La miopía de los gobiernos anteriores, que prohibieron la extracción de oro a cielo abierto, a pesar de que los países más celosos del ambiente lo permiten porque existen prácticas de extracción compatibles con la preservación de la naturaleza, y la inacción de la actual administración son las causas de la catástrofe en Crucitas.
Los primeros, porque si hubieran permitido a Infinito Gold la explotación de la mina el país estaría recibiendo considerables sumas de dinero en tributos y cánones, con la certeza absoluta de que la extracción del oro se llevaría a cabo conforme con las prácticas más modernas, respetuosas del ambiente.
El gobierno de Carlos Alvarado renunció al ejercicio de la soberanía en una parte de nuestro territorio al dejar que los coligalleros, especialmente provenientes de Nicaragua, extrajeran el oro mediante la utilización de prácticas dañinas, tales como el uso de mercurio —prohibido a escala internacional en la industria minera— y el cianuro.
Cuando la ciudadanía alertó de lo que estaba ocurriendo en Cutris de San Carlos, el gobierno actuó con pasividad y, cuando intervino, el daño ambiental estaba hecho.
Su conducta negligente contribuyó no solo al robo de parte de nuestra riqueza minera —estimada recientemente por el mismo gobierno en la suma nada despreciable de $192 millones—, sino también al daño al ecosistema, lo cual paradójicamente pretendían evitar quienes se opusieron al otorgamiento de la concesión de la mina Crucitas en su momento. Ninguno de ellos ha salido a denunciar la conducta omisa del gobierno, por lo cual pareciera que en su oportunidad actuaron por móviles estrictamente políticos y oportunistas.
¿Por qué ahora no exigen al Estado tomar las medidas de mitigación necesarias y volver los terrenos salvajemente explotados a su estado original? ¿Por qué personas u organizaciones no se ofrecen como voluntarias para cubrir los costos de la recuperación, pero sí lo hicieron para oponerse al desarrollo?
El Estado tiene la obligación de asumir el precio de la recuperación de las tierras dañadas (aún no calculado por el gobierno) desde el punto de vista ambiental (daños que podían incluso extenderse al río San Juan) y sentar las responsabilidades civiles y penales contra quienes permitieron semejante barbaridad al medio.
Si en su oportunidad fueron acusados los funcionarios que otorgaron la concesión de Crucitas, empresa que no produjo ningún deterioro ambiental, ¿por qué ahora no se demanda a quienes posibilitaron la masacre medioambiental?
Es muy fácil señalar y denunciar por intereses y rencores políticos a funcionarios pertenecientes a otros partidos cuando se es oposición.
Si los principios éticos de un grupo político se aplican cuando están en el poder, deberían de igual forma denunciar a sus partidarios cuando, en el desempeño de puestos públicos, incumplen sus obligaciones legales.
El autor es abogado constitucionalista.