Hace unos meses escribí en este espacio que un Estado democrático moderno debería cobrar poco por el acceso a las frecuencias de radio y televisión —para que participen muchos, incluidos quienes no persiguen lucro— y compensarlo con cánones periódicos asociados a los ingresos que los concesionarios obtienen al explotarlas.
El expediente 24.461, que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el pasado jueves y votará en definitiva la próxima semana, adopta, al menos en la superficie, esa segunda mitad de la receta. Sería deshonesto no reconocerlo.
Sin embargo, y hay que decirlo con la misma claridad: una idea correcta administrada en la dosis equivocada y puesta en las manos equivocadas deja de ser una buena idea. Y este proyecto falla en ambas cosas.
El problema no es cobrar, sino cuánto y cómo
Empecemos por lo que no está en discusión. El canon vigente —entre ¢1.000 y ¢3.000 al año, fijado en 1954— es una burla al principio de que el espectro es un bien público y de que quien lucra con él debe retribuir a la colectividad. Ni siquiera Teletica, el más ruidoso de los opositores, discute que hay que actualizarlo. El debate real, como ellos mismos han dicho, no es si se paga, sino cuánto y con qué fundamento.
Y aquí aparece el primer problema: nadie ha mostrado el fundamento. El 7,73% para televisión y el 3,13% para radio salieron de un estudio que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) nunca ha puesto sobre la mesa con la transparencia que una carga de esa magnitud exige.
No sabemos si esos porcentajes replican el peso del espectro en la estructura de costos de la industria, si responden a alguna comparación internacional o si simplemente son el número que cuadraba con la recaudación deseada.
Cuando la ministra, para tranquilizar a los críticos, explicó que la tarifa máxima solo la pagará quien reporte “ganancias” por ¢600 millones, confundió —en público y sin sonrojo— ingresos con ganancias. Ese lapsus no es anecdótico: es el corazón del asunto.
Porque un cobro sobre ingresos brutos no distingue entre la empresa que gana y la que apenas sobrevive. Se paga aunque el año cierre en pérdidas. Y una tarifa de 7,73% sobre las ventas, en una industria cuyos márgenes operativos difícilmente superan el 10% o el 15% —y que además paga 30% sobre utilidades, 13% de IVA sobre cada anuncio, patentes municipales sobre esas mismas ventas y cargas sociales de más de una cuarta parte de la planilla— puede absorber, sumada al impuesto de renta, tres cuartas partes del margen de un canal grande.
Ninguna otra actividad regulada en Costa Rica retribuiría al Estado un porcentaje comparable de su facturación por usar un bien público; las telefónicas, que ocupan mucho más espectro y de mucho mayor valor, pagan según los megahercios que reservan, no según lo que venden.
Un modelo que otros abandonaron
Conviene detenerse en cómo hace esto el resto del mundo, porque el Gobierno ha vendido el proyecto como si fuera la práctica universal y no lo es.
La regla general —la que recomiendan la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la OCDE, y la que aplican el regulador británico, la tasa española por reserva del dominio público radioeléctrico o los derechos mexicanos por megahercio— es cobrar por el recurso escaso: cuánto espectro se ocupa, qué población se cubre y cuánto vale ese espectro en usos alternativos.
Un porcentaje de la facturación no mide nada de eso; mide el éxito comercial del concesionario, que es otra cosa. Técnicamente, lo que se está aprobando es un impuesto sobre ventas brutas con nombre de canon.
Hay excepciones, y la más citada es Argentina, cuya ley de medios de 2009 cobra a la televisión abierta hasta un 5% de la facturación en las zonas de mayor densidad. No es precisamente el modelo de convivencia entre Gobierno y prensa que uno quisiera importar.
Más instructivo es el caso contrario: Australia cobraba a sus televisoras licencias calculadas como porcentaje de los ingresos brutos —llegaron a 4,5%— y en 2017 las eliminó para sustituirlas por un impuesto basado en el espectro ocupado, porque la fuga de la publicidad hacia las plataformas digitales había vuelto insostenible el esquema para la televisión abierta.
Costa Rica se dispone a adoptar, con una tarifa mayor, el modelo que otros ya abandonaron por las mismas razones que hoy se discuten aquí.
Doble cobro
Yo mismo defendí que el canon se asocie con los ingresos. Lo sigo pensando, siempre que la tarifa sea moderada y que la otra pieza del diseño esté presente: licencias baratas, barreras de entrada bajas, muchos actores.
Este Gobierno hace exactamente lo contrario: una subasta de frecuencias con precios y requisitos técnicos que expulsan a los pequeños y, encima, un canon que castiga a los que logren quedarse.
Cobrar dos veces por el mismo recurso —en la subasta y luego cada trimestre— no es política pública; es, en el mejor de los escenarios, aritmética de recaudador con prisa, mientras que, en el peor, un arma poderosa contra la existencia de medios independientes.
Y es, además, mala aritmética: cualquier empresa que participe en la subasta descontará —un resultado harto conocido en el contexto de los estudios de incidencia tributaria— del precio que ofrece el flujo del 7,73% que tendrá que pagar después, de modo que el Estado terminará recaudando menos en la subasta de lo que hoy se imagina.
