten, con buen viento, celebrar el concurso en dos años (fuentes de la empresa privada temen un plazo hasta de cuatro) no hay claridad sobre el atractivo del espectro por subastar ni la rapidez de la instalación de las redes por las empresas adjudicatarias. El panorama es sombrío. Ya se perdió mucho tiempo y es hora de una intervención decidida para poner fin al rezago.
La resistencia del ICE se mantiene y la voluntad de devolver espectro no pasa de las apariencias. Si persiste, el Estado debe emplear la facultad establecida en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones para emitir una declaratoria de interés público y extinguir la concesión de la empresa estatal. En juego está el incremento de pérdidas de cuantía inestimable.
