EscucharUn 39% de las construcciones levantadas durante el primer semestre del año carece de permisos municipales según el informe elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), con base en la inspección a 1.262 proyectos en 51 cantones. El año pasado, el estudio abarcó 58 cantones y el resultado fue ligeramente inferior. Así ha venido sucediendo desde el 2015, cuando el Colegio rindió el primer informe.
Las edificaciones hechas a espaldas de las normas de la construcción no solo constituyen un riesgo por razones estructurales y precariedad de las instalaciones eléctricas, sino también por su ubicación, muchas veces en zonas no aptas para edificar debido a la inestabilidad del terreno, la proximidad de ríos y otros factores contemplados antes de conceder permisos.
La mayor parte de los 68.243 metros cuadrados ilícitos detectados este año son viviendas, pero también hay locales de uso comercial. Muchas son construcciones sencillas, cuyos propietarios prefieren arriesgar multas y órdenes de demolición para no dedicar tiempo a los trámites, contratar asesoría profesional, adquirir pólizas de seguros o pagar el canon municipal.
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La gran cantidad de construcciones al margen de la ley magnifica el impacto de los fenómenos naturales. Muchas se ubican en zonas de inundación, deslizamientos o sobre fallas del terreno. Los resultados quedan a la vista casi todos los inviernos cuando las lluvias arrasan viviendas a lo largo y ancho del territorio nacional.
La primera línea de defensa contra ese tipo de riesgo son las municipalidades. La concesión de permisos de construcción es, sobre todo, un acto de prevención. Un país como el nuestro, de altísima sismicidad, con un régimen de lluvias intenso y una topografía proclive a los deslizamientos no puede darse el lujo de carecer de la inspección adecuada.
No obstante, los gobiernos locales son los primeros en confesar la escasez de recursos para ejercer la supervisión y detectar obras ilegales. En eso el CFIA les concede razón pero, en todo caso, el fenómeno es tan común que es difícil comprender cómo pasan inadvertidas tantas construcciones ayunas de requisitos básicos.
La lucha contra la construcción ilegal debe comenzar por la simplificación de trámites y la diferenciación de requisitos para edificaciones simples y complejas. Un proceso expedito y costeable invitaría a los propietarios a ponerse a derecho, especialmente si el riesgo de ser detectado aumenta con la intensidad de la supervisión.
Un trámite complejo y caro, aunado a escasas posibilidades de ser detectado, solo puede resultar en el desorden imperante. Un estudio de las construcciones ilícitas en la primera década del siglo permitía calcular que el techo de al menos una cuarta parte de la población se erigió en ausencia de los permisos exigidos por ley.
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Muchas municipalidades intentan estimular el cumplimiento en beneficio de la seguridad. En buena parte de los concejos, es posible adelantar gestiones en línea, pero falta mucho por hacer. La tramitación de permisos de construcción no es una actividad de recaudación de recursos sino de prevención de desastres y garantía de la calidad de vida. Por eso el servicio debe brindarse al costo.
Una vez despejadas las barreras innecesarias para la construcción regular, las sanciones para quienes persistan en burlar la ley no deben hacerse esperar. Sin una alta probabilidad de castigo, la tentación del camino anómalo se sobrepondrá en demasiadas ocasiones, tratándose de asuntos de vida o muerte.
