Los principales componentes del gasto público son las remuneraciones y la compra de bienes y servicios necesarios para la operación de más de 300 entidades del sector público, entre las cuales destacan, por su tamaño, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad. Mucho se habla de los salarios en tiempos de crisis fiscal, pero optimizar el proceso de compras generaría ahorros, reduciría la corrupción y mejoraría la calidad de los bienes adquiridos.
Según la contralora general, Marta Acosta, el uso generalizado del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) produciría una economía anual equivalente al 1,5 % del producto interno bruto (unos ¢550.000 millones). Es una cantidad muy significativa y contribuiría a reducir el déficit como un todo, lo cual es estrictamente necesario, particularmente ahora, dado el deterioro fiscal agravado por la pandemia de la covid-19.
Como informó el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, la CCSS no hace licitaciones para atender las necesidades de sus hospitales en conjunto. Los centros y departamentos proceden por separado, aunque les sea posible pagar menos por sus adquisiciones si efectuaran compras consolidadas mediante el Sicop. El procedimiento actual “no es sostenible”, afirma Chaves, y debe ser reformado para aprovechar las ventajas de la tecnología moderna.
En diciembre del 2018, un 30 % de las entidades públicas operaba fuera del Sicop. Algo se ha avanzado desde entonces, pero el Estado está lejos de aprovechar plenamente las ventajas de la competencia y la transparencia ofrecidas por el sistema de compras. Para no dar más largas al asunto, la Comisión Especial de Contratación Administrativa de la Asamblea Legislativa estudia un proyecto de ley que obligaría a todas las instituciones del Estado a hacer sus compras utilizando el sistema digital único. Como ventajas adicionales, el Sicop contribuye a reducir plazos y simplificar trámites.
El proyecto abarca todas las entidades públicas, incluso las sometidas a competencia, para cosechar las ventajas en calidad y precios. Según los expertos, un régimen pleno de competencia podría materializar ahorros entre un 20 % y un 40 % del valor actual de las compras de las instituciones todavía ajenas al sistema.
En palabras de la contralora, la plataforma única plantea “la posibilidad de abrir la adquisición a un abanico de oferentes”, lo cual se manifiesta en precios inferiores a los obtenibles aplicando otros métodos de compra, además de una mejora en la calidad de los bienes adquiridos. Dice un refrán que el desinfectante más eficaz es la luz del sol. La misma función cumple la transparencia en materia de compras: cuanto mayor sea la competencia al licitar y público el proceso, menos probabilidades habrá de que se formen alianzas indebidas entre oferentes y funcionarios a cargo de la adjudicación.
La comisión legislativa tramitó 127 mociones planteadas para modificar el proyecto, iniciativa de los diputados Pablo Heriberto Abarca y Ana Lucía Delgado. El texto se halla en etapa muy cercana a la versión final, para ser dictaminado y enviado a conocimiento y votación en el plenario. El proyecto, como otros destinados a introducir racionalidad en el sector público, merece apoyo y, en estos difíciles momentos para las finanzas públicas, los diputados harían bien si le dieran un trámite expedito. El país lleva demasiados años esperando que se concrete una aspiración tan razonable. No hay forma inocente de explicar, a estas alturas, la resistencia en numerosos reductos del sector público.
