Luis Diego Vargas. 5 junio

A propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, antes de ponernos a discutir modelos legislativos para regular la actividad minera, es necesario preguntarnos: ¿De qué manera y con cuánta urgencia atenderá la sociedad costarricense el enorme daño ambiental generado en Crucitas o en Corcovado por la actividad de los coligalleros?

Volver sobre el debate de los beneficios o perjuicios de la actividad minera, o la responsabilidad de quienes adversaron o promovieron la explotación de oro en la zona norte, resulta ocioso. Pero no asumir la responsabilidad de forma colectiva, en este momento cuando ya existe evidencia del impacto en el ambiente por la actividad minera descontrolada, sería criminal.

Para revertir en alguna medida el daño ambiental es urgente actuar. Cada día que pase sin efectuar esta tarea equivale a aumentar el daño y a un crecimiento exponencial de los pasivos ambientales. Los ríos y la fauna mueren, no esperan leyes depuradas y celebradas.

No queremos miles de personas, dentro de algunas décadas, cobrando indemnizaciones por el efecto en su salud ocasionado por el contacto con mercurio utilizado en el proceso de extracción del oro, si no es que mueren muchos en el proceso.

Actividad económica. La situación de Crucitas no es exclusivamente ambiental. También es un problema social que no debe ser ignorado. Eso es común en toda actividad minera. No se trata de prohibir la minería, se trata de una actividad económica rentable y socialmente tan importante como producir bananos o microprocesadores, y acometerla responsablemente es nuestra obligación.

¿Puede el Estado gestionar profesionalmente los pasivos ambientales que allí y en otros sitios se han generado? Pienso que no. En primer lugar, el país no tiene los recursos financieros ni técnicos, y el Estado empresario es una idea cada día menos potable socialmente.

Parece que la vía más eficaz y rápida reside en algún esquema de colaboración público-privado con el que alguna empresa nacional o extranjera, de forma profesional y ordenada, ayude al Minae. Que las taras ideológicas no nos impidan considerar el modelo de las asociaciones público-privadas más allá de la construcción de carreteras para atender realidades diversas y complejas de naturaleza productiva en el campo minero.

Que lo que se haga para disminuir los daños ambientales por la minería informal sirva de modelo para atender otros focos de descontrol minero en el territorio nacional, como en Corcovado, Abangares y otros. Todos ellos requieren acciones preventivas o de intervención inmediata antes de llegar a situaciones de crisis e irresponsabilidad social.

Si es posible hacerlo teniendo en consideración acciones tendientes a amortiguar el impacto socioeconómico de las comunidades vinculadas a la minería, nos habremos comportado a la altura del modelo de sociedad virtuosa que procuramos mostrar al mundo en los ámbitos económico y ambiental.

Busquemos una respuesta a la catastrófica contaminación ocurrida en Crucitas y en otros puntos del país, donde las liberaciones artesanales de metilmercurio están causando un enorme daño ambiental y humano.

El autor es promotor de asociaciones público-privadas.