La devastación ambiental causada por la minería ilegal en Crucitas es una tragedia que, lamentablemente, pudimos evitar. El reciente estudio sobre la contaminación de mercurio y drenaje ácido en la zona, elaborado por un equipo interdisciplinario e independiente de científicos costarricenses, confirma que el daño ambiental es, probablemente, el peor del que tengamos registro en la historia de nuestro país.
Esta noticia me genera profunda frustración y tristeza. No solo representa un terrible riesgo de salud pública y una grave amenaza para nuestra biodiversidad, sino que es símbolo de una oportunidad perdida para una de las zonas más necesitadas de Costa Rica.
Siempre he sido claro sobre mis posturas políticas. Los costarricenses saben que digo lo que pienso y hago lo que digo, en este tema como en cualquier otro. Considero que la minería moderna es una actividad generadora de riqueza y de empleo, una actividad que puede gestionarse para asegurar que sea ambiental y socialmente responsable, segura y beneficiosa para la sociedad. Noruega, Australia o Canadá son ejemplos de países que han logrado traer bienestar a su población a partir de la minería y todos se ubican entre los primeros lugares del índice de protección ambiental.
Sé que muchas personas piensan distinto y entiendo su posición, aunque me parece contradictorio que nuestro país prohíba la minería a cielo abierto, pero consuma cada vez más y más productos fabricados con componentes que requieren de esa minería, desde los celulares hasta los equipos médicos.
También me parece contradictorio que nuestro país prohíba la industria mineral moderna y profesional, pero permita la minería artesanal que utiliza el mercurio. En cualquier caso, y aunque podemos diferir en nuestra posición en torno a la minería legal, creo que existe consenso en que esta es preferible al desastre ambiental que actualmente enfrentamos.
Extracción sostenible. El oro de Crucitas iba a ser extraído en condiciones reguladas y supervisadas, de forma sostenible, con tecnología de punta y empleando dosis de cianuro equivalentes a las que se encuentran de forma natural en varios de nuestros alimentos. Los coligalleros, en cambio, han contaminado la zona con mercurio, un elemento altamente tóxico que afecta el aire y el agua, y cuyos efectos perduran en el tiempo.
En este momento, nuestra prioridad debe ser atender la emergencia ambiental que se está llevando a cabo en Crucitas. Pienso, sin embargo, que también debemos reflexionar sobre lo que esto revela de nuestro sistema político y sobre la nociva práctica de fabricar escándalos donde no los hay.
Esa práctica, que empezó como una táctica de oposición, ha demostrado ser profundamente destructiva para nuestro tejido democrático, minando la confianza de la ciudadanía y agravando la crisis de gobernabilidad en que estamos sumidos.
Nuestra política es hoy una trama de insinuaciones. Hemos sustituido el debate de fondo por el intercambio de sospechas. En lugar de discutir cuál es la evidencia a favor o en contra de tal o cual iniciativa, se nos van los años discutiendo cuáles son las verdaderas razones que motivan a sus promotores, y se asume siempre que existen intereses ocultos detrás de toda propuesta.
Crucitas fue un proyecto que se inició en la administración Calderón Fournier, continuó en las administraciones Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella, y llevaba, por lo tanto, muchos años tramitándose cuando asumí mi segundo mandato como presidente de la República.
Falso. Insinuar que de alguna manera el proyecto está especialmente relacionado conmigo o con mi administración es una falsedad completa. Cualquiera que hubiera resultado electo en el 2006 habría recibido la solicitud de concesión de la compañía minera.
Cualquiera que hubiera resultado electo habría recibido la misma recomendación de parte del personal técnico del Minaet de declarar el proyecto de conveniencia nacional, algo que se derivaba de nuestra propia legislación, la que establece que la minería es de interés público.
Y cualquiera que hubiera resultado electo habría tenido que decidir si firmaba el decreto por el que actualmente me encuentro acusado, un decreto como el que se firman cientos en el ejercicio de la presidencia.
Yo aprobé el proyecto porque, como dije, considero que la minería puede traer oportunidades a nuestro país. Eso no quiere decir que fuera para mí una causa. Ni en la campaña política, ni en el programa de gobierno, ni en el Plan Nacional de Desarrollo, figura la minería como un eje central. Como gobernante, mi preocupación era traer a Costa Rica al siglo XXI y restituir su liderazgo moral en el ámbito internacional.
Me dediqué a aprobar el TLC. Me dediqué a recorrer el país para promover ese tratado en el primer referéndum que llevamos a cabo en nuestra historia. Me dediqué a que la Asamblea Legislativa aprobara las leyes de implementación de ese tratado. Me dediqué a modernizar nuestra economía y a romper los monopolios obsoletos del pasado. Me dediqué a liderar la cruzada que permitió la eventual aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas y a expandir nuestros horizontes, desde China hasta el Oriente Próximo. Me dediqué a buscar inversión extranjera y a generar empleo para enfrentar la crisis mundial del 2008. Imaginar que tuviera tiempo para planear la manera de cómo beneficiar a una empresa minera no solo manifiesta una teoría de la conspiración absurda, sino que revela una increíble ignorancia del funcionamiento de todo gobierno.
Acervo cultural. Crucitas para mí tenía importancia por los empleos que iba a generar en una zona deprimida y cuya vocación natural es la minería. Esto no es nuevo en nuestro país. Costa Rica tiene una tradición en el uso de metales. Solo hace falta visitar el Museo Nacional para darnos cuenta de que estos yacimientos han sido parte de nuestra historia y de que el uso de oro, cobre, jade y otros minerales del subsuelo por nuestros antepasados definen nuestra cultura.
Todo este proceso ha sido muy doloroso para mí y para mi familia. Confío, sin embargo, en nuestro sistema de administración de justicia. Hay quien me pregunta si hoy me arrepiento de haber regresado a la política. Aunque jamás habría querido pasar por esto, cada día de mi vida doy gracias por la oportunidad de haberle servido al pueblo de Costa Rica.
Si quiero que corrijamos los excesos de nuestra política es precisamente porque quiero que los costarricenses —especialmente los más jóvenes— encuentren vocación de servicio público.
Dignificar la política es entender que no hay tarea más noble que trabajar por mejorar las condiciones de vida de los demás. Yo he dedicado casi 50 años de mi vida a esa tarea y no cambiaría mi suerte. Ni ahora, ni nunca.
El autor fue presidente de la República de 1986 a 1990 y del 2006 al 2010.
