Como mecanismo ultrademocrático, el referendo engarza con la antipolítica de nuestros días y se ofrece como remedio para la ‘ingobernabilidad’
Conteo manual de papeletas del referendo del 2007 para decidir la firma del TLC con EE. UU. Fotografía: Alexánder Otárola.
Consejo Editorial de La Nación
Criticar el referendo como medio para tomar decisiones en una sociedad democrática es exponerse a acusaciones de elitismo e irrespeto al soberano, pero la institución es blanco de cuestionamientos en medios de insospechables credenciales democráticas y recibe elogios en otros, menos prestigiosos.
Pasado el referendo del brexit, cuyo estrecho resultado precipitó al Reino Unido por un camino lamentado en la actualidad por la mayoría, el presidente francés Emmanuel Macron comentó que los problemas nacionales más difíciles no pueden ser resueltos con un simple sí o no. Sin embargo, el autoritario Viktor Orbán exalta las virtudes de la “democracia directa” en Hungría como lo hizo el chavismo en Venezuela.
Como mecanismo ultrademocrático, el referendo engarza con la antipolítica de nuestros días y se ofrece como remedio para la “ingobernabilidad”. Por su medio, el populismo propone alcanzar la “ejecutividad” y la “eficiencia” supuestamente impedidas por los mecanismos habituales de la institucionalidad, especialmente la republicana.
La naturaleza dicotómica del referendo erradica los matices y obliga a una toma de posición radical a partir de preguntas incapaces de recoger toda la complejidad del tema sometido a votación. El difícil debate del brexit se condensó en una pregunta: ¿Debe el Reino Unido permanecer en la Unión Europea o debe abandonarla?
Nadie votó sobre la forma de conducir las relaciones comerciales con Europa después de la partida, la forma de lidiar con las dificultades de la frontera irlandesa y un sinnúmero de asuntos que a la postre dificultaron la ruptura, la prolongaron por años y ahora, cuando es demasiado tarde, amalgaman a la mayoría de los votantes en un rechazo a la decisión tomada hace nueve años por estrecho margen.
Era una pregunta con muchas implicaciones. Lo mismo puede decirse del único referendo celebrado hasta ahora en Costa Rica. La votación sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana redujo la manifestación de la voluntad ciudadana a un sí o un no. También por estrecho margen, decidió una cuestión trascendental para el país y dejó pendiente la llamada “agenda complementaria”, sin cuya aprobación en la Asamblea Legislativa todo el esfuerzo y la polarización del momento habrían sido en vano.
Si el carácter binario del referendo exige la reducción de temas tan complejos a una simple pregunta, no puede ser más obvio que la decisión del electorado siempre carecerá del detalle y la especificidad necesarios para constituirse en una verdadera manifestación de voluntad sobre todos los aspectos del problema planteado.
El votante dirá si está de acuerdo con el TLC o no, pero no sobre la conveniencia de la ley para la modernización y el fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones o el papel del INS en un mercado abierto de seguros. Más difícil todavía es consultar cada artículo de una ley propuesta y mucho menos de varias. El votante podría manifestar acuerdo con la venta de un activo estatal, pero no sentirse complacido por los medios de ejecución del negocio llegado el momento de concretarlo.
El TLC se resolvió en referendo porque el Congreso había demostrado incapacidad para llevar la discusión adelante, pero eso se debió más al diseño del procedimiento legislativo que a un defecto intrínseco del foro creado para legislar. En aquel momento, existía la posibilidad de ejercer maniobras dilatorias capaces de impedir la manifestación de la voluntad mayoritaria de los diputados. Un referendo para sobreponerse a esa voluntad y suplantar el proceso de formación de las leyes es cosa bien distinta, aunque el resultado deba apegarse a la Constitución Política y existan graves materias técnicas a salvo del mecanismo.
“El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa”, dice el artículo 105 de la Constitución Política. Esto no quiere decir que las demás materias puedan resolverse en las urnas.
El TLC se resolvió en el 2007 en referendo porque el Congreso había demostrado incapacidad para llevar la discusión adelante, pero eso se debió más al diseño del procedimiento legislativo que a un defecto intrínseco del foro creado para legislar. Fotografía: Alexánder Otárola.
