Nací y crecí en una democracia de la cual me siento orgullosa, como tantos costarricenses agradecidos por esta bendición. De cuna muy humilde, mis padres fueron personas sencillas: ella era maestra y él, un trabajador en el muelle de Puntarenas; luego, operario en una empresa.
Nunca tuvimos casa propia, vivimos en la de mis abuelitos, junto a mis dos hermanos, todos en la misma habitación.
Fueron tiempos duros para mis padres, pero eso no impidió que nos inculcaran los valores más altos, éticos y morales, y nos obligaran a ir a misa todos los domingos y los primeros viernes del mes.
En medio de las necesidades, siempre hubo amor, respeto y rigor, alimentación (mucha del mar) y buena educación y salud públicas, por supuesto. Pero sobre todo, hubo buen ejemplo y deseos de superación.
La educación pública, en todos sus niveles, me dio la oportunidad de movilizarme socialmente, y el acceso a la salud, la seguridad social y los servicios básicos en mi hogar nos permitieron a mi familia y a mí, junto con nuestro propio esfuerzo, salir adelante, reconociendo nuestro país como un lugar de paz y oportunidades para quienes luchan contra la adversidad, se preparan y buscan el bien común.
He vivido momentos complejos y también otros muy satisfactorios al enfrentar la adversidad; mi carácter me ha permitido superar situaciones difíciles y ser resiliente. Debo reconocer que mis padres y mis hermanos, y posteriormente mi esposo y mis hijos, han sido bastiones que me han sostenido e impulsado para ser la persona que soy.
De no haber sido por las instituciones del Estado, quizás no habría podido estudiar y tampoco habría superado mis enfermedades de la niñez, entre otras oportunidades a las que tuve acceso y aproveché al máximo. Soy el resultado del Estado social de derecho.
Por estas y otras razones, servir a mi país en la función pública es para mí la oportunidad de contribuir a que las conquistas sociales de nuestros antepasados se preserven y puedan mejorarse. Lo hago de forma humilde y firme.
Durante mis años al servicio de la función pública, he estado sometida al escrutinio de distintas fracciones legislativas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, estrados judiciales y organismos internacionales, en lo formal. En lo cotidiano, a las preguntas de mis seres queridos, mis amigos del colegio, mis compañeros de trabajo y hasta de desconocidos que me ven en el supermercado y se acercan a conversar.
Por eso, estar expuesta al ojo público nunca me ha resultado extraño o inquietante, mis actuaciones siempre han estado apegadas a lo que la ley dice, mi trabajo está respaldado por criterios técnicos de personal de altísimo nivel profesional, y dar cuentas de mis decisiones, con transparencia y oportunidad, es una constante personal y profesional, sin padecer, como es usual desde hace algún tiempo ya, campañas de desprestigio, ataques personales y una desmedida animosidad de ejecutores públicos cuyas decisiones he debido, con el correspondiente respaldo institucional, afrontar como en derecho corresponde, de frente y sin temor de ninguna naturaleza.
Dice un reporte que leí recientemente que la figura femenina en actividad política que recibió mayor cantidad de violencia digital en el período de análisis fue Marta Acosta, con un 57,9% de comentarios desfavorables, de los cuales un 53,7% estuvieron relacionados con violencia digital y asociados a las posibles reformas a la Contraloría que están propuestas en la “ley jaguar”.
“La señora Acosta participó en una serie de entrevistas en medios de comunicación para aclarar” aspectos de dicha ley y fue ahí donde se produjo “la mayor cantidad de violencia en su contra”, dice el Observatorio de Comunicación Digital #24. Sentí una gran preocupación por mi país, nación democrática, ejemplo para el mundo, que tanto incomoda a algunos.
Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones que de mujeres en política emanen, pero lo que no debemos tolerar como sociedad es que se normalice el ataque furibundo e irracional como única forma de manifestar diferencias de criterio y que se promuevan discursos de odio desde puestos de poder, envalentonando a ciudadanos a atacar sin medida ante criterios diversos.
Este tipo y magnitud de agresividad nadie tiene derecho a ejercerlo sobre otros conciudadanos. Ni que se diga del incremento de los feminicidios en el país, ejemplo incuestionable del sufrimiento de tantas familias, víctimas de la cultura machista y patriarcal. Tiene que haber un punto de inflexión hacia la justicia y la racionalidad, y ojalá pronto.
Quienes ejercen, en mi caso, la violencia política desmedida seguirán exhibiendo sus falencias e intenciones, y yo seguiré promoviendo, al mismo tiempo, mis valores.
El resto de la ciudadanía de mi patria puede esperar de mí la mesura, la sensatez, la legalidad y la ética que me han caracterizado como ciudadana, funcionaria pública y contralora general de la República.
Marta Acosta, contralora general de la República, es Licenciada en Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Gestión y Finanzas Públicas por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo de la Universidad Nacional y es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica desde 1986.