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Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, el proyecto de ley para actualizar el canon que pagan las empresas al Estado por la concesión de las frecuencias de radio y televisión.
Se trata del expediente 24.461, que recibió el voto afirmativo de 48 diputados y tres en contra, después de dos años de trámite en el Congreso, el cual busca actualizar la Ley de Radio vigente desde 1954.
A favor votaron los 29 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) más 12 del Partido Liberación Nacional (PLN), y y 7 del partido Frente Amplio (FA).
Los tres diputados que votaron en contra fueron la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y el diputado Salvador Padilla del PLN.
El proyecto había sido votado en primer debate el pasado 27 de julio y fue llevado a la Sala Constitucional, a través de dos consultas presentadas, una por PLN y otra por el Frente Amplio.
Sin embargo, a inicios de agosto fueron retiradas las firmas de esas consultas y se establecieron negociaciones entre la oposición y el Partido Pueblo Soberano para construir una versión que dejara más o menos conformes a las partes.
Actualmente, los montos por radiodifusión están muy desfasados, pues se cobran sumas que rondan los ¢120.000 por año.
Con la nueva propuesta, las empresas que tienen ingresos por debajo de los 130 salarios base, es decir ¢61,1 millones, quedarían exoneradas del pago del canon.
Para las compañías que tengan ingresos por encima de los ¢61,1 millones y hasta los ¢101,6 millones, se cobraría un 4,39% sobre el excedente a las frecuencias de televisión y un 1,51% a las de radio.
A las ganancias entre ¢101,6 millones a ¢610,5 millones, se cobraría un canon del 6,17% sobre el excedente para frecuencias de televisión y 2,52% a las de radio, mientras que a las compañías con ganancias de más de ¢610,5 millones, se les cobraría un 7,73% sobre el excedente de ese monto, para frecuencias televisivas y un 3,13% para las de radiodifusión.
Parte de la discusión es que se haya utilizado el cobro del canon sobre los ingresos brutos de las compañías y no sobre los ingresos netos, pues no considera los costos de producción de las empresas de televisión y de radio.
Es decir, las empresas tendrían que pagar aunque tengan pocas utilidades después de sus gastos de operación.
Del pago del canon quedarían exentas las estaciones culturales sin ingresos comerciales, así como las pertenecientes a universidades públicas y al Ministerio de Educación Pública (MEP), así como los medios religiosos sin fines de lucro, hasta los ¢61,1 millones, excluyendo donaciones, ofrendas y aportes voluntarios.
Por encima de ese monto, pagarían igual que las demás empresas.
La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), anunció su voto negativo porque aseguró que tiene muchas dudas sobre la iniciativa, mientras que el Frente Amplio anunció que, si bien tiene muchos vacíos, se hicieron múltiples acuerdos para mejorar el proyecto, pero aún mantiene debilidades.
Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), también anunció su voto negativo y aseguró que fueron infructuosos los esfuerzos para mejorar el proyecto. Aseguró que no se utilizaron criterios técnicos para establecer el canon y confunde ingresos brutos con ganancias, lo que castiga a las empresas.
