EscucharEnfrentado a la posibilidad de que, como culminación de un proceso de juicio político por presunta corrupción, la Asamblea Nacional decidiera destituirlo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, optó por una decisión extrema. Con base en el artículo 148 de la Constitución, activó el pasado miércoles la llamada “muerte cruzada”, que permite la disolución simultánea de los mandatos legislativo y presidencial, seguida por la convocatoria a elecciones anticipadas a ambos poderes.
La incertidumbre que existía hasta entonces, generada por la oposición férrea y destructiva de varios partidos, una aguda crisis de inseguridad, elecciones locales (en febrero) catastróficas para el presidente, el debilitamiento progresivo de su desempeño, y su casi inminente destitución, ha dado paso ahora a otra etapa política, también llena de interrogantes.
El período que se abre estará marcado por una intensa campaña electoral, en la que tanto Lasso como los actuales congresistas podrán postularse, pero que contará con una pluralidad de candidaturas, algunas de las cuales ya se han anunciado. Nada garantiza que su resultado conduzca a mayor gobernabilidad ni que, en el camino hacia la votación, puedan evitarse desórdenes o enfrentamientos. Lo bueno es que la vía que se ha abierto se enmarca en los procedimientos democráticos y que, hasta ahora, ha imperado la tranquilidad. Sin embargo, la situación es fluida e inestable.
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Ecuador es un país fraccionado por motivos étnicos, regionales, sociales, políticos e ideológicos. El manejo de su riqueza en recursos naturales extractivos y biodiversidad, a menudo ha sido irresponsable, y ha generado agudas tensiones entre las poblaciones indígenas que desean protegerlos y las autoridades que han intentado explotarlos, con diferentes grados de responsabilidad y acierto.
Los diez años del izquierdista Rafael Correa, un presidente autocrático y populista, quien gobernó entre el 2007 y el 2017, trajeron aparente estabilidad política a un país caracterizado en décadas previas, por lo contrario. Sin embargo, bajo esta superficie los conflictos no cesaron, y muchas de sus causas se exacerbaron. La bonanza en los precios de los hidrocarburos, que coincidió con su mandato, fue manejada con ligereza y condujo a un enorme endeudamiento, que muy pronto comenzó a pasar la factura. Su gestión autocrática debilitó el ejercicio de las libertades públicas. La corrupción, en lugar de cesar, se aceleró en medio de la aparente bonanza. Las poblaciones indígenas que al comienzo lo apoyaron muy pronto de distanciaron de él. Las tensiones regionales, entre la sierra y las costas, se agudizaron.
Lenín Moreno, quien fungió como vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, fue postulado a la presidencia por la coalición oficialista Alianza País y obtuvo una estrecha victoria contra Guillermo Lasso en la segunda vuelta del 2017, con 51,16% de los votos. Lejos de mantenerse como aliado de Correa, rompió sus lazos con el expresidente y estimuló investigaciones de corrupción, que condujeron que este fuera sentenciado y abandonara el país.
El gobierno de Moreno estuvo marcado por enormes conflictos, un pésimo manejo inicial de la pandemia generada por la covid-19, una fuerte crisis económica y de deuda externa, y un boicot acérrimo de los correístas, estimulados por su líder. Lasso logró imponerse en la segunda vuelta electoral celebrada el 21 de mayo de 2021, con un apoyo del 52,16%. Sin embargo, su agrupación, CREO, ni siquiera llegó a 20 de 137 escaños, en un congreso de 137 miembros, diez partidos y 16 diputados independientes.
Con los sectores políticos afines a Correa dedicados a obstaculizarlo, Lasso no pudo impulsar muchas de las reformas económicas y sociales necesarias para reorientar el país por una senda más sensata y sostenible. Además, la inseguridad y la violencia se dispararon, y su debilidad política se hizo en extremo patente con el pésimo resultado de los candidatos oficialistas en las elecciones locales del pasado febrero.
En estas condiciones, se planteó una denuncia por corrupción en su contra en la Asamblea, avalada por la Corte Constitucional, y se abrió un juicio político. Pese a que el caso procedía de la presidencia anterior y Lasso no estaba procesado por la justicia, era casi seguro que sería depuesto. Fue entonces que decidió adelantarse a esta opción y optar por la “muerte cruzada”.
A partir de ahora, y hasta las nuevas elecciones —probablemente en agosto—, Lasso podrá gobernar por decreto, pero con grandes restricciones y el filtro de la Corte Constitucional. Cómo lo haga será un factor clave para el clima político. También lo será la índole de la campaña y de los candidatos a completar los períodos legislativo y presidencial. No se pueden descartar serios disturbios; menos, un razonable resultado. Estamos, por esto, ante una nueva incertidumbre, con pronóstico reservado. La esperanza es que prevalezca la madurez del electorado y la responsabilidad de los dirigentes políticos y sociales.