Los efectos no terminan ahí. La base del canon son los ingresos “obtenidos del uso, aprovechamiento o explotación del espectro concesionado”, pero una televisora vende publicidad que se exhibe al mismo tiempo por aire, por cable y por internet; separar qué parte proviene del espectro es una decisión contable, no un hecho económico, y el proyecto la delega a un reglamento que llegará dentro de 18 meses.
El incentivo es obvio: trasladar ingresos hacia la señal de cable y las plataformas, adelgazar la programación abierta y, en el extremo, apagarla. Lo que quede del canon lo pagarán en parte los anunciantes locales —vía tarifas— y en parte la inversión en contenido nacional, que es justamente lo que el fondo audiovisual creado por el mismo proyecto pretende financiar. Se recauda con una mano lo que se destruye con la otra.
Sobre ese fondo, una observación más. Destinar la mitad del canon a la producción audiovisual costarricense es una idea con pedigrí —Francia, Brasil y la propia Argentina lo hacen—, pero en todos esos países la contribución la paga la cadena completa: salas de cine, televisión de pago y plataformas de transmisión.
Aquí se financia el cine nacional con un impuesto exclusivo a la televisión abierta, mientras las plataformas que se llevan la mayor parte del crecimiento publicitario no aportan un colón.
Hay, finalmente, un problema de naturaleza jurídica que la Sala Constitucional tendrá que resolver. El proyecto le llama canon, pero le pone declaración jurada, intereses del Código Tributario, fiscalización de la Dirección General de Tributación y título ejecutivo: es decir, todos los atributos de un impuesto.
La jurisprudencia constitucional ha exigido que un canon guarde relación razonable con el costo o el valor de lo que el Estado entrega a cambio. Una tarifa de 7,73% sobre ventas difícilmente supera esa prueba, y el proyecto no intenta siquiera argumentarla.
El problema ya no es económico
Y ahora vamos a lo más grave, que no es económico.
Este proyecto no es solo un canon. Es también un régimen sancionatorio en el que la revocación de la concesión es la pena ordinaria para siete de las nueve faltas “muy graves”, y una de ellas consiste simplemente en reincidir en faltas “graves”, entre las cuales figura la cláusula abierta de “incumplir las obligaciones establecidas en esta ley, los reglamentos o el contrato”. Un reglamento que, por cierto, el Ejecutivo redactará solo.
Quien impone la sanción no es la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) —su dictamen es apenas un trámite—, sino el Poder Ejecutivo, que puede apartarse del criterio técnico invocando “razones de orden público o interés nacional”, fórmula que, desafortunadamente, en otras latitudes ya sabemos para qué sirve.
Los estándares internacionales en la materia son antiguos y claros: la autoridad que otorga, sanciona y quita frecuencias debe ser independiente del Gobierno; la revocación debe ser el último recurso, y las infracciones deben estar tipificadas con precisión, precisamente para que el espectro no se convierta en un instrumento de presión sobre quienes informan y opinan.
El proyecto viola las tres reglas. Y lo hace un Gobierno que heredó de su antecesor —y ha continuado con entusiasmo— una guerra abierta contra los medios que no le rinden pleitesía.
Lo más desconcertante es la compañía. Liberación Nacional y el Frente Amplio le pusieron los votos a un proyecto concebido por Rodrigo Chaves como pieza de su cruzada contra la prensa, y lo hicieron con el argumento de que “hay que actualizar el canon”.
Es cierto, hay que actualizarlo. Pero confundir esa necesidad con el instrumento que se les puso enfrente es, en el mejor de los casos, ingenuidad; en el peor, una demostración de que la tentación de tener a los medios agarrados del cuello no es exclusiva de un partido. Algunos de esos mismos diputados enviaron el texto a consulta a la Sala Constitucional. Ojalá hubieran leído lo que consultaron antes de votarlo.
El asunto tiene, además, una dimensión social de la que nadie habla en el Plenario. La televisión abierta sigue siendo el único medio audiovisual gratuito para miles de hogares sin cable ni conexión decente, en la periferia del Valle Central y fuera de ella.
Un canon que empuja a los canales a concentrar su inversión en la señal por cable y en las plataformas digitales es un impuesto regresivo disfrazado de justicia distributiva: lo pagan, al final, quienes no tienen alternativa.
Y la exoneración de las emisoras pequeñas, que es lo mejor del proyecto, deja desprotegidas a las radios regionales de tamaño medio, que son las que sostienen el pluralismo fuera de San José: el sector quedará partido entre muchos exentos de escala mínima y cuatro grandes que pagan casi todo, con el medio vaciado.
Hay una forma de actualizar la Ley de Radio
Hay una manera de hacer esto bien, y no es complicada: un canon calculado sobre el espectro efectivamente ocupado y la población cubierta, con una tarifa moderada sobre ingresos si se quiere un componente ligado al éxito comercial; una contribución al fondo audiovisual que pague toda la cadena —cable, plataformas y televisión abierta por igual—; y un régimen de sanciones en manos de un regulador técnico, con la revocación reservada para quien opere sin concesión o defraude. Eso sí sería actualizar la Ley de Radio.
Lo que va a aprobarse la próxima semana es otra cosa: la idea correcta, en dosis confiscatoria, entregada como arma a quien ya demostró cómo piensa usarla.
Que los diputados de oposición sepan distinguir entre una y otra, antes del segundo debate, dirá mucho de cuánto entendieron de lo que ha pasado en este país en los últimos cuatro años.