El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a 23 personas vinculadas con la legitimación de capitales producto de la extracción ilegal de oro en Crucitas y Corcovado. Las pesquisas comenzaron hace más de un año y culminaron, el jueves 20 de agosto, con los arrestos y 33 allanamientos. Solo en Crucitas, el valor del oro extraído se calcula en decenas de millones de dólares.
Semejante fortuna atrae al crimen organizado; además, a operadores independientes de todo tipo de negocios ilícitos, desde la deforestación hasta el tráfico de armas. Crucitas, en Cutris de San Carlos, sufre la tala, el trasiego de sustancias peligrosas utilizadas en la minería ilícita —como cianuro y mercurio— y el tráfico de inmigrantes ilegales. Según el OIJ, los delincuentes también corrompen a funcionarios de la zona.
Los coligalleros, revela el informe, se alían con empresarios locales y emplean maquinaria agrícola para cavar túneles, con irreparables daños para el ecosistema, incluidos la corta de árboles y el uso de las sustancias prohibidas que terminan contaminando los ríos y matando la vida silvestre. Si la información del OIJ es correcta, la delincuencia desplazó al Estado.
La Fuerza Pública desmantela cuarterías y clausura túneles, pero recuperar la soberanía sobre el área exige un esfuerzo permanente. Las acciones esporádicas no hacen mella en la minería ilícita, con tantos millones en juego. La investigación del lavado de capitales para negar a los delincuentes el fruto de su actividad ilícita es un elemento indispensable de la lucha contra la explotación clandestina, pero no hay sustituto para la vigilancia a cargo de funcionarios probos, cuya rotación también es crucial para evitarles las constantes ofertas de corrupción.
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Crucitas es un dolor de cabeza desde los malogrados acuerdos con la firma canadiense Industrias Infinito. En el 2015, cuando la empresa dejó el país y vendió la finca, el Estado no adoptó las previsiones necesarias para evitar el caos en la zona. Hoy, Crucitas está fuera de control y los daños ecológicos superan los perjuicios imaginables si una compañía minera hubiera conducido la explotación con supervisión del Estado.
El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, admitió el miércoles 19 de agosto, en el Congreso, la imposibilidad de supervisar las concesiones mineras con solo 38 funcionarios en la Dirección General de Geología y Minas del Minae y se lamentó por la poca eficiencia en el otorgamiento de concesiones. El trámite dura hasta ocho años, “sea un tajo o una mina”, afirmó.
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Los trámites deben ser ágiles y la reforma del departamento propuesta por el ministro puede tener mérito, así como la elevación del canon de explotación, pero el problema planteado por el OIJ es policial. La valoración del ministro contrasta con la de ese organismo. Según Rodríguez, las acciones de contención en Crucitas redujeron a un “nivel mínimo” la extracción de metales preciosos y la presencia de personas en el poblado.
No obstante, el informe del OIJ, hecho por requerimiento de la Sala Constitucional, apenas data de mayo y describe la intensa actividad del crimen organizado, así como el daño ambiental. En respaldo de la versión del OIJ están los decomisos de cuantiosas cantidades de sustancias utilizadas para extraer oro y los arrestos de esta semana, aunque no todos están relacionados con la minería ilegal en San Carlos.
Conciliar la valoración del ministro con los informes recabados por los investigadores judiciales es un primer paso, urgente, para definir la respuesta del Estado en defensa de sus riquezas naturales y del ambiente.
