El acuerdo anunciado el viernes, casi ocho meses después de la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense, permite a Estados Unidos explotar 17 yacimientos venezolanos con un potencial de producción estimado en 65.000 millones de barriles.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió en enero, informó que el convenio dará ganancias de 209.000 millones de dólares en 25 años.
“Donald Trump: Usted negocia nuestro petróleo con los delincuentes que destruyeron a Venezuela”, reza un texto pegado sobre un cilindro de cartón pintado de negro, que simboliza un barril de petróleo.
Un trabajador de la industria petrolera que pidió anonimato en la protesta de unas 50 personas en Caracas fustigó: “Puede que la economía marche mejor, pero no sobre la sangre de los mismos venezolanos que todavía están detenidos injustamente”.
“¿Cuánto petróleo vale un preso político?”, cuestionaron los manifestantes vestidos con camisas blancas, mientras marchaban hacia el ministerio de Servicios Penitenciarios.
Rodríguez impulsó, bajo presión de Washington, una reforma petrolera que abre la industria al sector privado y una ley de amnistía para cientos de detenidos durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Maduro.
Aunque Rodríguez asegura haber liberado a 1.046 personas, la oenegé Foro Penal alerta que aún permanecen tras las rejas al menos 328 presos políticos.
“¿Y los acuerdos de los presos políticos para cuándo?”, protestó Lexi Sandoval, madre de Miguel Andrés Irigoyen, acusado por presuntamente participar en una trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto.
“Hay respuesta para todo, para el petróleo, para todo menos para los presos políticos”, criticó.
El gobierno venezolano anunció el mes pasado la excarcelación de 131 personas en el marco de un diálogo político, auspiciado por Estados Unidos, entre el gobierno interino y un sector de la oposición.
Oenegés pudieron verificar solo unas 80 de estas excarcelaciones.
La Casa Blanca afirmó el lunes, al informar sobre el acuerdo petrolero, que el proceso de diálogo entre gobierno y oposición permitió la “liberación de cientos de presos políticos”.
Los familiares exigen a Estados Unidos tomar en cuenta a los presos políticos.
“Nos sentimos engañados al ver cómo están negociando todo el petróleo de Venezuela”, afirmó Jessica Castro, sobrina de Gustavo Adolfo Hernández, acusado de participar en una fallida incursión marítima que según el gobierno buscaba derrocar a Maduro en 2020.
