Editorial: Red de carga de vehículos eléctricos necesita recarga

Uno de los principales obstáculos para quienes quieren dar el salto a un vehículo eléctrico no es el precio –que ha bajado gracias a la oferta de marcas, sobre todo, chinas–, sino la incertidumbre sobre las recargas en trayectos largos. En teoría, un viaje de San José a Guanacaste debería ser viable con la planificación que ofrecen útiles aplicaciones celulares. Pero, en la práctica, muchos temen no encontrar cargadores funcionales o sin largas filas.

Esa inseguridad alimenta la llamada “ansiedad de autonomía”, el temor persistente de quedarse sin energía. Y no es una inquietud infundada. Según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), entre enero de 2023 y abril de 2024 se registraron casi 5.000 fallas en estaciones de carga, 93% por problemas de software. Muchos equipos fueron diseñados con parámetros europeos y no son compatibles con vehículos de origen chino, que dominan el mercado costarricense. A esto se suma el mal uso por parte de usuarios y la falta de mantenimiento.

Además, la red de carga está mal distribuida. Aunque existen 125 puntos de recarga, la mayoría está en la Gran Área Metropolitana. Las zonas rurales, costeras y turísticas siguen rezagadas, justo donde más se requiere una infraestructura confiable para trayectos largos.

A pesar de los esfuerzos iniciales de instituciones como el ICE y la CNFL, persisten situaciones absurdas como el “divorcio operativo” entre ambas. Cada una tiene su propio sistema de cobro. Si una persona no cuenta con la tarjeta RFID específica de cada empresa –previamente tramitada–, simplemente no puede usar los cargadores. Es como si el ICE y la CNFL estuvieran en guerra y, sí, los usuarios pagan las consecuencias. ¿Por qué no habilitar un sistema universal de pago con tarjeta de crédito o débito? Esa barrera ya fue superada por Coopelesca, Coopeguanacaste y, a partir del 31 de marzo, también por la CNFL. Pero el ICE aún se mantiene rezagado, lo cual resulta incomprensible.

En este contexto, el proyecto de ley 24.171 que se discute en la Asamblea Legislativa podría marcar un cambio significativo. Esta iniciativa permitiría al sector privado ofrecer el servicio de recarga, actualmente restringido a las distribuidoras de electricidad. Su aprobación abriría paso a más inversión, competencia, innovación y cobertura. Sin embargo, el avance del plan se ve bloqueado por mociones dilatorias, lo que retrasa una decisión clave para la expansión de esta tecnología y termina afectando directamente al consumidor, que sigue afrontando una red de carga insuficiente y con limitaciones operativas.

A este panorama se suma otro desafío: el de la reducción progresiva de los incentivos fiscales. Desde enero de 2025, el IVA para los vehículos eléctricos pasó del 2% al 3%, y en junio se empezarán a cobrar parcialmente el impuesto selectivo de consumo (7,5% del valor CIF) y el impuesto al valor aduanero (0,25%). En conjunto, la carga fiscal pasará del 2% al 10,75% este 2025. Esto impacta los precios finales.

En medio de esta coyuntura de obstáculos, Costa Rica debe poner el ojo en Noruega, que, pese a ser un gran productor de petróleo y gas, es líder mundial en movilidad eléctrica. Allá, el 89% de los autos nuevos vendidos en 2024 fueron eléctricos. La clave ha sido la consistencia: políticas previsibles, incentivos bien dirigidos, infraestructura accesible y una fuerte señal política de que el futuro ya llegó. Incluso muchas gasolineras se han transformado en puntos de carga.

Alemania, en cambio, retiró los subsidios prematuramente y vio caer las ventas de eléctricos en un 27%, mientras que los autos de combustión recuperaron terreno. El mensaje es claro: sin un ecosistema maduro, cortar los incentivos puede llevar a un retroceso.

Costa Rica tiene una oportunidad histórica debido a que las ventajas del vehículo eléctrico son innegables: menos contaminación, menos ruido, menos costo en relación con la gasolina o el diésel, y en el mantenimiento. Las baterías son cada vez más eficientes, y ya existen modelos con autonomías de 400, 500 o más kilómetros. Hay promesas de cargas ultrarrápidas en solo cinco minutos. Pero para que todo eso tenga sentido, se necesita una red de carga confiable, accesible y moderna.

Tener autos eléctricos sin suficientes puntos de recarga es como tener celulares sin cobertura. La transición energética no se logra con eslóganes ni con beneficios fiscales temporales. Requiere visión de largo plazo, decisiones técnicas acertadas y voluntad política firme. El gobierno debe tomar la batuta. De lo contrario, seguiremos condenando a los vehículos eléctricos a circular solo dentro del anillo de la GAM, mientras el resto del país sigue esperando una red de carga que nunca llega.