En la introducción al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Planificación entonces en funciones, Marlon Navarro, describieron el documento como “el principal instrumento de mediano plazo de política pública para el país”. Además, calificaron de relevante “la incorporación de un enfoque evaluativo en su gestión (...) que considera el proceso de seguimiento y evaluación, como eje central de intervenciones públicas modernas y ajustadas a las mejores prácticas de gobernanza internacionales”. Buena teoría, sin duda.
Para evaluar es indispensable información precisa y de calidad. Solo mediante esta se puede medir el cumplimiento de las metas de desarrollo e inversión establecidas, rendir cuentas con transparencia a la ciudadanía, determinar qué se ha logrado y qué falta por hacer y, a partir de aquí, tomar decisiones adecuadas de política pública.
La Contraloría General de la República (CGR) acaba de emitir un informe de auditoría, complementario de otro previo, que analiza la calidad de la información reportada sobre el cumplimiento de 18 metas del PNDIP durante el pasado año, y el resultado es, por decir lo menos, muy desalentador. Además, se añade al criterio adverso, más general, de la evaluación que lo precedió.
De esas 18 metas, vinculadas con salud, educación, ambiente y bienestar social, solo una cumplió “razonablemente con los criterios aplicables”, nueve presentaron incumplimientos parciales y ocho, incumplimientos significativos. En estas últimas se centra el análisis de la CGR.
Entre las deficiencias que determinó están “la aplicación incorrecta de criterios técnicos definidos en las fichas del PNDIP, el uso de unidades de medidas incongruentes con el diseño de los indicadores (de desempeño) y la existencia de registros duplicados o inconsistentes”. Es decir, la gestión real, responsabilidad de una cadena decisoria que va desde ministros hasta unidades ejecutoras, está muy lejos de la buena teoría mencionada por el presidente Chaves y el ministro a. i. Navarro.
Uno de los casos más sobresalientes, del que informamos, junto a otros, este martes, tiene que ver con el plazo promedio de pacientes en las listas de espera para cirugías ambulatorias de la Caja Costarricense de Seguro Social. El reporte oficial de la institución y los ministerios de Salud y Planificación habla de un cumplimiento del 112,24% de la meta; sin embargo, al calcularlo dejaron por fuera nada menos que a 9.339 personas. Esto, afirma acertadamente la Contraloría, no representa “la experiencia real del paciente”.
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Pero hay más. El Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) duplicaron los egresados en programas de formación. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) reportó indebidamente 13.504 beneficiarios para calcular la meta de atención a familias. Acueductos y Alcantarillados (AyA) no aportó evidencia para identificar los proyectos de protección del recurso hídrico con que se comprometió. Los datos sobre el presunto avance en el Hospital Tony Facio, de Limón, carecieron de respaldo técnico.
En el MEP, aparte de las fallas ya mencionadas sobre programas de formación, fue donde se detectó una situación más desastrosa. No proporcionó ninguna información sobre la meta de certificación de jóvenes y adultos en distintas modalidades de educación. Justificó su incumplimiento en que reformas al reglamento de evaluación impidieron aportar los datos. Sin embargo, la Contraloría constató que sí contaba con los registros de estudiantes titulados. Esta “falta de comunicación interna” –benigno eufemismo utilizado por el informe– condujo a que se reportara un 0% de avance.
Lo detectado por la CGR no son simples evidencias anecdóticas, sino fallas sistémicas serias que deben corregirse. Incluyen falta de comprensión sobre “el propósito, alcance y aplicación metodológica” de los indicadores del PNDIP; enfoques centrados en lo estrictamente numérico, no estratégico, e interpretaciones “parciales o inconsistentes de los criterios técnicos definidos”. Es decir, apunta su auditoría, “la gestión por resultados aún no se encuentra plenamente integrada como práctica institucional en los procesos de seguimiento y evaluación”. Peor aún –añadimos– no se reportan esfuerzos para modificar esta situación.
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Todo lo anterior vulnera no solo la calidad de la política pública, sino el necesario rendimiento de cuentas gubernamental. Como parte de las acciones para corregir estas falencias, la Contraloría dispone que los jerarcas de los ministerios involucrados –Planificación, Hacienda, Salud, Educación, Bienestar Social y Ambiente y Energía– tomen y documenten una serie de acciones perentorias para mejorar los procesos. Es lo menos que debe hacerse para que el PNDIP sea un robusto instrumento de gestión.
