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Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron hace pocos días un acuerdo petrolero que genera enormes inquietudes. No nos referimos únicamente a sus términos y los actores involucrados. Lo peor es que, casi con certeza, se convertirá en un serio obstáculo para el precario avance de ese país hacia la democracia por la que claman –y merecen– los venezolanos.
Existen ligeras diferencias entre cómo lo han presentado ambas partes. En esencia, sin embargo, se trata de concesionar a una empresa privada estadounidense, mediante un contrato de largo plazo, 14 campos petrolíferos que serían explotados junto a los tres de que ya dispone. En conjunto, guardan 65.000 millones de barriles de petróleo, alrededor de la quinta parte de las reservas nacionales, estimadas como las mayores del mundo. La compañía concesionaria tendrá una participación del 65% en el negocio; el Departamento de Defensa estadounidense controlará el 35%.
El 28 de agosto, mediante redes sociales, el presidente Donald Trump dijo que el contrato sería por 100 años; el régimen venezolano, en cambio, habla de 25. También Trump se refiere a un “regalo” de petróleo para su país, que “duplicará” sus reservas. Ambas cosas son inexactas: concesionar no es regalar, y las reservas estadounidenses suman, al menos, 48.000 millones de barriles.
Según lo divulgado, Estados Unidos tendrá derecho a comprar, al costo, el 20% de la producción generada por los contratos, y dispondrá de la primera opción para adquirir el resto, esta vez –se supone– a precios de mercado. Además, contará con poder de veto sobre los miembros directivos de la operadora, quienes deberán ser ciudadanos estadounidenses.
Todos estos términos, altamente sesgados a su favor, han generado justificadas críticas en múltiples sectores venezolanos. Estos van desde algunos elementos cercanos a la cúpula gobernante hasta la mayoría de los opositores, para quienes el principal problema no es la participación asimétrica de Estados Unidos en el acuerdo. Lo que rechazan frontalmente es que haya sido suscrito con un régimen heredero directo de la dictadura aún vigente y, por ello, sin legitimidad alguna para disponer de recursos naturales que, en buena teoría, son propiedad de todos los ciudadanos.
Recordemos que la gobernante actual es Delcy Rodríguez, impuesta como vicepresidenta por el defenestrado Nicolás Maduro. La acompañan en la cúpula otros repudiables personajes de la dictadura: Diosdado Cabello, ministro del Interior; Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional, y Gustavo González López, ministro de Defensa, quien antes dirigió la policía represiva.
A lo anterior se suma que la empresa concesionaria –North American Blue Energy Partners (Socios Norteamericanos de Energía Azul)–, aunque inscrita en Estados Unidos, es controlada por Alejandro Betancourt, un cuestionado empresario venezolano que se enriqueció al extremo mediante contratos con el régimen de Hugo Chávez. Es decir, tanto la oficialidad que avala el acuerdo como el principal actor privado encargado de hacerlo realidad en el país, hunden sus raíces –y quizá también sus prácticas– en la corrupción, el clientelismo y el desdén por la democracia.
Ante estas realidades, el arreglo petrolero podrá convertirse en un monumental obstáculo para la democracia, porque el interés de los actores, tanto en Caracas como en Washington, será mantener el statu quo.
Trump se ha referido a Delcy Rodríguez como la “altamente respetada presidenta interina”. El día 2 de este mes dijo que estaba haciendo un trabajo muy bueno y, en referencia a los venezolanos, declaró: “No creo que estén preparados todavía” para las elecciones, aunque agregó que quizá lo estarían “pronto”.
Un gobierno democrático, con un mandato asentado en la voluntad popular, sería un interlocutor mucho menos dócil que la camarilla gobernante actual, que se sostiene en el poder gracias al apoyo estadounidense. De ahí el poco entusiasmo por avanzar hacia elecciones.
Cualquier inversionista en su sano juicio entenderá que un acuerdo o contrato producto de un régimen ilegítimo genera enorme riesgo político. Por esto, el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido garantías a quienes inviertan en la compañía de Betancourt. Sin embargo, la posibilidad de que los demócratas lleguen a controlar una o ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio término traslada el riesgo de su revisión incluso a Estados Unidos.
Es decir, si bien el régimen espurio se allanó a cuestionable arreglo, solo uno democrático podrá garantizar su estabilidad, a partir de mejores términos. Esperamos que esto lo entienda la parte estadounidense.
Por lo pronto, la oposición democrática debe seguir insistiendo en acelerar el camino hacia las elecciones, como premisa indispensable para la democracia, el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la soberanía del país. Ninguna otra salida es aceptable en Venezuela.
