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El proceso para que se convierta en ley parece irreversible. Fue aprobado en primer debate el 27 de agosto, con los votos de 29 diputados oficialistas, 12 de Liberación Nacional y siete del Frente Amplio. El segundo debate podría ocurrir en los próximos días. Y, dado que es una iniciativa del Ejecutivo, su promulgación sería muy rápida. Pese a todos estos factores, sumamos nuestra alerta y oposición al proyecto para elevar lo que deberían pagar las emisoras de radio y televisión por el uso de las frecuencias. Quizá aún haya oportunidad de frenarlo para mejorarlo.
Partimos de lo obvio: los montos actuales, que no se actualizan desde la Ley de Radio de 1954, son ridículos. Implican un virtual regalo a empresas privadas que explotan un bien público limitado. Por esto, deben elevarse sustancialmente. Sobre ello no hay discusión. Sin embargo, la forma en que está diseñado el llamado canon, la falta de estudios técnicos y financieros que lo sustenten y las sumas que ahora se pretenden cobrar, ponen en riesgo la operación de varias emisoras, en particular las más pequeñas.
La consecuencia pública más importante será limitar el acceso a contenidos a la mayoría de la población que depende de la radio y la televisión abierta para su información y entretenimiento. El daño resultante a la libertad de expresión, que comprende tanto el derecho a recibir informaciones y opiniones como el de manifestarlas sin barreras, será evidente. Como consecuencia, la democracia saldrá perjudicada.
Aunque el tiempo sea corto para dar marcha atrás, los diputados deberían valorar lo que está en juego con el proyecto, evitar su aprobación en segundo debate y ajustarlo como se debe. Existen aspectos fundamentales por tomar en cuenta.
Lo que se pretende imponer no es un verdadero canon, como el que, por ejemplo, se aplica a las frecuencias para operadores de telefonía móvil, el uso de agua para la generación eléctrica o el del tendido eléctrico para los operadores de cable e Internet fijo. Tal como mencionó un experto, en lugar de medir el uso técnico del recurso, como el espectro consumido, su potencia o cobertura, el proyecto impone algo muy distinto: un impuesto a las ventas brutas de las emisoras.
Es decir, ni siquiera considera los costos de operación que, en última instancia, determinan las ganancias o pérdidas. La discriminación en contra de las emisoras de radio y televisión abierta, comparadas con otros usuarios de bienes públicos, es más que evidente. Esta enorme distorsión no la subsanan ni la exoneración a ingresos anuales por debajo de 130 salarios base, ni el escalonamiento de las tarifas en función de las ventas por encima de los 1.298 salarios base. En el caso de la televisión, el impuesto por pagar en el tramo más alto, equivalente a 1.298 salarios base, se elevaría hasta el 7,73%; en la radio, al 3,13%.
Según la ministra de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, menos del 20% de las televisoras llegará al tramo máximo de la tarifa. Hasta el momento, sin embargo, no ha revelado en qué basa esa cifra; tampoco se ha hecho público ningún estudio que justifique los porcentajes establecidos. Esta falta de sustento y transparencia es un justificado motivo de inquietud adicional sobre el impacto que tendría la nueva regulación.
El impuesto, además, se aplicará únicamente a los ingresos producto del uso del espectro. Implica que estarán exentos los que se originen en operaciones de cable, plataformas especializadas o Internet. Por ello, las emisoras más pequeñas, que por lo general no ofrecen esos servicios y dependen únicamente de las frecuencias abiertas, se verán más impactadas. A esto se suma la incertidumbre sobre los criterios contables por utilizar para separar los ingresos según sus fuentes, lo que abriría un peligroso potencial de arbitrariedad reglamentaria.
Una iniciativa de ley similar fue aprobada en primer debate el 27 de julio pasado, y llevada a consulta facultativa a la Sala Constitucional por iniciativas separadas del PLN y el FA. A inicios de agosto fueron retiradas, en medio de negociaciones para, presuntamente, mejorarla. Se generó entonces la versión actual, y la mayoría de los diputados opositores se sumó a los de gobierno para que, de nuevo, pasara la votación en primer debate. Sin embargo, los cambios introducidos no modificaron problemas, distorsiones y riesgos tan sustantivos como los que hemos mencionado.
Varios de sus puntos rozan con principios de equidad, proporcionalidad y libertad de expresión, reconocidos por tratados internacionales y por nuestra Constitución. Por esto, lo mínimo que deberían hacer ahora los diputados responsables es someterlo nuevamente a consulta de constitucionalidad, para evitar sus peores aristas. Aún están a tiempo.
