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Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, el proyecto de ley para actualizar el canon que pagan las empresas al Estado por la concesión de las frecuencias de radio y televisión.
Se trata del expediente 24.461, que recibió el voto afirmativo de 48 diputados y tres en contra, después de dos años de trámite en el Congreso, el cual busca actualizar la Ley de Radio vigente desde 1954.
A favor votaron 29 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), más 12 del Partido Liberación Nacional (PLN) y siete del partido Frente Amplio (FA).
Los tres diputados que votaron en contra fueron la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Salvador Padilla, del PLN.
El proyecto había sido votado en primer debate el pasado 27 de julio y fue llevado a la Sala Constitucional, a través de dos consultas facultativas presentadas, una por PLN y otra por el Frente Amplio.
Sin embargo, a inicios de agosto, fueron retiradas las firmas de esas consultas y se establecieron negociaciones entre la oposición y el Partido Pueblo Soberano para construir una versión que dejara más o menos conformes a las partes.
Actualmente, los montos por radiodifusión están muy desfasados, pues se cobran sumas que rondan los ¢120.000 por año.
Con la nueva propuesta, las empresas que tienen ingresos por debajo de los 130 salarios base, es decir ¢61,1 millones, quedarían exoneradas del pago del canon.
Para las compañías que tengan ingresos por encima de los ¢61,1 millones y hasta los ¢101,6 millones, se cobraría un 4,39% sobre el excedente a las frecuencias de televisión y un 1,51% a las de radio.
A las ganancias entre ¢101,6 millones a ¢610,5 millones, se cobraría un canon del 6,17% sobre el excedente para frecuencias de televisión y 2,52% a las de radio, mientras que a las compañías con ganancias de más de ¢610,5 millones, se les cobraría un 7,73% sobre el excedente de ese monto, para frecuencias televisivas y un 3,13% para las de radiodifusión.
Parte de la discusión es que se haya utilizado el cobro del canon sobre los ingresos brutos de las compañías y no sobre los ingresos netos, pues no considera los costos de producción de las empresas de televisión y de radio.
Es decir, las empresas tendrían que pagar aunque tengan pocas utilidades después de sus gastos de operación.
Del pago del canon quedarían exentas las estaciones culturales sin ingresos comerciales, así como las pertenecientes a universidades públicas y al Ministerio de Educación Pública (MEP), así como los medios religiosos sin fines de lucro, hasta los ¢61,1 millones, excluyendo donaciones, ofrendas y aportes voluntarios.
Por encima de ese monto, pagarían igual que las demás empresas.
El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, manifestó que la tienda liberacionista exigió, para dar su apoyo a la iniciativa, dos condiciones: primero, que el canon sea compatible con la sostenibilidad financiera de las empresas y, segundo, que haya mecanismos de seguridad jurídica suficientes para tutelar ese derecho a seguir existiendo sin el acoso del poder político.
El vocero liberacionista aseguró que, en su criterio, la redacción acordada del proyecto permite resguardar los intereses de los medios pequeños y medianos, que dan servicios en zonas rurales, los culturales y religiosos.
“Este proyecto le conviene al país, conviene actualizar el canon para darle una retribución correcta al Estado y que esa actualización sea compatible con el ejercicio de la libertad de prensa, la existencia de medios independientes y su seguridad jurídica”, dijo Ramírez.
La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), anunció su voto negativo porque aseguró que tiene muchas dudas sobre la iniciativa, mientras que el Frente Amplio explicó, a través de Antonio Trejos que, si bien consideran que el plan tiene muchos vacíos, se hicieron múltiples acuerdos para mejorarlo, pero aún mantiene debilidades.
“El canon se debe actualizar, pero debe responder a ciencia y técnica, estudios que justifiquen ese porcentaje. Un número puede ser muy alto o muy bajo, si no se respalda en nada. Hemos solicitado que esas fórmulas existan. También exigimos mecanismos de transparencia en el uso del espectro radioeléctrico, de rendición de cuentas. Nuestras mociones en ese sentido fueron rechazadas, para fiscalizar si se da la pluralidad de voces”, dijo la congresista.
Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), también anunció su voto negativo y aseguró que fueron infructuosos los esfuerzos para mejorar el proyecto. Aseguró que no se utilizaron criterios técnicos para establecer el canon y se confunden ingresos brutos con ganancias, lo que castiga a las empresas.
“Se sacrifica no solo a medios pequeños, sino a miles de costarricenses que tienen a la radio y la tele abierta como medios principales de información y entretenimiento. ¿Cómo se hicieron los cálculos para fijar el canon? Hay suficiente evidencia de que no se basaron en criterios técnicos, objetivos y mucho menos razonables", dijo la socialcristiana.
Para su aprobación definitiva el proyecto deberá ser aprobado por mayoría absoluta (la mitad más uno de los 57 diputados totales) en su segundo debate programado para el 3 de setiembre.
