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El edificio de la Contraloría General de la República (CGR) se encuentra en Sabana Sur, San José, Costa Rica. Al no ser una institución frecuentada diariamente como una escuela o un banco, a menudo se desconoce su propósito. Aunque sus funciones se consideran complejas y alejadas de la vida cotidiana, en realidad son sencillas y fáciles de comprender. A continuación, las explicamos.
La Contraloría tiene rango constitucional. Es decir, en la Constitución Política (art. 183), promulgada en 1949, se le encarga de fiscalizar y controlar la Hacienda Pública. En términos más simples, velar por el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos, que pertenecen a todos los costarricenses.
Además, sus competencias le permiten supervisar que las instituciones del sector público (ministerios, municipalidades, empresas estatales) utilicen los fondos bajo el propósito por el que fueron presupuestados. Es decir, si un monto fue destinado para cirugías, debe asegurarse de que los hospitales lo están empleando en esos procedimientos.
Cabe resaltar que, por fondos públicos, se entienden los recursos, valores, bienes y derechos que son propiedad del Estado, sus órganos, empresas o entes. Cuando se habla de fiscalización, esta práctica implica controlar las actividades estatales para asegurar que se ajusten a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
La actual jerarca de esta institución es la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga. En una entrevista con La Nación, la jerarca explicó que este órgano rector es eminentemente técnico, por lo que maneja temas complejos como los presupuestos y las contrataciones. Su objetivo, de manera resumida, es evitar la corrupción en el sector público.
“A la Contraloría General de la República se le da el rol de vigilar el buen uso de los recursos públicos, es decir, de las platas públicas de todos los costarricenses (...). Somos un órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa, ¿y qué quiere decir auxiliar de la Asamblea? Que nosotros generamos insumos para que los señores y señoras diputadas puedan hacer su control político”, expresó la jerarca.
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¿Cuáles son las funciones de la Contraloría General de la República?
Aunque la ciudadanía no sostiene una relación directa con la Contraloría General de la República, sus reportes de fiscalización sí afectan directamente a las personas. Por ejemplo, cuando se abordan temas de salud, protección del medio ambiente, educación y mucho más.
La Contraloría trata de evitar abusos, desviaciones o errores en el empleo de los fondos públicos. Para cumplir con este propósito, cuenta con independencia funcional y administrativa para definir los métodos y criterios con los que vigila cómo se utiliza el dinero de los costarricenses.
La principal manera en que lo monitorea es a través de los controles de eficiencia, que también buscan prevenir el mal uso de los fondos, ilegalidades o eventuales actos de corrupción. Estos controles se pueden ejecutar antes o después de que un ente o sus funcionarios tomen decisiones institucionales.
De aquí nacen los procesos de auditorías e investigaciones, que pueden tardar hasta nueve meses y cuentan con una metodología concreta. Son parte de un sistema que, en términos simples, permiten revisar un programa, una función o un gasto público; siempre en temas vinculados con la ciudadanía.
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Un ejemplo hipotético de estas auditorías surge cuando se presentan posibles denuncias sobre el funcionamiento de un programa educativo en una escuela o colegio público. En tales casos, la Contraloría actúa para asegurarse de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) invierte sus recursos de manera adecuada y proporciona la cobertura suficiente a las comunidades.
Este tipo de evaluaciones caben dentro de las auditorías financieras, donde se estudian los estados financieros de la institución, sus ingresos, gastos y demás puntos desde el punto de vista contable. Para ello, los entes deben suministrar toda la información solicitada por el órgano contralor.
La Contraloría también puede, por ejemplo, acercarse al Ministerio de Salud para revisar que los servicios de vigilancia cumplan con el marco normativo y técnico, con el propósito de anticipar necesidades actuales y futuras sobre la salubridad en la población.
Para hacer estas revisiones, la Contraloría se basa en denuncias interpuestas por la ciudadanía o por los diputados y diputadas de la República, cuando sospechan de una posible corrupción dentro de alguna institución pública. De tal manera, se procede a revisar que dicha institución haya cumplido con el marco legal y con la efectividad económica transparente.
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Ahora bien, para determinar cuáles serán los criterios técnicos para realizar las investigaciones, el órgano contralor se basa en la normativa nacional e internacional para planificar cómo llevará a cabo el examen o investigación. Reúne a diversos profesionales, como contadores, ingenieros y economistas, para que estudien y preparen los hallazgos sobre la situación en particular.
Una vez finalizada la auditoría —ya sea financiera, operativa o de carácter especial— la Contraloría emite una serie de recomendaciones a través de informes. Estos incluyen conclusiones pertinentes, así como instrucciones y órdenes que las instituciones deben acatar para mejorar la inversión de sus recursos o ajustar procedimientos específicos.
Con el borrador de las conclusiones en mano, se procede a discutirlo con los funcionarios de la institución auditada. Esta discusión permite que comprendan los hallazgos, expresen si están de acuerdo o no con lo estipulado, y se informen sobre las disposiciones vinculantes recomendadas por la Contraloría.
De acuerdo con la explicación de la contralora, lo más importante de estos procesos es que la institución o los funcionarios investigados corrijan sus acciones para mejorar su gestión y brindar un mejor servicio a la población.
Además, los insumos de la Contraloría permiten que los diputados ejerzan su control político. El órgano contralor puede opinar sobre proyectos de ley relacionados con su ámbito de competencia, como contratación o presupuesto público.
“La Contraloría forma parte de nuestro sistema democrático. Esta es una institución precisamente de ese sistema de frenos y contrapesos del Estado costarricense, entonces es muy valiosa. Yo considero que esta institución es como una joya de la abuela, que está democracia debe sentirse muy orgullosa de tener una contraloría como la que tenemos, con todo lo que haya que mejorarle, porque es muy valiosa en nuestra democracia”.
— Marta Acosta, contralora general de la República.
