30 mayo

La reactivación de la economía constituye una prioridad y debe ir de la mano de la reforma fiscal. Si la economía no vuelve a tomar, cuando menos, la senda del crecimiento promedio del pasado, el endeudamiento público seguirá creciendo y la carga de intereses también. Hasta los ingresos tributarios del Gobierno sufrirán. Sin reactivación, el desempleo continuará en un nivel alto y la pobreza y la desigualdad seguirán en rangos inaceptables. Esas circunstancias impulsarán un círculo vicioso al exigir más gasto social, lo cual atentaría contra la reducción del déficit.

Son muchas las bondades de una economía dinámica y, en nuestro caso, podríamos aspirar a tasas anuales de crecimiento del 5 % o más, no a lo que tenemos hoy, que no parece llegar al 3 %. Por eso, son bienvenidas las sugerencias del sector empresarial. Sin embargo, cada medida propuesta debe ser analizada profundamente para asegurar que no apareje incentivos perversos.

Son bienvenidas las sugerencias del sector empresarial. Sin embargo, cada medida propuesta debe ser analizada profundamente para asegurar que no apareje incentivos perversos.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) recién planteó un conjunto de recomendaciones de política pública e instó a ponerlas en práctica cuanto antes. Entre ellas, sobresalen las relacionadas con el sistema financiero. La Uccaep propone una rebaja del encaje mínimo legal del 15 % de los depósitos al 7,5 % para liberar recursos bancarios con el fin de dedicarlos a financiar nuevas actividades productivas. No obstante, la medida implica una expansión de la cantidad de dinero y, si resultara inflacionaria, obligaría al Banco Central (BCCR) a recoger recursos mediante la colocación de bonos de estabilización, lo cual aumentaría sus pérdidas. Pero la propuesta del sector empresarial tiene sentido y, como es la Junta Directiva del BCCR la encargada de aprobarla o no, bien haría en analizarla desde todas las perspectivas (“Uccaep plantea ocho ejes para reactivar economía”, La Nación, 23/5/2019).

La unión de cámaras también plantea aceptar como “normal” un 4 % de morosidad en las carteras bancarias y eliminar el “contagio bancario”, de conformidad con el cual si un deudor está atrasado en un ente financiero, este debe realizar una provisión y también otros acreedores, aunque con ellos el cliente se mantenga al día. En principio, una persona puede estar morosa porque el banco acreedor no hace buena gestión de cobro o porque su actividad principal enfrenta problemas. Si la razón es la primera, no hay motivo para obligar a otros acreedores a hacer la provisión, pero sí procede en el segundo caso.

Una solución salomónica consiste en que el ente financiero cuya cartera experimenta la mora haga la provisión total, pero los que no enfrentan esa situación solo aprovisionen un 50 %. Eso mejorará el proceso de concesión de crédito, el de su administración y el de cobranza sin crear una falsa ilusión de seguridad en el sistema financiero, fantasía que es necesario evitar a toda costa.

La Uccaep pide también recurrir más a la renegociación y readecuación de operaciones cuando los deudores experimentan problemas de pago. Esto ya se hace y los bancos siempre están dispuestos a adecuar los compromisos en casos, debidamente documentados, en que el arreglo permite a los deudores atender mejor sus compromisos financieros. No se debe readecuar por readecuar, solo para hacer parecer sanas operaciones crediticias problemáticas.

En otra área, la tributaria, la idea de adoptar un esquema de depreciación acelerada de activos es pertinente, en particular, si se refiere a nuevas inversiones, no a las del pasado, pues eso atentaría contra la recaudación fiscal sin ofrecer mucho a cambio en materia de reactivación económica.

Respecto a la sugerencia de simplificar trámites burocráticos innecesarios, se trata de un déjá vu. Del tema se habla desde hace mucho tiempo, pero la atención no ha sido la debida. Falta ejecutividad y sistematización en el enunciado y en la identificación de soluciones. El sector empresarial es el más favorecido con una reforma en esta materia y tiene fácil acceso a especialistas. Por eso, debería tomar la iniciativa y, cuanto antes, plantear al país su diagnóstico y la medicina.