28 septiembre, 2018

La discusión de la reforma fiscal promovida por el gobierno para aumentar los ingresos y racionalizar los gastos no solo suscita reacciones de los sindicatos. Otros grupos organizados, entre los cuales sobresale el movimiento cooperativo, se resisten a pagar impuesto sobre la renta, como lo hacen todas las demás empresas.

La organización cooperativa es bienvenida y digna de estímulo. Permite alcanzar economías de escala para abaratar el costo de su producción de bienes y servicios. Comprar semillas, fertilizantes, maquinaria o repuestos para toda una agrupación de interesados, en vez de hacerlo individualmente, es una gran ventaja. Si bien las cooperativas son agrupaciones de personas (un miembro un voto) y no de capitales (una acción un voto), no por eso operan sin fines de lucro. No tienen por qué hacerlo, no deben hacerlo y, en general, no lo hacen.

Si no existiera el ánimo de ganancia, difícilmente los participantes se constituirían en cooperativa. Para que este tipo de empresas rindan frutos a sus miembros y a la sociedad, sus ganancias deben ser genuinas, atribuibles al uso eficaz de los factores de producción, y no artificiales, como lo serían si solo fuesen producto, en mayor o menor grado, de un beneficio tributario.

En nuestro país existen cooperativas pequeñas, medianas y grandes, como sucede en los demás sectores empresariales. Algunas se han convertido en exportadoras, señal de su éxito. Dos terceras partes de los activos del cooperativismo están en empresas financieras que compiten en el mercado de capitales con los bancos públicos y privados. Todas disfrutan de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía y a las empresas domiciliadas en el país: educación pública, salud, seguridad, administración de justicia, carreteras y puertos, entre otros. No hay razón para que las cooperativas estén excluidas del financiamiento de esos servicios.

Sin embargo, los líderes del sector y algunos políticos insisten en que las cooperativas son empresas especiales y deben ser tratadas con guantes de seda en materia tributaria. Para justificar el tratamiento favorable, alegan la utilidad de los servicios brindados a sus miembros. Esa no es razón para dejar de contribuir plenamente, como lo hacen las demás empresas, al sostenimiento del Estado. También las micro, pequeñas y grandes compañías dan sustento a muchas familias.

El sector cooperativo ha sabido cabildear cuando es necesario para defender sus ventajas. Ahora, una parte de él se apresta para lanzar una campaña publicitaria en defensa de sus exenciones. El esfuerzo va dirigido a la opinión pública y, sobre todo, a los legisladores que deben pronunciarse sobre el contenido de la reforma fiscal. Las altas sumas que se proponen gastar dan una idea de su fuerza como grupo de presión y de las grandes ventajas que se proponen conservar (“Dirigente pidió ¢70 millones para ‘defender’ movimiento cooperativo”, La Nación, 25/ 9/2018).

Corresponde a los diputados, representantes del pueblo y no de grupos de interés concretos, sopesar las demandas del movimiento cooperativo con las necesidades del Estado y del país en general. El plan fiscal procura atraer recursos frescos para financiar urgentes necesidades y paliar el déficit del Gobierno Central. Si todos los sectores afectados reaccionaran como los cooperativistas organizadores de la campaña, no podríamos esperar un ajuste fiscal, sino lo contrario: el caos de las finanzas públicas que, a la vuelta de la esquina, se traducirá en caos nacional y, sobra decirlo, afectará también al sector cooperativo.

Ojalá los legisladores de todos los partidos se mantengan firmes ante las acciones coordinadas de los grupos de interés, con independencia de cuán sonoros sean y cuánto dinero inviertan en defender su causa. Costa Rica está atenta.