Cuando observamos las publicaciones internacionales sobre los países más felices del mundo, la facilidad para hacer negocios, los informes de riesgo país, etc., Costa Rica, usualmente, no sale bien calificada en varios aspectos, especialmente, infraestructura, crecimiento económico y trabas institucionales.
Pero hay un principio en el cual siempre ha destacado en Latinoamérica, y es en seguridad jurídica. Para el costarricense, ha sido uno de los valores más preciados, pues, aun con la dificultad de tener un sistema judicial que no es ni pronto ni cumplido, por lo menos se espera que, a la larga, sea defendido ante decisiones arbitrarias y violaciones flagrantes a sus derechos individuales. Y eso se reconoce internacionalmente.
En los últimos tiempos, sin embargo, hemos visto, con mucha preocupación, cómo se han venido presentando síntomas peligrosos que ponen en duda el que tengamos un sistema sólido de protección y respeto a los tratados internacionales, las leyes y la ejecución de las sentencias judiciales. De seguir por esa dirección, se perjudicaría el ingreso de inversiones extranjeras, especialmente, si implica compra de bienes inmuebles, construcción de edificios y registro de intangibles.
Si por algo se ha caracterizado Costa Rica, es por el profundo respeto a los tratados internacionales suscritos. Para el país, representan su mayor protección frente a las arbitrariedades, que no faltan en las relaciones comerciales externas. Todo empresario sabe que, una vez establecidas las condiciones comerciales, estas estarán salvaguardadas por la Constitución y las leyes, y, en última instancia, por los organismos internacionales para dirimir controversias. A nadie se le podría ocurrir que, una vez obtenido un fallo que protege sus derechos, las autoridades se muestren indolentes para ejecutar las medidas correspondientes.
Hechos preocupantes. Probablemente, hay muchos ejemplos, pero algunos son muy preocupantes. El primero de ellos es el de Crucitas. La empresa cumplió lo exigido y obtuvo el contrato. Por motivos que podemos presumir, pero que para la opinión pública se escudaron en razones ambientales, el país se desdijo de lo formalizado y se trajo abajo el contrato, exponiéndonos a una demanda que probablemente costará al país muchísimos millones de dólares y un enorme desprestigio como destino de inversión.
Quienes se empeñaron en perseguir con saña la anulación del contrato no han mostrado hoy la más mínima preocupación por la destrucción salvaje y el robo descarado de los yacimientos que pertenecen a todos los costarricenses. Las acciones de las autoridades no han pasado de ser tímidos conatos de control, más para salir en los medios que para salvaguardar la soberanía y el derecho.
Otro hecho inquietante es la violación flagrante que cometió el gobierno anterior, y continúa en la actual administración, del tratado comercial con México en lo referido a la importación de aguacates. Imbuidos en un arcaico espíritu proteccionista, buscaron un pretexto para prohibir a los costarricenses consumir un buen producto a precios razonables. Ya son muchos años de sacrificar el bienestar de los ciudadanos en aras del beneficiar de unos pocos productores locales.
Lo peor es que ni siquiera tienen un caso sólido de defensa como para anticipar una sentencia siquiera benévola de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El país deberá pagar muchos millones de dólares en daños, perjuicios, multas e intereses. Sin embargo, nada indica que se vaya a judicializar a quienes cometieron este desafuero.
En grado superlativo. Pero hay una flagrante violación de los derechos individuales a la propiedad privada, que si bien a la luz de los casos antes mencionados suena a peccata minuta, no lo es, pues deja en entredicho la protección esperada del Estado.
Me refiero a la invasión del terreno ubicado al norte del eufemísticamente llamado Triángulo de la Solidaridad, en Tibás, cuyos propietarios son una familia.
Esta invasión fue promovida por los mismos líderes que anteriormente vendieron tierras del Estado a los antiguos habitantes del Triángulo.
Los legítimos dueños, dada la inacción cómplice de las autoridades, recurrieron a los tribunales de justicia y estos les dieron la razón. Pero aquí viene lo más peligroso: el irrespeto del Poder Ejecutivo a una sentencia judicial que obliga al desalojo inmediato (incumplimiento de deberes). Simplemente ignoraron la orden, a pesar de los ingentes esfuerzos de los propietarios.
Como gran consuelo, las autoridades (ir)responsables se han dejado decir que no lo hacen, pues están gestionando la compra de esos terrenos (casi en el centro de San José), cuyo valor debe superar los $2.000 el metro cuadrado, para premiar a los usurpadores y brincarse todas las filas de gente que, quizás, son más merecedoras de la protección oficial.
¡Qué fácil disponen del dinero de nuestros impuestos, en una situación fiscal como la que estamos, para regalarlo, como si fueran bienes de difunto! Se habla incluso de construir edificios de apartamentos para reubicarlos allí, un privilegio que casi ningún costarricense tiene. No debemos permitir la violación a una sentencia judicial y el intento de saqueo de las arcas del Estado.
Imagino que esos mismos líderes (hace muchos años se les llamaba “zopilotes de la vivienda”) ya se frotan las manos para vender los terrenos, debidamente techados, que quedarán disponibles debajo de las estructuras de la nueva carretera elevada.
Parece que la ley tiene color y se aplica según el infractor. Esto es tremendamente peligroso.
El autor es economista.